Los republicanos que ahora controlan la Cámara pronto intentarán recortar la Seguridad Social y Medicare. Pretenden conseguirlo tomando como rehén a la economía con la amenaza de provocar una crisis financiera al negarse a elevar el techo de la deuda federal. Las preguntas interesantes son por qué quieren hacerlo, considerando que parece suicida desde el punto de vista político, y cómo responderán los demócratas.
Antes de adentrarme en las incógnitas, permítanme empezar señalando que el complot contra la red de seguridad social no es una teoría de la conspiración. La forma general del plan se ha difundido ampliamente durante meses. La aritmética también está clara: no es posible lograr grandes reducciones del déficit presupuestario, privando al mismo tiempo a Hacienda de los recursos necesarios para perseguir a los defraudadores fiscales, sin realizar importantes recortes en los programas sociales.
Y aparte de todo esto, ahora lo tenemos en negro sobre blanco. La CNN ha obtenido una captura de pantalla de una diapositiva presentada en la reunión republicana celebrada el pasado martes a puerta cerrada. El primer punto insta a equilibrar el presupuesto en 10 años, lo cual es matemáticamente imposible sin profundos recortes en la Seguridad Social, Medicare y Medicaid. El segundo pide reformas del “gasto obligatorio”, que, en jerga presupuestaria, quiere decir esos mismos programas. El último punto insta a negarse a elevar el límite de la deuda a menos que se cumplan las demandas anteriores.
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Así que el plan no es un misterio. Solo añadiría que si los republicanos intentan asegurar a los estadounidenses que ahora están jubilados que sus prestaciones no se verán afectadas, se trata de una promesa irrealizable si hablan en serio de equilibrar el presupuesto en una década.
Pero, ¿de dónde sale esta determinación de desmantelar programas fundamentales para más de 100 millones de estadounidenses? Al fin y al cabo, son servicios que gozan de enorme popularidad, incluso entre los votantes republicanos.
Es verdad que los que se identifican a sí mismos como republicanos se oponen con vehemencia al “socialismo”. Pero cuando en una encuesta de The Economist con YouGov se les preguntó qué programas consideraban socialistas, ninguno de los más caros pasó la prueba. ¿La Seguridad Social? No es socialista. Medicare tampoco es socialismo.
Por desgracia, la encuesta no preguntaba por Medicaid, un programa dirigido a los estadounidenses con rentas más bajas que muchos republicanos consideran una forma de “prestaciones sociales”.
Una de las razones por las que incluso los republicanos apoyan los principales sistemas de protección social puede ser que el apoyo del Partido Republicano procede en una proporción dominante de los votantes de más edad, y la mayor parte del gasto social de Estados Unidos se destina a los mayores. Esto es así lógicamente en el caso de la Seguridad Social y Medicare, que entran en vigor cuando se alcanza una edad mínima. Pero también lo es en el caso de Medicaid: la mayoría de sus beneficiarios son jóvenes, pero casi dos tercios del gasto se destinan a personas mayores y discapacitadas, muchas de las cuales viven en residencias.
La actitud de las bases republicanas parece ser, por tanto, que un gobierno intervencionista es malo, pero cuando vamos a lo concreto, que no te recorten a ti, que no me recorten a mí, que recorten a aquel tipo que pasaba por ahí. Lo cual significa que las prioridades de la nueva mayoría de la Cámara no coinciden en absoluto con las de sus propios votantes.
Y la historia nos enseña que los ataques a la red de seguridad tienen un alto precio político. El intento de George W. Bush de privatizar la Seguridad Social en 2005 seguramente desempeñó un papel en la toma del control del Congreso por parte de los demócratas en 2006, y el intento de Donald Trump de acabar con Obamacare contribuyó a que Nancy Pelosi recuperara la presidencia de la Cámara de Representantes en 2018.
¿De dónde viene entonces la presión? Ronald Reagan dejó la Casa Blanca hace 34 años, el actual Partido Republicano parece mucho menos movido por la ideología de un gobierno no intervencionista que por el deseo de librar una guerra cultural, y no existe necesariamente una conexión entre guerra cultural y economía de derechas. Por ejemplo, la Agrupación Nacional de Francia, que es contraria a la inmigración, ha adoptado una posición económica un tanto a la izquierda del Gobierno de Macron.
Digámoslo así: defender un Estado del bienestar para los blancos podría ser eficaz desde el punto de vista político, pero en Estados Unidos no se opta por ese camino.
Esto es lo que creo que está pasando: incluso ahora, muchos republicanos del Congreso, tal vez la mayoría, no son unos fanáticos de la guerra cultural. Son más bien arribistas que dependen, tanto para las contribuciones de campaña como para sus perspectivas profesionales tras abandonar el Congreso, de los mismos multimillonarios que han apoyado la ideología económica de derechas durante décadas. No plantarán cara a los chiflados ni a los adeptos de las teorías de la conspiración, pero su propio programa sigue consistiendo en recortar impuestos a los ricos y prestaciones a los pobres y a la clase media.
Y los guerreros de la cultura les siguen la corriente porque, en el fondo, no les interesa la esencia de la política.
No estoy completamente seguro de que este análisis sea acertado, pero todo indica que, en algún momento de este año, el Gobierno de Biden tendrá que hacer frente a un chantaje económico a gran escala, la amenaza de hacer que estalle la economía a menos que se destruya la red de seguridad. Y me preocupa que los demócratas todavía no se tomen esta amenaza lo bastante en serio.
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