Por: Brandon J. Celaya Torres
Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation Entertainment enfrentan una demanda colectiva en Estados Unidos por presuntamente incurrir en monopolización y prácticas que restringen la competencia, resultando en el cobro de tarifas abusivas a los consumidores en la compra de boletos para eventos en vivo.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, bajo la dirección del juez George H. Wu, certificó preliminarmente el viernes 12 de diciembre la demanda colectiva presentada por consumidores en contra de los gigantes del entretenimiento.
La demanda, de la cual Aristegui Noticias tiene copia, acusa que Live Nation Entertainment y Ticketmaster han violado las Secciones 1 y 2 de la Ley Sherman– la cual prohíbe prácticas comerciales anticompetitivas- al participar en un esquema diseñado para monopolizar o intentar monopolizar los mercados de servicios de venta de boletos primarios y secundarios, así como los servicios de promoción de conciertos para los principales recintos de música en vivo en los Estados Unidos.
Este proceso legal se suma a la acción emprendida en 2024 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Live Nation y que expone un mecanismo de monopolización de los mercados de servicios de venta de entradas primarias.
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Tal como se vio en el reportaje Ocesa y Ticketmaster: la sombra del monopolio sobre los espectáculos , el Departamento de Justicia alega que la monopolización se habría mantenido a través de conductas de exclusión como amenazas directas e indirectas a los recintos para que no trabajen con otras empresas de venta de entradas, represalias contra recintos que contratan con rivales, y el uso de contratos de exclusividad a largo plazo.
Adicional a esto, una coalición liderada por la Comisión Federal de Comercio y siete estados de EE.UU. presentó en septiembre de este año una demanda contra Live Nation Entertainment y su subsidiaria Ticketmaster acusándolas de participar en tácticas ilegales de reventa de boletos, así como de engaños a artistas y consumidores acerca del precio y límites de entradas para eventos.
Por su parte, la demanda colectiva señala que Ticketmaster tiene una cuota de mercado que supera el 70% en la venta de boletos primarios para grandes recintos, alcanzada en parte mediante acuerdos de exclusividad a largo plazo y posibles tácticas anticompetitivas.
La falta de competencia permite a Ticketmaster, según la alegación, cobrar tarifas que pueden aumentar el costo total del boleto para el consumidor entre un 20% y un 80% sobre el valor nominal. Los demandantes señalan que estas tarifas son más altas en eventos donde Ticketmaster tiene exclusividad, por ejemplo conciertos, en comparación con eventos donde no la tiene, como serían los deportes en Estados Unidos.
Además, los demandantes sostienen que Live Nation está buscando extender su poder al mercado de boletos secundarios, o de reventa, al restringir la transferibilidad de entradas.
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El uso de tecnología como “SafeTix” limitaría la capacidad de los compradores primarios para transferir boletos, obligándolos a revender a través de la plataforma secundaria de Ticketmaster. A esto se suma que Ticketmaster estaría usando su “licencia condicional” para forzar a grandes revendedores de boletos (brokers) a utilizar exclusivamente la plataforma secundaria a cambio de acceso a boletos primarios.
La demanda también acusa que Live Nation y Ticketmaster amenazan con retener o desviar giras promovidas por ellos mismos si el recinto no selecciona a Ticketmaster como su proveedor exclusivo de boletos primarios.
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El Departamento de Justicia (DOJ) reveló previamente que los demandados violaron un decreto de consentimiento de 2010 con este tipo de prácticas, lo que llevó a la extensión del decreto.
¿Qué responden Live Nation y Ticketmaster?
La defensa de Live Nation Entertainment y Ticketmaster se ha articulado principalmente en dos frentes procesales: oponerse a la certificación de la demanda colectiva y, al mismo tiempo, afirmar la obligatoriedad de sus cláusulas de arbitraje individual, argumentando que las disputas deben resolverse fuera del tribunal.
En sus argumentos, los demandados se enfocaron en la supuesta debilidad de la definición de los demandantes respecto al mercado geográfico y la capacidad de estos para demostrar un impacto a nivel colectivo para sus reclamos antimonopolio. La defensa buscó demostrar que la metodología del experto de la parte demandante contenía fallas. Sin embargo, el Tribunal concluyó que los materiales de los acusadores son una base suficiente para admitir la demanda colectiva.
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Ambas compañías dijeron que los problemas relacionados con las entradas vendidas para 1,000 recintos hacían imposible llevar a cabo un solo juicio sobre las alegaciones de los demandantes, por lo que solicitaron se negara la naturaleza colectiva de la demanda.
Live Nation afirmó además que son los recintos, y no Ticketmaster, quienes establecen las tarifas pagadas por los aficionados, a menudo basándose en cada espectáculo de forma individual.
La demanda colectiva fue presentada inicialmente el 4 de enero de 2022. Tal como reportó Reuters, en octubre de este año, la Corte Suprema de los EE. UU. rechazó una petición de Live Nation y Ticketmaster para trasladar la demanda fuera del tribunal federal hacia un arbitraje privado.
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El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California fijó una conferencia de programación para el 15 de enero de 2026.
Conoce más sobre las acusaciones contra Ocesa y Ticketmaster en este video: