La reactivación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, conocido informalmente como ‘Quédate en México’, se reactivó por un mandato judicial y no fue una decisión expresa de la administración del presidente Joe Biden.
“No es nuestra preferencia volver a implementar y restablecer el Protocolo”, declaró la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, refiriéndose al controvertido programa fronterizo de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias migratorias.
El pasado jueves el gobierno de Estados Unidos anunció que la reactivación del MPP será acompañada de medidas para abordar las preocupaciones de México respecto del programa, incluyendo el ofrecimiento de vacunas contra el Covid-19 a los migrantes y eximir a más categorías de personas consideradas vulnerables.
“Estamos absolutamente comprometidos a hacer todo lo que podamos, como nos exige una orden judicial, para asegurarnos de que estamos incluyendo consideraciones humanitarias adicionales y brindando la asistencia que les hemos prometido a las personas que están participando en el programa”, declaró la vocera de la Casa Blanca.
A pesar de que se implementarán una serie de cambios desde el Departamento de Seguridad Nacional para mejorar la asistencia a los migrantes, Psaki afirmó que el gobierno de Estados Unidos considera “que el programa es ineficiente e inhumano, y no lo volvimos a implementar con entusiasmo”.
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El presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, puso fin a esa política poco después de su toma de posesión en enero, pero un juez federal determinó que la revocación no siguió el procedimiento adecuado y en agosto ordenó su restablecimiento.
La medida fue una piedra angular de las políticas de inmigración de línea dura del expresidente Donald Trump y envió a decenas de miles de personas que entraron por la frontera con Estados Unidos de vuelta a México para esperar meses -hasta años- para presentar sus casos en salas de tribunal improvisadas.
Grupos de defensa de los derechos humanos aducen que el MPP pone en riesgo a los migrantes porque implica que sean enviados a estados del norte de México con altos índices de violencia y fuerte presencia de traficantes de personas.
Durante su participación en Aristegui en Vivo, Jeremy MacGillivray, jefe adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones en México, lamentó la reactivación del programa, y señaló que se puede generar confusión pues sigue activo el título 42, que permite expulsar de inmediato a cualquier persona que ingrese al país sin autorización para evitar la propagación del coronavirus.
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Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que la situación de las personas migrantes en Tapachula, Chiapas, ha llegado a tomar una “dimensión y complejidad alarmantes”.
“Además del hacinamiento, demora en los trámites de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y visa humanitaria, hostigamientos y abusos de parte de autoridades locales y federales, ahora se ha sumado la desesperación y los brotes de violencia de ellos, como respuesta a tantas promesas incumplidas de parte del gobierno federal”, expuso el CEM.
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