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El Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que representa un importante avance para España en una de las cuestiones de mayor trascendencia de nuestro tiempo. La normativa podría haber sido más ambiciosa en cuanto a objetivos y quedan flancos —la fiscalidad verde— que habrá que abordar en otras iniciativas. Pero, en conjunto, la ley salda una deuda con un retraso muy grave y encarrila al país en la dirección adecuada. La aprobación de esta norma en una materia tan importante es una circunstancia que invita a una reflexión sobre el estado del parlamentarismo español, intentando sortear la polvareda que levanta el tumultuoso momento de la política en este país.
Debe en primer lugar subrayarse que la heterogénea mayoría parlamentaria de esta legislatura ha logrado la aprobación de un ya consistente paquete de reformas. Esta constelación de partidos, calificada en términos lamentablemente despectivos por la derecha, no es otra cosa que la representación política de la mayoría de la sociedad española. En el Congreso, soberano hasta que otras elecciones cambien su configuración, los partidos de centroderecha representan un 42% de los votos. Los demás son el principal sostén —al que a veces se han sumado los grupos de centroderecha— de un conjunto de medidas que, además de los presupuestos, incluyen la ley de eutanasia (un indudable avance civil que algunos de los que se proclaman liberales en cuestión de apertura de los bares rechazaron delatando sus instintos profundamente conservadores); la ley de protección de la infancia; la del ingreso mínimo vital; o la de educación (que, aunque objeto de una comprensible polémica en su apartado lingüístico, promueve importantes mejoras, por ejemplo en el terreno de la segregación socioeconómica). Algunos de los partidos de la constelación que han apoyado estas reformas mantienen posiciones que este periódico considera inaceptables. Las reformas, en sí mismas, tienen aspectos discutibles. Su ejecución está por evaluar. Pero, en conjunto, representan un claro impulso de progreso para la sociedad española. El ruido de la política espectáculo y de los rencores acumulados no debería ocultarlo.
Estos activos no excluyen importantes deficiencias en la relación del Gobierno con el Legislativo. La gestación del plan de recuperación con fondos europeos encarna bien los aspectos deficitarios. Si bien corresponde al Ejecutivo perfilar la estrategia de inversiones y reformas, un proyecto de semejante calado requería un mucho mayor nivel de engarce con el Parlamento, como sede natural de representación de las fuerzas políticas. Fue un error no buscarlo. La gestión ordinaria, por otra parte, también exhibe una insatisfactoria tendencia a recurrir a la gestación de las iniciativas en sede gubernamental, para aterrizarlas en el Parlamento solo a última hora, en una manera de proceder que dista de lo ideal. Esto ha deparado alguna desagradable sorpresa, forzando grandes concesiones por la situación de urgencia, y en definitiva comprime el papel del Legislativo de una forma cuestionable.
La oposición, por su parte, tiene una destacada responsabilidad en el deterioro del parlamentarismo español. El PP de Pablo Casado vive instalado en una oposición radical que muy a menudo parece anteponer los intereses del partido a los del conjunto de la nación. En todo caso, brilla por su escasez la actitud constructiva. En la forma, la instrumentalización de temas sensibles y la ligereza con la que se recurre a la retórica incendiaria causan semana tras semana un hondo daño.
España tiene por delante una trascendental etapa de reformas, como ha subrayado ayer el Banco de España. Visto el panorama, resulta casi ingenuo esperar que pueda haber una cooperación constructiva entre las fuerzas políticas parlamentarias. Otros países —incluso algunos con políticas conflictivas como Italia— lo logran. Aquí parece imposible. No estaría mal empezar al menos por elevar al Parlamento con una pugna más noble.
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