Por Alberto Vizcarra Ozuna
“Ustedes firmen, luego vemos de dónde sacamos el agua”, es la consigna con la que los directivos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), se dirigen a las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui, admitiendo que los casi 700 millones de metros cúbicos que les ofrecen, junto a la transferencia del Distrito de Riego 018, no están disponibles. La oferta es a cambio de que la tribu termine por aceptar que las aguas del Río Yaqui tomen otro destino y otro uso con la operación ilegal del Acueducto Independencia; consentimiento que terminaría por darle un golpe mortal al decreto de Lázaro Cárdenas que protege a la etnia y a las actividades productivas del sur de Sonora.
El derecho de la tribu a ampliar su zona de riego, como el de los productores del Valle del Yaqui a poder realizar en forma regular los segundos cultivos, es legítimo e indiscutible, además de necesario para mantener e incrementar la producción de granos básicos. Hacer valer esos derechos reclama que el gobierno rompa con la absurda postergación que le ha dado a la política de gestión de más agua por medio de la tecnología de la desalación y de proyectos de infraestructura de gran envergadura como el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO).
La secuencia sexenal de las políticas económicas neoliberales, durante los últimos 30 años, despreció la producción nacional de granos básicos y por lo mismo desestimó la importancia estratégica de aquellos proyectos de infraestructura que le pueden dar al país mayor capacidad de gestión y almacenamiento de agua dulce y con ello la posibilidad real de ampliar la frontera agrícola. El largo estancamiento en la gestión de más agua, no detuvo el crecimiento en la demanda. Hemos llegado al punto crítico en el que la demanda rebasa con mucho a la disponibilidad.
Pero los directivos del INPI son indolentes ante estas realidades. No muestran responsabilidad en la solución de los problemas. Están entrenados en el ejercicio de la mentira y parecen presumirlo como habilidad. Ellos saben que la Cuenca del Río Yaqui no cuenta con ningún excedente, está concesionada a los usuarios de los pueblos rivereños, a las actividades mineras, a la misma etnia, a los productores rurales del Valle del Yaqui y a los municipios que se benefician de su agua en la parte baja de la cuenca. Saben también que estas concesiones tienen comprometida toda la disponibilidad de los escurrimientos anuales del Río Yaqui; concesiones cuya asignación de volúmenes no se han podido cumplir cabalmente, para el caso del Valle del Yaqui, a consecuencia de las sequías de los últimos años y por las extracciones ilegales del Acueducto Independencia.
Antes de la promesa de estos 700 millones de metros cúbicos, el INPI le había hecho la oferta a la tribu de entregarle mil 500 millones de metros cúbicos anuales, además de construirles un acueducto desde la presa del Oviachic para llevarles agua potable. Con la pretensión de darle crédito a estas promesas trajeron a la directora nacional de Conagua, quien entonces no tuvo empacho en endosar lo prometido. Ahora el proyecto de llevarles agua potable desapareció, y la oferta de agua para riego agrícola se redujo a la mitad. En ambos casos, las promesas son falsas, lo único que se mantiene en firme es la exigencia de que acepten la imposición del Acueducto Independencia.
Es evidente que tales funcionarios carecen de la inteligencia para medir las consecuencias de lo que hacen. Como si el caos que padecemos en la región, en el territorio yaqui y en el país, ocupara de coadyuvantes. Suponen inteligencia al tratar de transferir el conflicto por el agua al sur de Sonora para sabotear la unidad social en contra del acueducto y por una política de gestión de más agua. Siendo gobierno, se convierten en el problema y empujan al presidente de la república a un callejón sin salida.
Ciudad Obregón, Sonora 24 de agosto de 2021
Alberto Vizcarra Ozuna, coordinador del Movimiento Ciudadano por el Agua
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