ORLANDO, Florida. – Tanto asociaciones comunitarias como negocios independientes en Florida se preparan para realizar un paro en sus labores el 1 de junio como muestra de su oposición a las políticas migratorias del estado impulsadas por el gobernador Ron DeSantis.
Por medio de las redes sociales y de comunicados oficiales, organizaciones se han unido al llamado boicot contra la SB 1718, una medida llamada por sus opositores como la ley antinmigrante en Florida y que estaría entrando en vigor a partir del 1 de julio del 2023.
“Este negocio estará cerrado en apoyo a la comunidad. No consumir, no trabajar, llamar a los representantes que votaron a favor de la nueva ley migratoria y exijan que revoquen la ley”, lee una publicación de Farmwokers Association of Florida.
La Coalición de Inmigrantes en Florida, Hope Community Center, el restaurante Las Cazuelas, entre otros, ya han dicho que cesarán labores el 1 de junio.
¿Qué es la SB 1718?
La SB 1718 es una ley migratoria que entrará en vigor el 1 de julio en Florida.
- Requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.
- Obliga a los hospitales que aceptan el seguro publico Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.
- Hace que el transporte de personas al estado de Florida sin un estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
- Prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes sin un estatus migratorio regulado.
- -Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes sin documentos.
- -Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio.
- – Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
- Asigna $12 millones para el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
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