El Partido Popular ha hecho por fin pública su propuesta de plan de medidas económicas para hacer frente a la crisis generada por la guerra de Ucrania. Se trata de un cambio de orientación en la reciente política económica del PP, que combinaba una errática posición de enmienda a la totalidad con propuestas incoherentes e incluso ilusorias, fruto ambas de la ausencia de ideas y de proyecto. No es este el caso. El plan remitido por Núñez Feijóo al presidente Pedro Sánchez, junto una carta personal, ha contado con la contribución “de decenas de personas de la sociedad civil”, y es en esencia un documento que incluye una batería de medidas coherente, estructurada y razonada, aunque no siempre razonable: hay que lamentar que no lo sea precisamente su propuesta principal, la reducción de impuestos. Aspira a ofrecer, según la carta al presidente, medidas para “modificar un rumbo equivocado”.
El plan propone varias líneas de actuación, entre las cuales hay muchas con las que es difícil no coincidir. El fortalecimiento de la división de evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o la puesta en marcha de un plan de eficiencia en el gasto público son todas ellas medidas que, pese a su poca concreción, avanzan en la dirección correcta en materia de gasto público. Es este apartado el único en que el documento se refiere a esa materia, y es el ámbito en el que más fácilmente se podría llegar a un acuerdo. Otras reformas dirigidas a mejorar la creación de empresas y la competencia de los mercados deberían ser también tomadas en consideración.
Más espinosa resulta su propuesta de modificar el Plan de Recuperación, un procedimiento largo y tortuoso, para incorporar bonificaciones fiscales en vez de subvenciones. Aunque el plan español ya contempla incentivos fiscales dirigidos a promover la eficiencia energética, la propuesta popular implica ampliarlos a otros campos de inversión empresarial, como la digitalización o la formación, que necesitarían mucha más concreción y detalle, y que serían efectivos ya en 2023, con la crisis en fase de retirada.
Con todo, el corazón del documento, y lo único que tendría una aplicación directa e inmediata, es precisamente aquello en lo que es más difícil el acuerdo, esto es, la propuesta de bajadas de impuestos directos e indirectos. El recurso a la bajada de impuestos, salvo en casos muy específicos, es una medida regresiva e inadecuada que ha sido expresamente desaconsejada por el Fondo Monetario Internacional, al poner más dinero en circulación y hacer crecer aún más la inflación, especialmente en un escenario en el que ya está muy alta por restricciones de la oferta. La propuesta, además, debilita nuestras cuentas públicas, en un país con un alto déficit público y una abultada deuda. La mayor recaudación lograda en 2022 no debería destinarse a un mayor gasto público (que en algunos casos crecerá, al aumentar sus costes también por culpa de los precios) o a reducciones generales de impuestos, sino a apoyar a quienes se hallan en situaciones más difíciles, en primer lugar, y a avanzar, en la medida de lo posible, hacia una reducción del déficit público que España necesitará imperiosamente acometer.
Aun con estas fallas, el Gobierno debe tomarse en serio el tránsito del PP desde el simple insulto y la descalificación a la explicitación de propuestas. Para negociar o acordar algunas de ellas o bien para explicar su discrepancia con otras. La respuesta no puede ser el silencio o el rechazo de plano. Cuando se reclaman acuerdos, hay que explicar por qué se producen o por qué no se llega a ellos.
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