Julia Álvarez Icaza, abogada del equipo jurídico de Demanda Colectiva Maíz, aseguró que el proyecto de sentencia del magistrado Ricardo Gallardo Vara, que propone amparar a Monsanto contra el decreto que prohíbe el glifosato, desestima más de 200 estudios sobre sus efectos negativos para la salud, así como que el herbicida sea un posible generador de cáncer.
“Es una clara tendencia a que sólo valora las pruebas y los argumentos que aporta la agroindustria, al grado de que desestima lo que dice la OMS (Organización Mundial de la Salud), que es el órgano internacional facultado para hablar en materia de derecho a la salud”, aseguró en Aristegui En Vivo.
“Y específicamente de IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer), que es el instituto encargado de ver todos los temas relacionados con el cáncer, donde dice que el glifosato es un posible cancerígeno. A ese nivel llegar el proyecto del magistrado”, agregó.
El 31 de diciembre del 2022, se publicó un decreto presidencial en el que se estableció reducir gradualmente el glifosato hasta su eliminación en enero de 2024.
Foto: Archivo Pexels
Tras su publicación, más de 37 juicios de amparo fueron interpuestos por trasnacionales y agroempresarios, resultando favorables únicamente el de Monsanto y Velsimex, donde el primero se resolverá este 15 de noviembre.
Posteriormente, el 13 de febrero del 2023, fue publicado otro decreto en el que se especificó que México seguirá prohibiendo el uso de maíz transgénico para consumo humano, como harina, masa o tortilla y confirma que el uso de glifosato será eliminado en el 2024.
Este nuevo decreto suma 6 juicios de amparo, así como el rechazo de Estados Unidos y Canadá, que han alegado que esta decisión no se basa en ciencia y viola sus compromisos en el T-MEC, en marcha desde 2020.
Respecto al amparo presentado por Monsanto, Álvarez explicó que el proyecto se especifica que el decreto del 2020 supera el estándar de razonabilidad, en tanto que no justifica adecuadamente la necesidad de medidas que se pretenden utilizar en cuanto al uso de maíz transgénico y glifosato.
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“Lo que intenta es dejar sin efectos (el decreto) y además generar una discusión pública en donde Monsanto intenta desestimar todas las implicaciones en términos de salud en términos de medio ambiente que puede y podría tener el uso de glifosato y el maíz transgénico en nuestro país”, sostuvo.
“Enumera una serie de pruebas de estudios y desestima los más de 200 estudios que ha aportado el Conahcyt, entre otros órganos facultados para hacerlo, que nosotros también hemos aportado en el juicio y ni siquiera los estima”, agregó.
Además, añadió que la intención de la agroindustria es importar glifosato a gran escala, sin ningún control y desmedidamente, hasta contaminar todo México, el medio ambiente y la salud de las personas.
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El interés de Demanda Colectiva Maíz en el tema
La abogada aseguró que Demanda Colectiva Maíz representa a todas y todos los mexicanos en temas relacionados con el maíz transgénico, ya que la Corte les otorgó el carácter de colectividad certificada en la materia, por lo que desde que supieron del amparo de Monsanto en el 2021 solicitaron ser terceros involucrados, una figura que les permite dar argumentos y elementos de prueba, sin embargo, no se les permitió.
“Hoy nos enteramos que, pese a lo que nos habían dicho desde hace 2 años de que no iban a resolver sobre maíz transgénico y que por eso nosotros no teníamos interés jurídico en la materia, porque no era una litis que nos competía, hoy lo que conocemos, por el proyecto que sí es público, es que sí van a resolver sobre maíz transgénico”.
Álvarez hizo un llamado a las autoridades que resolverán el tema, ya que argumentó que no pueden resolver sobre el maíz transgénico sin haberles llamado a juicio y sin haber reconocido su el carácter de terceros interesados.
“No es posible que estos tres magistrados resuelvan sin que nosotros, como colectividad del maíz, que además representamos, y eso está dicho por la suprema corte, representamos a todas y todos los mexicanos (…) estemos”.
Aseguró que si el cuarto tribunal colegiado aprueba el amparo se dejaría un precedente fatal que se abonaría a la controversial internacional con el T-MEC y provocaría que las importaciones de glifosato, que quedaron frenadas con el decreto presidencial de 2020, que se intentaron hacer cuando la prohibición tenía vigencia serían legales.
Ve la entrevista completa:
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