La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, por seis votos frente a tres, la creación de una comisión de investigación sobre los supuestos vínculos de los Gobiernos del presidente socialista Felipe González con la trama de terrorismo de Estado de los GAL. Unidas Podemos, con sus tres representantes, se ha quedado solo en la Mesa frente al bloque formado en este caso por PSOE, PP e incluso Vox. Desde Podemos y otros partidos, como el PNV, Más País, Compromís y EH Bildu, se ha cuestionado esa actitud de la Mesa sobre todo cuando los letrados no habían puesto impedimentos jurídicos a esa investigación. El PSOE sostiene que aquella etapa de los GAL ya fue suficientemente juzgada.
Esta nueva propuesta para investigar en el Congreso la época en la que actuaron los GAL la registraron conjuntamente en esta ocasión algunos de los portavoces de partidos que arroparon con sus votos primero la moción de censura que llevó al socialista Pedro Sánchez a La Moncloa y luego su investidura tras las elecciones del pasado noviembre como el PNV, ERC o BNG. Entre los firmantes estaban el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; el del PNV, Aitor Esteban y los de JuntsxCat, Laura Borràs; EH-Bildu, Mertxe Aizpurua; la CUP, Mireia Vehí; y el BNG, Néstor Rego. Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron una trama parapolicial que practicó entre 1983 y 1987 lo que se consideró y sentenció como terrorismo de Estado contra ETA con implicaciones en altos cargos del Ministerio del Interior de aquella época.
En la Mesa los argumentos han sido reiterados. Desde Unidas Podemos, sus representantes ―este martes solo dos presentes en gran parte de la reunión ante la ausencia del miembro de Podem, Gerardo Pisarello, que sin embargo ha sido el que ha dado luego una rueda de prensa― han insistido en la idea de que ese órgano de Gobierno del Parlamento no debía tener las competencias para valorar políticamente la creación de la comisión y que debía de dejarse esa decisión para el pleno. No ha habido lugar. PSOE, PP y Vox han votado en contra.
Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, ha reiterado las posiciones de su grupo ya avanzadas la semana pasada y ha reafirmado que seguirán así en el futuro ante nuevos intentos ya proclamados de volver a llevar el mismo asunto al Congreso: “No sorprendemos a nadie. Son asuntos que ya están investigados, juzgados y condenados hace más de 20 años y en el informe declasificado de la CIA ahora no hay información nueva ni relevante si no noticias recogidas por los medios. El PSOE condena el terrorismo de los GAL y cualquier tipo de terrorismo”.
El PP no apareció este martes en la sala de prensa del Congreso, porque reservaba todo el foco de atención para Pablo Casado y su pronunciamiento sobre el decreto de nueva normalidad, pero en la Mesa votó con el PSOE y resultó curioso que los argumentos esgrimidos por la dirigente socialista fueran casi calcados a los que expresaron más tarde el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal. Eso sí, Espinosa aclaró que Vox no defiende tanto a González, del que ensalzó su labor en la transición, su respaldo a la Monarquía y su desmarque del marxismo, como su propio interés porque algunos grupos, en alusión a Podemos y los partidos nacionalistas, no sigan erosionando y socavando todo lo logrado por el régimen de la Constitución de 1978. Bal, exabogado del Estado, incidió en la importancia de que el asunto ya esté juzgado y desafió a Bildu, uno de los partidos proponentes de la comisión, a que mejor impulse que se indague sobre los más de 300 asesinatos cometidos por ETA aún por resolver.
Tanto el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, como el de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, se mostraron a favor de que la comisión sobre González y los GAL se cree porque dicen preconizar una mayor transparencia de aquella época, se agarraron a que los servicios jurídicos de la Cámara no la rechazan y a que ellos siempre respaldan ese tipo de comisiones y la ligaron bastante directamente a sus intereses políticos actuales para que se permita también la comisión de investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I y sus presuntas relaciones para la construcción del AVE a la Meca.
En el escrito tramitado por los grupos que proponían la comisión se hacían eco de unos recientes informes desclasificados por la CIA, publicados por el diario La Razón y redactados en 1984 bajo el título de “España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental”. En los documentos se apunta directamente a los Gobiernos de Felipe González por su implicación del montaje de esa guerra sucia contra ETA. Los GAL llegaron a perpetrar “27 asesinatos, decenas de heridos, secuestros, extorsiones y torturas”, según recuerdan ahora los proponentes. Lastra, sin embargo, desafió a leer los párrafos de ese informe de la CIA para señalar que ni señalan a González ni son más que meras copias de informaciones periodísticas.
Los partidos firmantes reclamaban que la decisión sobre si el Congreso debía crear esa comisión la tendría que decidir el pleno de la Cámara baja tras su aceptación y tramitación por la Mesa, que la comisión debería trabajar durante seis meses prorrogables para llegar a sus conclusiones y que para llegar a ese punto se tendrían que aceptar una serie de comparecencias tanto de políticos como de expertos en distintos ámbitos. En la mayoría de la documentación que los partidos avanzan que requerirían para su estudio se cita el nombre de Felipe González para conocer su presunta implicación en aquellos hechos pero ninguno adelanta si llamaría a declarar al expresidente.
El Congreso de los Diputados ya rechazó una petición de una comisión de investigación sobre los GAL en octubre de 1995 por una apretada votación. Unos días más tarde, sin embargo, sí salió adelante en el Senado, pero nunca llegó a aprobar un informe final de conclusiones aunque sí determinó que había habido una participación de fondos y cargos públicos en el montaje de esa trama que después establecieron los jueces en varios juicios y sentencias sobre el caso. A partir de la llegada al poder de José María Aznar, cargos socialistas encabezados por Felipe González reclamaron la liberación de los máximos responsables en aquella etapa en el Ministerio del Interior, el secretario de Estado Rafael Vera y el exministro José Barrionuevo, condenados por el caso Marey, y finalmente el Gobierno de Aznar les concedió el indulto parcial en 1998.
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