”Nosotros no hacemos oposición al Gobierno”, se defendió este martes sin que nadie le hubiese preguntado al respecto Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso y secretario general de Izquierda Unida. Y lo hizo para sostener que en el caso de su propuesta para reformar en el Código Penal algunos artículos sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo o de ultraje a la corona su formación sí había cumplido “escrupulosamente” el protocolo de coordinación acordado a finales de enero en una reunión discreta con su socio de Gobierno, el PSOE. Aquella cita se concertó para evitar las “pequeñas disfunciones” que se evidencian desde que comenzó 2021 entre los dos partidos a la hora de apropiarse “unilateralmente” de algunas iniciativas legales y parlamentarias. Esos desmarques comenzaron tras la aprobación en diciembre del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, que debería haber dado estabilidad al Gobierno. La justificación ahora es la incierta campaña electoral catalana.
El acuerdo de PSOE-Unidas Podemos para un Gobierno de coalición, íntegro
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, el catalán Jaume Asens, fue capaz así en la misma conferencia de prensa de confesar que acababa de expresar al PSOE su “preocupación” por el impulso “unilateral” de la llamada ley Zerolo sobre la igualdad de trato, y sobre la que aguardaba una rectificación de ese comportamiento, y a continuación afirmar que existía “coordinación plena” en el trabajo de ambas formaciones. En privado, fuentes de la dirección del PSOE y Unidas Podemos solo hablan ya de permanentes “deslealtades” y se lanzan avisos y mensajes a través de los medios.
En aquella reunión de coordinación entre los socios del 27 de enero pasado se escucharon duros reproches y ambas partes quedaron en reactivar tres interlocuciones bilaterales entre dirigentes a distintos niveles y utilizar la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes para canalizar sus intereses e informar de sus prioridades legislativas en el parlamento. El método no se ha mostrado exitoso a las primeras de cambio.
El ejemplo de los cambios que se pretenden ahora en el Código Penal para proteger más la libertad de expresión, especialmente tras la presión ejercida por numerosos personajes públicos con el caso del rapero Pablo Hásel, es el manual perfecto de cómo los dos socios en el Ejecutivo se miran en el Congreso con desconfianza y mucho más que de reojo.
Asens y Santiago se afanaron por explicar este martes en el Congreso que Unidas Podemos ya registró una proposición para eliminar esos delitos del Código Penal en marzo de 2018, que luego decayó por las citas electorales, y que retomaron en febrero de 2020, cuando se tuvo que relegar de nuevo por las urgencias de la pandemia. Pese a ello, La Moncloa informó sin conocimiento de Podemos a las 21.00 del lunes de que el Ministerio de Justicia “planeaba” revisar ese articulado. Los dos dirigentes de Podemos se “alegraron” de esa buena disposición ahora de Justicia, pero registraron por su cuenta y sin el PSOE su proposición de ley y vaticinaron que en su día saldrá entonces con mucho respaldo.
Asens aprovechó, además, para revelar su “sorpresa” y “preocupación” al haberse enterado este martes, al llegar a la Junta de Portavoces del Congreso, de que el PSOE llevará a debate en el pleno de la semana que viene la denominada ley Zerolo para la igualdad de trato y la no discriminación. Cuando vio el asunto ya en el orden del día llamó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, para informarla. Y dejó caer que espera que ese proyecto no pretenda “bloquear” la ley de Libertad Sexual o la ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans que prepara el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero. En Podemos apuntan con recelo ahí tanto al Ministerio de Justicia como al PSC, al que Asens acusó de albergar en su filas a miembros de la antigua Unió Democrática que se oponen a esas normas.
Desde el PSOE en el Congreso prefieren obviar esas evidentes diferencias y apuran su calendario para “consolidar el escudo social frente a la crisis y el esfuerzo del Gobierno para que nadie quede atrás como ocurrió en la anterior crisis que pagaron los más débiles”, según indicó este martes Rafael Simancas, el secretario general del grupo. Defienden que alertaron hace semanas a Podemos de que usarían sus cupos legislativos para llevar adelante esos proyectos y es lo que han hecho.
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