La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este jueves una recomendación general a las autoridades mexicanas por el caso de espionaje relacionado con el software Pegasus y alertó que existe un riesgo grave de un posible ejercicio abusivo de las facultades previstas en la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Militar de Procedimientos Penales.
Asegura que la redacción actual de estas normas facilita a las autoridades el uso de tecnologías de espionaje tan avanzadas como Pegasus, ya que es susceptible de una interpretación subjetiva para justificar, con el discurso de seguridad nacional o investigación de delitos graves, el uso irrestricto de este tipo de tecnología.
Con base en esto, la CNDH solicita a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo que se realicen las adiciones o modificaciones del marco jurídico actual sobre intervención de comunicaciones privadas, considerando que se evite el uso de términos generales, abiertos y ambiguos, respecto a los actos que pueden ser considerados amenazas a la seguridad nacional.
Pidió que se establezcan procedimientos que incorporen criterios claros e inequívocos sobre la elección, adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos.
De igual forma, solicita que se prevea la responsabilidad de las empresas que desarrollen y comercialicen tales tecnologías en aquellos casos en que sus actividades puedan ocasionar violaciones a derechos humanos como consecuencia de las operaciones, productos o servicios que realicen.
CNDH explica que la recomendación se emite ante la ausencia de regulación jurídica para la adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos de personas en territorio nacional: su impacto en la libertad de expresión, el derecho a defender los derechos humanos y su vinculación al deber de cuidado a cargo del Estado mexicano.
Luego de una serie de ataques informáticos entre 2015 y 2016, un grupo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, presentaron una queja en la que puntualizan haber sido objeto de vigilancia vía teléfonos celulares, a través de mensajes de texto “maliciosos” a través del software Pegasus. Las víctimas han argumentado que tales ataques fueron dirigidos por el gobierno del entonces presidente, Enrique Peña Nieto.
La comisión agrega que partiendo de dicha queja, “analizó la investigación relativa a la presunta intervención de las comunicaciones privadas referidas, así como las normas legales que facultan a las autoridades para utilizar sistemas como Pegasus para intervenir teléfonos y otros dispositivos electrónicos“.
La Recomendación General 47/2022 está dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila; al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna; a la presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo, Imelda Castro Castro; a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
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