Pasará de 2 a 9 años de prisión la persona que “expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes”.
Luego de que el pasado 15 de octubre fueran aprobados por el Congreso los cambios legales contra los factureros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes dichas modificaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2020.
La legislación tipifica como delincuencia organizada la compra y la venta de facturas para amparar operaciones fiscales inexistentes.
La SHCP emitió el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Las modificaciones buscan frenar esta problemática que conduce a evadir hasta 500 mil millones de pesos en impuestos, de acuerdo con las autoridades federales.
El documento destaca que la ley establece una sanción de “dos a nueve años de prisión a quien por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
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También serán sancionados con las mismas penas al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales ilegales.
Señala que cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones éste será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.
Ello porque la nueva ley considera como delitos el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos y, por tanto, ameritarán prisión preventiva oficiosa.
Una vez que entre en vigor el presente decreto quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias al mismo. Sin embargo, las conductas cometidas antes de la entrada en vigor de esta resolución continuarán siendo investigadas, juzgadas y sentenciadas, mediante la aplicación de dichos preceptos.
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