Norma Jiménez, víctima de tortura sexual en Atenco, espera que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumpla con la resolución judicial que la obliga a entregarle a las autoridades federales la documentación del caso.
Norma Jiménez consideró una “buena noticia” el amparo concedido por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Toluca -el pasado 25 de noviembre-, a ella y otras mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco en mayo de 2006. El juez ordenó a la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) que entregue a las autoridades federales la información sobre los agentes involucrados en el caso.
El pasado 8 de julio, Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco promovieron un juicio de amparo contra la fiscalía mexiquense, por obstaculizar la investigación penal y evitar que ésta se unifique en la Fiscalía General de la República (FGR).
El grupo de víctimas ha señalado que la FGR tiene competencia sobre la totalidad de los hechos, al haberse tratado de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra ellas.
Lo anterior, a dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara, en una sentencia histórica, la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Jiménez señaló que sabía “lo difícil que sería que el estado mexicano pudiera cumplir con esta sentencia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por esa razón está contenta con el amparo, ya que “ha sido muy complicado que se atraiga la investigación a nivel federal”.
Denunció la poca voluntad de las autoridades mexiquenses a que la Fiscalía General de la República (FGR) se hiciera cargo del caso, por lo que espera que el amparo obtenido se cumpla lo más pronto posible.
Desde septiembre de 2019, la FGR notificó a la FGJEM su ejercicio de la facultad de atracción para unificar el expediente en el fuero federal. Sin embargo, la dependencia mexiquense no contestó el requerimiento durante casi ocho meses. En mayo de 2020 la fiscalía del Estado de México contestó que no reconocía la competencia federal sobre el caso y argumentó que las distintas fuerzas policiales cometieron los delitos de forma separada.
Jiménez relató lo sucedido hace casi catorce años, el 4 de mayo de 2006: “Yo formaba parte de un colectivo en ese momento, hacia un trabajo de documentación y fotografía. Junto a un gran grupo de personas acudimos a San Salvador Atenco desde la Ciudad de México. La policía había llegado por la tarde del 3 de mayo y había un niño asesinado por herida de bala. Nos pareció muy grave la situación y el que tuvieran sitiado el pueblo. En un afán de querer dar un poco de cobertura y abrazar al movimiento, decidimos trasladarnos hacia allá. La verdad no imaginamos lo que podía ocurrir, ni los horrores tan graves que ocurrieron el 4 de mayo, después de lo ocurrido el 3. La verdad no lo imaginaba, fue un shock para mí totalmente. En ese momento era estudiante y sabía que ocurrían este tipo de atropellos, pero no podía dimensionar en ese momento a lo que me iba a enfrentar”.
Recordó como “algunos medios cubrieron las detenciones arbitrarias” y la violencia ejercida por los agentes policiacos, que “estaban totalmente eufóricos, con toda la intención de lastimar, de agredir a las personas”.
Destacó la presencia de policías municipales, estatales, así como miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI): “Había muchos camiones de la policía, había también policías federales, policías vestidos con uniforme militar. Era demasiada policía. Al final fui una de las mujeres que fue torturada sexualmente junto a otras personas. Además de la violencia física a la que, por supuesto, me sometieron, las secuelas han ido saliendo a lo largo de los años. No es fácil recordarlo”.
A casi quince años de distancia, cuando Norma ve las imágenes y hace memoria de lo sucedido, piensa en la terrible situación que le tocó vivir: “No puedo imaginar la fuerza del impacto en la vida de todas las personas, no solo en la mía. Casi doscientas personas fuimos detenidas. También pienso en cómo pudieron sobrevivir a esta violencia tan terrible las personas que viven ahí todavía”.
La represión en Atenco se dio durante la presidencia de Vicente Fox Quesada, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, Eduardo Medina Mora era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Genaro García Luna, actualmente preso en Nueva York, era responsable de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
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