Por Marcos Tamariz – jefe de misión adjunto de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica
Hoy se conmemora el septuagésimo aniversario del Día Mundial del Refugiado. Setenta años de la existencia de la figura del refugiado y del eterno debate sobre la necesidad de expandir su definición. Setenta años en los que las necesidades de protección internacional no muestran signos de amainar.
Más allá del análisis de las causas de persecución de un solicitante de asilo y el proceso mismo, hoy es igualmente importante reflexionar acerca de lo que viven o, mejor dicho, sobreviven los solicitantes de asilo desde que salen de sus países hasta el día en que logran presentarse ante las autoridades competentes.
A principios de abril del presente año, formé parte de un equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) que tenía como objetivo evaluar la situación de la población migrante y solicitante de asilo que llegaba al sur de Panamá, tras cruzar la selva del Darién. La situación era mucho más grave de lo que se nos informó: centenas de personas, provenientes de diversos países africanos, sudamericanos, asiáticos y del Caribe, hacinadas en condiciones extremadamente insalubres y con acceso limitado a agua potable. Todos los niños eran víctimas de enfermedades gastrointestinales. Las infecciones dermatológicas agudas eran un mal común. Las mujeres habían sido víctimas de violencia sexual y otras acababan de dar a luz en medio de la selva. Los traumas emocionales y físicos eran incontables. A todo eso, se imponía un futuro incierto, lleno de impensables retos.
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Al conversar con estas personas sobre las causas que las forzaron a salir de sus países de origen, las penalidades sufridas durante su travesía hasta ese momento, así como las perspectivas que les esperaban más adelante, empezaron a revelarse como imágenes instantáneas de realidades geográficamente lejanas y dispares, pero sustancialmente semejantes a lo que vemos desde MSF en otros puntos del planeta.
Las historias de persecución política no eran muy distintas a aquellas de los centroamericanos que atendemos en la frontera entre México y los Estados Unidos, o las narraciones asociadas al temor de ser asesinados por el crimen organizado en México u Honduras. Similares eran los relatos de persecución por orientación sexual, que se reproducen sin parar a lo largo de la ruta. Por otro lado, también nos comentaron algunos que lo habían perdido todo debido a fenómenos climatológicos extremos.
Paradójicamente, los gobiernos con sus medidas represivas, en lugar de posicionar a los solicitantes de asilo en el corazón de su respuesta de protección y asistencia, los ahuyentan a los confines de los servicios de salud. Allí, nuevamente, en lugar de atender sus heridas físicas y emocionales, sólo se limitan usualmente a filtrar y contener la COVID-19.
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En este contexto de pandemia, la persecución de aquellos mismos que huyen se ha visto incrementada. Las fronteras han cerrado de manera discriminatoria en su contra. Mientras tanto, la ubicuidad de la violencia los persigue y alcanza incluso cuando están a escasos pasos de su destino final. Más aún, cuando creen haber logrado su objetivo de cruzar, y bajo argumentos tergiversados de salud pública, son deportados de manera expedita al otro lado de la frontera, sin haber tenido la oportunidad de solicitar asilo y presentar su caso.
En la Plaza de la República en Reynosa, México, tras haber emprendido una ruta de más de 4,000 km desde su tierra natal, Nicaragua, José* se encontró atrapado en un campamento junto a cientos de otras personas como él. Acechado por el crimen organizado, extorsionado varias veces por distintas autoridades de los países que ha atravesado, e incluso rechazado por el país que creía que podría ofrecerle asilo, lo dejan preguntándose, qué más tiene que sufrir para vivir.
La realidad es que José, como el resto de las personas del campamento, es víctima de la falta de voluntad de las instituciones locales de aportarle abrigo, seguridad y trato digno. Por otro lado, los Estados Unidos, y en particular su nueva administración, a pesar de jactarse de ser un defensor del Estado de Derecho, persiste en excusarse de respetar sus propios compromisos legales internacionales. José es hoy, en esencia, víctima de la falta de humanidad.
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Si algo ha demostrado en año y medio la pandemia de COVID-19, es la necesidad de solidaridad y humanidad entre las naciones para enfrentar este reto histórico de salud pública, incluyendo asistir las necesidades de las personas más vulnerables más vulnerables. En este sentido, nos vemos enfrentados ante la imperante urgencia de recordar constantemente a los gobiernos, instituciones y servidores públicos que la forma en que atienden a un solicitante de asilo refleja directamente su nivel de humanidad.
Es importante recordar que el congreso internacional que redactó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatus de los Refugiados tenía la esperanza de que el texto sirviera como brújula moral y legal, y excediera su valor contractual, de tal forma que todas aquellas personas que lo necesitaran, se beneficiaran del trato que prevé. Sin embargo, a pesar de las décadas transcurridas, MSF constata que de esta brújula poco queda en la práctica y el camino digno al asilo es todavía muy largo.
Así, si bien el solicitante de asilo que logra obtener algún estatuto de protección internacional es beneficiario del régimen legal que lo sustenta, es más bien un sobreviviente de los difíciles y peligrosos caminos que ha recorrido para alcanzarlo.
Es en la ambición de reducir el sufrimiento de este camino que MSF cumple este año cinco décadas de acción médico-humanitaria, atendiendo a estas personas en sus países origen, así como en los caminos que recorren. En México y Centroamérica son ya más de nueve años que, desde nuestras clínicas móviles, hemos visto la continua erosión de la figura de la protección internacional. Es por ello que hoy denunciamos nuevamente la falta de protección para esta población; reiteramos la responsabilidad de las autoridades en el establecimiento de rutas seguras; y condenamos y seguiremos condenando el establecimiento de barreras físicas y políticas que progresivamente se han establecido en la región, negando así a las personas huyendo de sus países la oportunidad de alcanzar un lugar más seguro, un lugar que les brinde paz y dignidad.
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