De las muchas incógnitas que deja el agónico triunfo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes (cuya mayoría se aseguraron ocho días después de la celebración de las elecciones legislativas del 8 de noviembre), tres destacan por encima del resto. ¿Usarán su recién recobrado poder para eximir al expresidente Donald Trump de enfrentarse a las mismas consecuencias legales por sus presuntos crímenes que cualquier otro ciudadano? ¿Seguirá Estados Unidos apoyando con la misma determinación a Ucrania en su defensa de la invasión rusa? ¿Y emplearán los conservadores su poder en la Cámara Baja para usar el techo de deuda como rehén en las negociaciones presupuestarias?
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El presidente Joe Biden ha contado con el apoyo del Congreso y el Senado, dominado por los demócratas, durante estos dos años. Es un privilegio que suele durarles poco a los inquilinos de La Casa Blanca: acostumbran a perderlo en las elecciones de medio mandato, que tradicionalmente se plantean como un examen al partido en el poder.
A partir de ahora, el Ejecutivo contará con la complicidad de la Cámara alta, que los demócratas se han asegurado, pero no de la baja. Ahí, la ventaja obtenida por los republicanos, que podría quedar en torno a los siete escaños, es mucho menor de la esperada. Estará en su mano hacer la vida imposible a Biden, como prometen, pero no con tanto desahogo como el que habrían deseado. Aunque el presidente tiene el poder de veto sobre la legislación que salga de la Cámara, es previsible que los republicanos impulsen proyectos de ley condenados al fracaso para lanzar mensajes a los electores sobre las prioridades de su agenda.
Cuando juró el cargo, Biden venía decidido a unir el país. Prometió dejar atrás el legado de Donald Trump, polarizador en jefe, pero casi dos años después, la confrontación entre los dos bloques está más viva que nunca. Los electores le han pasado la cuenta de la inflación desbocada, la criminalidad en las grandes ciudades y la crisis migratoria en la frontera Sur. El presidente demócrata llegó también con un ambicioso plan económico, una especie de New Deal 2.0, en la estela de Franklin Delano Roosevelt. Ahora se abre un periodo de dos años en los que a lo máximo que podrá aspirar en su agenda doméstica es a defender los logros de la primera mitad de su mandato en asuntos como las infraestructuras, el freno al cambio climático, la condonación de la deuda estudiantil o el subsidio a los medicamentos. Todo indica que sus siguientes objetivos, entre los que figuraban cambios en las leyes electorales o la codificación de los derechos reproductivos de las mujeres, tendrán que esperar.
Lo primero que cambiará, cuando llegue el relevo a principios del año que viene, es el control de la Cámara de Representantes. Pasará de la veterana Nancy Pelosi, demócrata de San Francisco que lleva en el Congreso 35 años y ha sido su presidenta en dos ocasiones (2007 a 2011, y desde 2019), a otro californiano, Kevin McCarthy. Toda una incógnita. McCarthy es un político del que lo mejor que cabe destacar es su lealtad, con sus idas y venidas, a Trump, que el miércoles, día en que anunció su tercera candidatura a la Casa Blanca, celebró que los suyos lo hubieran elegido para liderar el partido en la Cámara. También se ha definido por su ambición por lograr el puesto que finalmente es suyo. Tampoco está claro el futuro de Pelosi.
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Estos son los asuntos que, bajo el mando de McCarthy, amenazan con animar las disputas en un Congreso controlado por los republicanos:
‘Impeachments’ y librar a Trump
En la mejor versión de los hechos, esa divergencia en el control legislativo podría dar lugar a una era dorada de los compromisos entre ambos partidos, pero el clima actual de polarización desaconseja tanto optimismo. En el peor, la confrontación a cara de perro será la norma: el ala republicana más extrema está deseando plantear sendos impeachments (juicios de impugnación política) contra Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, por la gestión de la frontera, y el fiscal general Merrick Garland, por su persecución a Trump.
McCarthy ha moderado en las últimas semanas tanto entusiasmo por el impeahcment de ese puñado de correligionarios para evitar el desgaste de una figura pensada para otros fines (solo se ha recurrido a ella en cuatro ocasiones; dos de ellas con Trump). La mayoría del Partido Republicano aboga por dejar correr las causas que hay contra su último presidente, y cerrar la comisión de investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio (tres de cuyos miembros, los republicanos Liz Cheney y Adam Kinzinger y la demócrata Elaine Luria, no repiten en su escaño). Esa impunidad podría crear un peligroso precedente para los siguientes inquilinos de la Casa Blanca en asuntos como la gestión de los documentos confidenciales que el FBI encontró en la residencia de Trump en Mar-A-Lago. El anuncio de que Trump se presentará de nuevo a la presidencia podría armar de argumentos políticos a quienes defienden esa que conviene mirar hacia otro lado.
La gestión de la pandemia
Los republicanos que han criticado la respuesta de la administración de Biden a la pandemia, así como los mandatos federales de uso de mascarillas, vacunación obligatoria y cierre de escuelas y negocios tendrán ahora poder para tomar decisiones que afectan a las agencias de salud, que, según ellos, coartaron la libertad de los estadounidenses durante ese tiempo excepcional. Además, tendrán a su alcance la puesta en marcha de comisiones de investigación sobre la gestión de la crisis sanitaria y el gasto federal en su respuesta, los 1.900 millones de dólares (una cantidad similar en euros) aprobados para el estímulo de la economía tras el parón del confinamiento.
Los conservadores de la Cámara también han avisado que citarán a declarar a Anthony Fauci, que fue la cara oficial de la lucha contra la pandemia, y se retira de su puesto de alto funcionario de la salud pública estadounidense tras 38 años de servicio. McCarthy declaró en una entrevista reciente con Fox News que impulsará una investigación sobre los orígenes del virus. Los senadores republicanos dieron por bueno en un informe que este nació en un laboratorio chino, pese a que no existe consenso sobre ello en la comunidad científica.
Los negocios de Hunter Biden
Hacer responsable a Hunter, hijo menor de Joe Biden, de sus negocios en el extranjero, en los que está probado hizo uso de sus relaciones familiares en su propio beneficio en China y Ucrania, es una vieja aspiración del Partido Republicano. Se espera que soliciten sus registros bancarios en busca de delitos fiscales. Hay sospechas también de que defraudó en el pago de los impuestos referidos a millones de dólares de ingresos personales y de que mintió sobre su consumo de drogas a la hora de comprar un arma. No ha sido acusado de ningún delito.
Desde la mayoría de la Cámara de Representantes podrían además impulsar comisiones de investigación sobre la caótica retirada de Afganistán el pasado mes de agosto y sobre la influencia política y económica de China en Estados Unidos.
El techo de la deuda
McCarthy también ha sugerido que usará el límite de endeudamiento del Gobierno, comúnmente conocido como el “techo de la deuda”, como palanca para impulsar sus intereses. “No podemos seguir gastando y aumentando esa deuda”, afirmó al portal de información política washingtoniano Punchbowl News.
Como si de una tarjeta de crédito se tratara, ese techo establece un límite sobre cuánto puede pedir prestado el Tesoro para pagar el gasto del Gobierno. Alcanzado ese límite, los legisladores deben elevar el límite o arriesgarse al incumplimiento de las obligaciones crediticias. Los republicanos han usado esa técnica en el pasado conseguir sus objetivos: esta vez podrían emplearlo para avanzar en su agenda fiscal, y eso incluye el gasto en seguridad social.
El apoyo a Ucrania
La invasión rusa de Ucrania ha sido en estos dos años de Biden en la Casa Blanca uno de los pocos oasis de acuerdo bipartidista. El Capitolio ha aprobado casi por unanimidad la concesión de más de 66.000 millones de dólares desde febrero. En su entrevista con Punchbowl News, McCarthy desveló que eso podría estar a punto de cambiar.
“Creo que en mitad de la recesión que se avecina, la gente no está dispuesta a extender un cheque en blanco a Ucrania. Simplemente no lo harán… No es un cheque en blanco gratis”, dijo McCarthy, que criticó que Biden haya desatendido la crisis de la frontera con México y volcara todos sus esfuerzos en el país atacado por Putin. “Ucrania es importante, pero al mismo tiempo no puede ser lo único que hagan y no puede ser un cheque en blanco”, añadió.
Biden y su Administración han insistido una y otra vez en que el respaldo a Ucrania continuará “todo el tiempo que haga falta”.
Cambio climático
Uno de los grandes y más inesperados logros de Joe Biden en su segundo año en la Casa Blanca llegó a finales del mes de julio, con la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, que incluía, entre otras medidas, un ambicioso plan de 370.000 millones de dólares para incentivar la venta de vehículos eléctricos, el uso de energía nuclear o solar y la transición energética de pequeños negocios.
Esa ley no recabó apoyos de congresistas republicanos, entre cuyas filas figuran destacados negacionistas del calentamiento global. Es de esperar que el partido trabaje por desactivar muchas de las conquistas de la Administración de Biden en este sentido y de un empujón al desarrollo de los combustibles fósiles.
El aborto
Una sentencia del Tribunal Supremo tumbó en junio pasado el precedente del fallo Roe contra Wade (1973), que puso fin a un precedente de medio siglo de protección federal del aborto y devolvió a los Estados la capacidad para legislar sobre el tema. Los demócratas confiaron en que eso movilizaría el voto, sobre todo el femenino, y lo convirtieron en el principal argumento de su campaña electoral. Antes del verano trataron de convertir en una ley esa protección, pero no lograron que se aprobara. La aspiración de Biden de blindar la libertad reproductiva de las mujeres se aleja aún más con la victoria republicana. Uno de sus senadores, Lindsey Graham propuso una prohibición después de la decimoquinta semana del aborto a nivel federal. Muchos de los legisladores de su partido se oponen a esa prohibición porque mina la libertad de los Estados consagrada por el Supremo, que domina una supermayoría conservadora de seis magistrados contra tres.
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