Cuando el avión del millonario Steve Fossett desapareció sobre la cordillera de Nevada en 2007, el aventurero ya había sido objeto de dos operaciones de rescate de emergencia previas a miles de millas de distancia.
Y eso suscitó una pregunta espinosa: Una vez concluida la búsqueda del aventurero, ¿quién debe pagar la factura?
En los últimos días, la búsqueda masiva de un vehículo sumergible perdido durante un descenso por el Océano Atlántico para explorar los restos del Titanic ha vuelto a centrar la atención en ese enigma. Y con los equipos de rescate y el público obsesionados primero en salvar y luego en llorar a los que iban a bordo, se ha vuelto a entablar una conversación incómoda.
“Cinco personas acaban de perder la vida y empezar a hablar de seguros, de todos los esfuerzos de rescate y del coste puede parecer bastante despiadado, pero la cuestión es que, al fin y al cabo, hay gastos”, afirma Arun Upneja, decano de la Facultad de Administración Hotelera de la Universidad de Boston e investigador sobre turismo.
“Hay mucha gente que va a decir: ‘¿Por qué debe la sociedad gastar dinero en las labores de rescate si (estas personas) son lo bastante ricas como para poder… dedicarse a estas actividades de riesgo?”.
Esa pregunta está ganando atención a medida que viajeros muy adinerados en busca de aventuras singulares gastan a lo grande para escalar picos, navegar a través de océanos y despegar hacia el espacio.
Los guardacostas estadounidenses se negaron el viernes a facilitar una estimación del gasto de sus esfuerzos por localizar el Titán, el sumergible que, según los investigadores, implosionó no lejos del naufragio más famoso del mundo. Entre las cinco personas perdidas figuraban un multimillonario empresario británico y un padre y un hijo de una de las familias más prominentes de Pakistán. El operador cobraba a los pasajeros $250.000 cada uno por participar en el viaje.
“No podemos atribuir un valor monetario a los casos de búsqueda y rescate, ya que la Guardia Costera no asocia el coste a salvar una vida”, declaró la agencia.
Aunque es probable que el coste de la misión para la Guardia Costera ascienda a millones de dólares, la ley federal le prohíbe en general cobrar reembolsos relacionados con cualquier servicio de búsqueda o rescate, dijo Stephen Koerting, un abogado de EEUU en Maine especializado en derecho marítimo.
Pero eso no resuelve la cuestión más amplia de si los viajeros ricos o las empresas deben asumir la responsabilidad ante el público y los gobiernos por exponerse a ese riesgo.
“Es una de las cuestiones más difíciles de responder”, afirmó Pete Sepp, presidente del Sindicato Nacional de Contribuyentes, refiriéndose al escrutinio de los rescates financiados por el gobierno que se remontan a las hazañas en globo aerostático del multimillonario británico Richard Branson en la década de 1990.
Los cinco pasajeros del sumergible Titan murieron tras la supuesta implosión de la cabina.
“Esto nunca debería tratarse únicamente del gasto público, o quizá ni siquiera principalmente del gasto público, pero no se puede dejar de pensar en cómo se pueden utilizar los limitados recursos de los rescatadores”, dijo Sepp.
La demanda de esos recursos se puso de manifiesto en 1998, cuando el intento de Fossett de dar la vuelta al mundo en globo aerostático terminó con una zambullida en el océano a 500 millas de Australia. La Real Fuerza Aérea Australiana envió un avión de transporte Hércules C-130 para encontrarlo. Un avión militar francés lanzó una balsa salvavidas con 15 personas antes de que un yate lo recogiera.
Los críticos sugirieron que Fossett pagara la factura. Fossett rechazó la idea.
A finales de ese mismo año, los guardacostas estadounidenses gastaron más de $130,000 en rescatar a Fossett y Branson después de que su globo aerostático cayera al océano frente a Hawai. Branson dijo que pagaría si la Guardia Costera se lo pedía, pero la agencia no lo hizo.
Nueve años más tarde, después de que el avión de Fossett se desvaneciera sobre Nevada durante lo que debería haber sido un vuelo corto, la Guardia Nacional del estado lanzó una búsqueda que duró meses y en la que aparecieron los restos de varios otros accidentes ocurridos hace décadas, sin encontrar al millonario.
El Estado declaró que la misión había costado a los contribuyentes $685,998, con $200,000 cubiertos por una contribución privada. Pero cuando la administración del Gobernador Jim Gibbons anunció que solicitaría el reembolso del resto, la viuda de Fossett se opuso, señalando que había gastado un millón de dólares en su propia búsqueda privada.
“Creemos que la búsqueda llevada a cabo por el estado de Nevada es un gasto del gobierno en el desempeño de una acción gubernamental”, escribió un abogado en nombre del patrimonio de Fossett.
El aventurerismo arriesgado no es exclusivo de los ricos.
La pandemia provocó un aumento de las visitas a lugares como los parques nacionales, lo que aumentó la popularidad de la escalada, el senderismo y otras actividades al aire libre. Mientras tanto, la difusión de los teléfonos móviles y de los servicios ha hecho que muchos sientan que, si algo va mal, la ayuda está a una llamada de distancia.
En algunos lugares existen leyes conocidas como “leyes del automovilista estúpido”, que obligan a los conductores a pagar la factura de la respuesta de emergencia cuando ignoran las barricadas en las carreteras sumergidas. Arizona cuenta con una ley de este tipo, y el condado de Volusia, en Florida, donde se encuentra Daytona, ha promulgado una ley similar esta semana. La idea de una “ley de excursionistas estúpidos” similar también se debate a menudo en Arizona, con tanta gente desprevenida que necesita ser rescatada bajo un calor sofocante de tres dígitos.
La mayoría de los funcionarios y voluntarios que dirigen las labores de búsqueda se oponen a cobrar por la ayuda, afirma Butch Farabee, antiguo guarda forestal que participó en cientos de operaciones de rescate en el Gran Cañón y otros parques nacionales y ha escrito varios libros sobre el tema.
A los buscadores les preocupa que si cobran por rescatar a personas “no pidan ayuda tan pronto como deberían y cuando lo hagan sea demasiado tarde”, dijo Farabee.
La contrapartida es que algunos pueden dar por sentada esa ayuda vital. Farabee recuerda una llamada en los años 80 de un abogado que subestimó el esfuerzo necesario para salir a pie del Gran Cañón. El hombre pidió un helicóptero de rescate, mencionando que tenía una reunión importante al día siguiente. El guarda forestal rechazó la petición.
Pero esa no es una opción cuando las vidas de los aventureros, algunos de ellos bastante adinerados, corren un riesgo extremo.
En el Everest, escalar puede costar decenas de miles de dólares en permisos y tasas de expedición. Un puñado de personas mueren o desaparecen cada año mientras escalan la montaña, lo que provoca una respuesta de emergencia por parte de las autoridades locales.
Aunque el gobierno de Nepal exige que los escaladores tengan un seguro de rescate, el alcance de las tareas de salvamento puede variar mucho, y Upneja calcula que algunas pueden costar “varias decenas de miles de dólares”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal no respondió a un mensaje en busca de comentarios.
En alta mar, los ricos navegantes que buscan récords de velocidad y distancia también han necesitado repetidamente ser rescatados cuando sus viajes se descarrían.
Cuando el yate de Tony Bullimore, millonario británico que daba la vuelta al mundo, zozobró a 1,400 millas de la costa australiana en 1997, parecía que estaba perdido. Aferrado al interior del casco, se quedó sin agua dulce y casi sin aire.
Cuando llegó un barco de rescate, nadó desesperadamente hacia la superficie.
Empecé a repasar mi vida y pensé: ‘Bueno, he tenido una buena vida, he hecho la mayoría de las cosas que había querido hacer’”, dijo Bullimore después. Si tuviera que elegir palabras para describirlo, sería un milagro, un auténtico milagro”.
Las autoridades australianas, cuyas fuerzas rescataron a un navegante francés la misma semana, fueron más comedidas en su valoración.
“Tenemos una obligación legal internacional”, declaró Ian McLachlan, Ministro de Defensa. “Tenemos la obligación moral, obviamente, de ir a rescatar a la gente, ya sea en incendios forestales, ciclones o en el mar”.
Sin embargo, se habló menos de la petición del gobierno australiano de restringir las rutas de las regatas, con la esperanza de mantener a los navegantes en zonas donde pudieran necesitar menos rescates.
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