El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó la Ley 3 de 3, que impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.
Con esto, sigue a la reforma aprobada el pasado 28 de abril por la Cámara de Diputados, que elevó a rango constitucional dicho requisito. Dado a que se trata de una modificación a la Carta Magna, el dictamen también debe ser aprobado por lo menos en 17 congresos locales antes del 1º de junio para su aplicación en las elecciones del 2024.
Anteriormente, Yucatán y Oaxaca incluyeron la disposición a sus normas. Ahora, Quintana Roo se convierte en el tercer estado en aprobar la Ley.
El dictamen impide a deudores alimentarios o quienes enfrenten un proceso por violencia en contra de mujeres poder ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Esto aplica a quienes tengan sentencias por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Asimismo, incluye los crímenes de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Durante la sesión en el Congreso de Quintana Roo, la priista Elda Candelaria Ayuso Achach respaldó la iniciativa porque afirmó que “el derecho de dar y el derecho de recibir alimentos es de interés público”.
A su vez, la diputada Angy Estefanía Mercado Asencio, del Partido Verde, cuestionó que una persona “que ha ejercido violencia contra la mujer puede ser garante de la paz”, por lo que votó a favor.
Por su parte, la panista Cinthya Yamilie Millan Estrella hizo un llamado para, además de aprobar la norma, trabajar desde dicha legislatura “con acciones y medidas contundentes para proteger” a las víctimas de violencia.
“Lo lamentable es que estando en el año 2023 sigamos teniendo que celebrar, que haya estas medidas para evitar que siga habiendo servidores públicos agresores sexuales”, subrayó.
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El pasado 28 de abril, el Congreso de la Unión aprobó la conocida “Ley 3 de 3”, que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
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