Una corte federal de apelaciones ratificó un fallo que impide que se use dinero del Pentágono para construir un muro en la frontera con México, lo que pone en duda si el presidente Donald Trump podrá cumplir con su principal promesa de campaña antes de las elecciones de 2020.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco avaló el miércoles por decisión dividida el fallo de una corte menor que impidió que el gobierno usara fondos del Departamento de Defensa destinados a la lucha contra las drogas para construir secciones prioritarias de muro en Arizona, California y Nuevo México.
La decisión representa un revés para los ambiciosos planes de Trump. Después de que el Congreso le asignó un presupuesto fronterizo mucho menor al que solicitó, el mandatario declaró una emergencia nacional que, de acuerdo con la Casa Blanca, le permitiría usar miles de millones de dólares del Pentágono.
El caso aún podría ser considerado en las cortes, pero el gobierno no puede realizar la construcción con esos fondos mientras se dirime la impugnación legal.
“En lo que respecta al interés público, concluimos que lo mejor es respetar la encomienda de la Constitución de que el Congreso controle los fondos, y que se someta al entendimiento del Congreso lo que es el interés público, según se refleja en sus repetidas negativas para conceder más fondos para la construcción de una barrera fronteriza”, escribieron los jueces Michelle Friedland, quien fue nombrada por Barack Obama, y Richard Clifton, nombrado por George W. Bush.
La prohibición impuesta en mayo por el juez federal de distrito Haywood Gilliam Jr., de Oakland, evitó las labores contempladas en dos contratos del muro con fondos del Pentágono: uno que abarcaría 46 millas en Nuevo México, y otro de cinco millas en Yuma, Arizona.
Aunque la orden era aplicable únicamente a esos dos proyectos prioritarios, Gilliam dejó claro que sentía que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y otros grupos posiblemente podrían ganar un juicio con su argumento de que el presidente hacía caso omiso a la voluntad del Congreso al desviar fondos del Departamento de Defensa.
Gilliam fue aún más lejos el viernes al fallar de forma definitiva que el gobierno no puede usar fondos del Pentágono destinados a la lucha contra el narcotráfico para los dos proyectos mencionados en la orden que emitió en mayo ni para reemplazar un tramo de 63 millas en el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza en Arizona ni uno de 15 millas en el sector de la dependencia en El Centro, California.
El gobierno federal prometió inmediatamente apelar el fallo.
El juez N. Randy Smith, nombrado por George W. Bush, estuvo totalmente en desacuerdo con el fallo del tribunal de apelaciones, diciendo que malinterpretó la separación de poderes ordenada por la Constitución.
“La mayoría aquí toma un enfoque riesgoso e inexplorado: convertir cada interrogante de si un funcionario ejecutivo se excedió en sus facultades legales en una cuestión constitucional”, escribió en su texto de disentimiento. “Este enfoque contradice los conceptos más fundamentales de la revisión judicial”.
El Departamento de Justicia no respondió hasta el momento una solicitud de comentario. Sus abogados argumentaron que la congelación de los fondos del Pentágono muestra una “incomprensión fundamental del proceso federal de asignación de fondos”.
La ACLU, que representó a la organización ambientalista Sierra Club y al grupo activista Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, elogió la decisión.
“Por el bien de nuestra democracia y nuestras comunidades fronterizas, ya es hora de que el presidente acepte el hecho de que Estados Unidos rechazó su muro xenófobo, y pase a otras cosas”, dijo Dror Ladin, abogado de la ACLU.
En juego hay miles de millones de dólares que le habrían permitido a Trump avanzar en su principal promesa electoral de 2016 de cara al inicio de su campaña de reelección.
A principios de año, Trump declaró una emergencia nacional después de perder un enfrentamiento con la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, que derivó en un cierre parcial del gobierno por 35 días. El Congreso acordó invertir casi $1,400 millones en la construcción de barreras en el Valle del Río Grande, Texas, la región que registra la mayor cantidad de cruces fronterizos ilegales, una cantidad mucho menor a los $5,700 millones que había solicitado el presidente.
El mandatario aceptó el dinero a regañadientes pero declaró una emergencia nacional para canalizar fondos de otras cuentas del gobierno, recaudando cerca de $8,100 millones para la construcción del muro.
La cifra incluye $3,600 millones de fondos para construcción militar, $2,500 millones de la unidad de actividades contra el narcotráfico del Departamento de Defensa y $600 millones del fondo de bienes confiscados del Departamento del Tesoro.
Aún falta que el secretario interino de Defensa Mark Esper apruebe la transferencia de los fondos asignados originalmente para construcciones militares. Hasta ahora los fondos del Departamento del Tesoro han sobrevivido las impugnaciones legales.
Los adversarios del presidente dicen que la declaración de emergencia fue un intento ilegal de soslayar al Congreso.
El gobierno indicó que Estados Unidos necesitaba protección de emergencia para combatir el narcotráfico. En sus argumentos no mencionó la inmigración ilegal ni las cifras sin precedentes de familias centroamericanas que solicitan asilo en la frontera estadounidense, las cuales han captado fuertemente la atención del público en los últimos meses.
El gobierno ha asignado $2,800 millones de dólares en contratos para barreras que abarcan 247 millas, de los cuales 17 millas son para reemplazar barreras existentes, no para ampliar la extensión del muro. Se está preparando para un frenesí de labores de construcción que el presidente ya está celebrando en mítines al estilo de campaña.
Trump recibió el gobierno con barreras existentes en 654 millas, aproximadamente una tercera parte de la frontera con México. De las millas abarcadas por los contratos concedidos por Trump, más de la mitad se llevarán a cabo con dinero del Pentágono.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército anunció recientemente varios contratos grandes financiados por el Pentágono.
SLSCO Ltd. de Galveston, Texas, ganó una licitación de $789 millones para reemplazar barreras en Nuevo México. Southwest Valley Constructors de Albuquerque, Nuevo México, ganó un contrato por $646 millones por el trabajo en Tucson. Barnard Construction Co. de Bozeman, Montana, obtuvo un contrato por $141.8 millones para sustituir barreras en Yuma y El Centro.