Para los cientos de miles de personas que trabajan en compañías privadas que efectúan labores para el gobierno, el futuro se decidirá en parte por la rapidez con la que las agencias federales comiencen a operar después de un cierre parcial de gobierno sin precedentes de 35 días, así como por lo que esté especificado en las letras pequeñas en los contratos y la generosidad de los extraños.
Michelle Oler, de San Luis, recurrió a recabar fondos en línea para pagar sus cuentas mientras se encontraba inhabilitada de su empleo como contratista en el procesamiento de solicitudes de desarrollo rural para el Departamento de Agricultura, y aún desconoce cuándo retomará su trabajo o recibirá fondos para compensar los pagos que perdió.
“El estimado de mis pérdidas financieras debido al cierre supera los $3,500”, dijo.
La ansiedad, la falta de sueño y la depresión hacen que parezca mucho más”, dijo Oler el domingo después de ser entrevistada por correo electrónico. Hasta el momento solo ha recaudado $50 en su página de GoFundMe.
Kevin Doyle, padre de tres hijos, calcula que ha perdido alrededor de $5,000 de su trabajo por contrato como especialista de encriptado para la Base de la Fuerza Aérea Laughlin en la frontera entre México y Texas.
Dijo que perdió sueño y peso durante el cierre a medida que se acumulaban el estrés y las facturas pendientes de pago.
Doyle indicó que volverá el lunes a su trabajo, pero el viernes comienza en un nuevo empleo con otra compañía que espera resulte más estable en caso de que fracasen las negociaciones con Trump respecto al presupuesto para el muro y se produzca un nuevo cierre el próximo mes.
“Un día estuvimos juntando monedas de uno y cinco centavos para comprarle una ‘cajita feliz’ al bebé”, dijo Doyle, de 40 años. “Así de mal estaban las cosas”.
El cierre parcial de gobierno finalizó luego de que Trump se retractó de sus exigencias de que el Congreso destinara $5,700 millones para la construcción de un muro en la frontera con México antes de que las agencias federales pudieran retomar sus actividades.
Varias agencias resultaron total o parcialmente afectadas, y a algunos de los empleados se les cesó o se vieron obligados a trabajar sin goce de sueldo.
Los 800,000 empleados federales que resultaron afectados recibirán los pagos que se les deben, pero los contratistas no tienen la misma garantía.