El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el pasado 17 de noviembre en Málaga.JORGE GUERRERO (AFP)
La corta legislatura portuguesa acabará sin una regulación de la eutanasia en el país, a pesar de la celeridad de los partidos que la apoyaban para pactar cambios y enviar el texto por segunda vez al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Anoche el jefe del Estado anunció que devolvía al Parlamento el proyecto legal para que aclarase “las aparentes contradicciones respecto a una de las causas de recurso a la muerte clínicamente asistida”. El decreto plantea la necesidad de sufrir una “dolencia fatal” para solicitar la eutanasia, aunque en otras partes menciona la existencia de una “dolencia incurable” o “dolencia grave”. En una nota publicada en la web, el presidente pide a la Asamblea de la República que clarifique este aspecto: “El legislador tiene que escoger entre exigir para la eutanasia y el suicidio médicamente asistido entre enfermedad solo grave, enfermedad grave e incurable o enfermedad incurable y fatal”.
El segundo argumento que esgrime el presidente de la República tiene que ver con el contexto social y la posible influencia de la ley española, que considera alineada con los Estados europeos que han aprobado una legislación “más drástica o radical” frente a las propuestas de Canadá o Colombia. Rebelo de Sousa pide al Parlamento explicaciones por la retirada de la exigencia de “dolencia fatal”, una modificación introducida en la segunda propuesta respecto a la primera, y si esto se corresponde “con un cambio considerable en la ponderación de los valores de la vida y de la libre autodeterminación” en la sociedad portuguesa. En la carta que le envía al presidente de la Asamblea, cuestiona si la aprobación de la eutanasia en España ha influido en el cambio. “¿Qué justifica, en términos de sentimiento social dominante en nuestro país, que no existiese en febrero de 2021, en la primera versión de la ley, y que ahora exista en noviembre de 2021, en su segunda versión? ¿El paso dado en España?”, interpela Rebelo de Sousa. No habrá respuesta inmediata de los parlamentarios para esto. Dado que la Cámara será disuelta en pocos días por el presidente de la República para abrir el periodo electoral, que culminará en los comicios del 30 de enero, la regulación de la eutanasia será un tema pendiente para la nueva legislatura.
Es la segunda vez en menos de un año que Rebelo de Sousa veta la tramitación de la ley de la eutanasia en Portugal, que había sido pactada entre el Partido Socialista (PS) y varios grupos de la oposición. En su escrito a la Cámara, sostiene que en su decisión no pesa ninguna “posición religiosa, ética, moral, filosófica o política personal, que sería más crítica, si no el juicio que formulo acerca de lo que considero el sentimiento dominante en la sociedad portuguesa”. Por el contrario, el presidente portugués dio luz verde a la ley que regulará en Portugal la gestación subrogada, que establece que la mujer embarazada pueda desistir de entregar al bebé hasta el momento de registrarlo (la ley permite hasta un máximo de 20 días después del nacimiento).
Hace nueve meses, cuando el proyecto sobre la eutanasia llegó por vez primera al Palacio de Belém, sede de la Jefatura del Estado, Rebelo de Sousa envió el texto a consultas al Tribunal Constitucional porque consideraba demasiado impreciso “el concepto de lesión definitiva de gravedad extrema”, que se menciona en la norma. El asunto dividió al alto tribunal, que finalmente declaró inconstitucional aquel texto, pero también aprovechó para dejar claro su criterio jurídico sobre la regulación de la eutanasia. “El derecho a la vida no puede traducirse en el deber de vivir en cualquier circunstancia”, declaró el presidente del Constitucional, João Caupersen, en su lectura del fallo en marzo pasado. “La tensión entre el deber de protección de la vida y el respeto de la autonomía personal en situaciones límite de sufrimiento puede ser resuelta por vía de opciones político-legislativas hechas por los representantes del pueblo elegidos en democracia”, defendió el tribunal.
La distribución de votos respecto a la ley no calca de forma automática la división parlamentaria entre izquierda y derecha. En la sesión del pasado 5 de noviembre, cuando salió adelante la propuesta con 138 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, la ley recibió el respaldo del PS, el Bloco de Esquerda, el Pessoas-Animais-Natureza (PAN), el Partido de Los Verdes (PEV) e Iniciativa Liberal (IL), además de dos diputadas no inscritas y 13 parlamentarios del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha). En el bloque contrario coincidieron la mayoría de las filas del PSD, el Partido Comunista Portugués (PCP), el Centro Democrático Social (derecha), Chega (extrema derecha) y siete diputados socialistas. El desplazamiento de posiciones muestra lo controvertido que resulta legislar sobre la eutanasia en la sociedad portuguesa, donde la religión tiene aún más peso que en España.
Los partidarios de la despenalización de la muerte asistida ya fracasaron en su tentativa de 2018. En el bloque que se muestra en contra se defendía la convocatoria de un referéndum sobre el asunto, lo que en la práctica habría frenado la tramitación de la ley si no se lograba que votase el 50% del censo, algo que no ocurrió en consultas anteriores y que permitió evitar aprobar la ley del aborto en 1998 y 2007.
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