El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazó “enfáticamente” la publicación de los reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), relacionados con conversaciones entre autoridades municipales y líderes de Guerreros Unidos sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, en Iguala, Guerrero.
En una comunicación dirigida a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), expuso que lo difundido este viernes se trata de “información reservada que desde GIEI se ha solicitado a entidades estatales a través de COVAJ para ser presentada en la investigación penal”, informó La Jornada.
Angela Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, integrantes del GIEI, expresaron su rechazo “a continuar por este camino que expone la investigación y sus avances, además de alertar a presuntos perpetradores”.
Subrayaron que si bien comprenden la importancia de la transparencia y el acceso a la información, “ustedes como nosotros conocen que se trata de información reservada, ya que se encuentra dentro de una investigación penal”.
En el texto también lamentaron que se les haya comunicado la decisión de publicar los reportes ya que los hechos estaban consumados. “Como miembros de COVAJ habríamos esperado ser consultados”.
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En este sentido, indicaron que “dado que ésta ha sido una decisión inconsultada y ante la posibilidad de que esta conducta se reitere hacemos pública esta comunicación, solicitando que no se repita en el futuro”.
“Riesgoso que se difunda así información”: Centro Prodh
Este viernes el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró “riesgoso que se difunda así información sobre una investigación en curso, pues puede comprometer el éxito de la misma”.
A través de su cuenta de Twitter, la organización sostuvo que, como integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, “no participamos de la decisión de publicar así los documentos”.
“Se confirma que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por Decreto Presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”, publicaron a través de un hilo, en el que consideraron que “dada la opacidad castrense no puede descartarse que exista más información en su poder”.
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La organización advirtió que, “ante la posibilidad de que se trate de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas”.
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