Por el enfoque novedoso y acciones innovadoras en el combate del tráfico ilegal de armas que representa la demanda contra fabricantes interpuesta por el Gobierno de México en una corte en Estados Unidos, la Arms Control Association anunció la elección del canciller Marcelo Ebrard y del Gobierno de México como “Personas del Año”.
El Gobierno de México y el secretario de Relaciones Exteriores obtuvieron el mayor número de votos de entre ocho candidatos nominados en diciembre de 2021.
“La demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en contra de empresas productoras de armas de fuego representa una importante y novedosa forma de hacer responsables a actores fuera de la ley por su papel en la violencia que ocasiona el tráfico de armas de fuego a través de fronteras internacionales”, expresó Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la asociación al anunciar los resultados.
Hasta ahora, la estrategia de combate al tráfico de armas, que proviene principalmente de Estados Unidos, se había concentrado en acciones gubernamentales de control y la sanción de consumidores de armas que desafían las leyes que regulan el sector; sin embargo, la actual estrategia de la cancillería busca que las empresas se hagan responsables de evitar que sus productos sean traficados ilícitamente a México.
El segundo lugar fue para Sébastien Philippe, investigador asociado del Programa de Ciencia y Seguridad Global de Princeton, y el periodista francés Tomas Statius, por su investigación sobre las consecuencias para la salud de los franceses de los ensayos nucleares atmosféricos en el Pacífico Sur.
El Arms Control Association (ACA) es una organización no gubernamental fundada en 1971 por miembros retirados del ejército y de la diplomacia estadounidense, que estuvieron involucrados en los primeros esfuerzos de control y no proliferación de armas nucleares y químicas. Desde 2007, ACA ha nominado a individuos e instituciones que durante el año han avanzado en soluciones para el control de armas, la no proliferación y el desarme, y han generado conciencia sobre los riesgos que generan las armas de grueso calibre.
En un comunicado, la SRE señaló que este reconocimiento es un respaldo al esfuerzo que México y la Cancillería han realizado para reducir la violencia en el país.
Combate a las armas
Según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la más alta prioridad para el Gobierno federal es reducir la violencia en el país, a través del combate al tráfico ilícito de armas. En la reciente Reunión de Embajadores y Cónsules 2022, el canciller destacó la importancia de la demanda presentada en un juzgado federal de Estados Unidos contra las 10 grandes compañías fabricantes de armas.
“La más alta prioridad, como dije, para el presidente de la República, es reducir la violencia, garantizar la seguridad de las personas, y por eso todos los días nos cuestiona, nos exige, nos demanda la acción de la Cancillería para reducir el tráfico ilícito de armas a nuestro país”, sostuvo Ebrard durante su ponencia el pasado 10 de enero.
El pasado 4 de agosto de 2021, México presentó una demanda ante una Corte del Distrito de Massachusetts, contra las 10 grandes compañías fabricantes de armas, a las que acusa de prácticas negligentes y de ser consciente de que sus productos se trafican ilegalmente al país para abastecer a los grupos del crimen organizado.
Con esta iniciativa, el país exige indemnizaciones económicas, además de una serie de medidas para reducir y mitigar los daños económicos y en vidas humanas.
La demanda, un documento de 139 páginas, establece la presunta responsabilidad de las compañías Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company; Glock, Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
El despacho contratado por el Gobierno mexicano indica que las empresas tienen la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación, en particular de asegurarse que sus distribuidores no provean de armas a grupos de la delincuencia organizada.
La demanda dice que las empresas han recibido reportes de la prensa y organizaciones de la sociedad civil sobre los canales de distribución que existen de sus productos para la delincuencia organizada, aunque no han creado un solo protocolo de seguridad pública en sus sistemas de distribución para detectar y disuadir el tráfico de armas a México.
Según el escrito, la naturaleza y magnitud de la conducta ilícita de los acusados ha infligido inevitablemente un daño masivo a México, tanto en términos económicos como de vidas humanas.
“Antes del dramático aumento en la producción de armas en los Estados Unidos que comenzó a fines de 2004, el número anual de homicidios en México había disminuido, incluidos menos de 2,500 cometidos con un arma en 2003. Pero el fuerte aumento en las ventas de armas en los Estados Unidos resultó en un aumento de diez veces en los homicidios relacionados con armas en México, que aumentaron a alrededor de 23,000 en 2019”, señala el documento.
El Gobierno mexicano exige que las empresas presenten medidas cautelares y equitativas para reducir el daño que han causado; incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles en sus armas, incluidos los dispositivos para evitar el uso de esas armas por parte de usuarios no autorizados, otorgar al Gobierno una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinará en el juicio, otorgar sanciones civiles al Gobierno según lo permita la ley y adjudicación al Gobierno de restitución y devolución de las ganancias de los Demandados.
Ese mismo día, fabricantes de armas se pronunciaron contra la demanda y responsabilizaron al Gobierno mexicano de violencia y corrupción
La Asociación de la Industria del Comercio de Armas de Fuego (NSSF, por sus siglas inglés), a través de un comunicado, afirmó que todas las armas de fuego que se comercializan al por menor dentro de Estados Unidos se venden de acuerdo con las leyes federales y estatales.
También señaló que las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor “son evidentemente falsas”.
Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF, sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento y expuso que el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras.
La SRE ha dicho que la demanda es respetuosa de la legislación de Estados Unidos, ya que la Suprema Corte de su país reconoce que un gobierno extranjero puede demandar en cortes estadounidenses, y descartó que pretenda atentar contra la Segunda Enmienda de su Constitución.
La SRE asegura que la demanda no está en contra del comercio de armas, lo que busca es un comercio responsable.
En noviembre, las armerías presentaron su defensa, en la cual argumentaron que no violan ninguna ley por la venta y fabricación de armas. Además, las empresas rechazan que el país las vincule directamente con el tráfico ilegal de armamento que se da de Estados Unidos a México, pues argumentan que ellas simplemente fabrican y venden al mayoreo armas a las tiendas dedicadas al armamento. Los fabricantes afirmaron no ser responsables de las personas que compran armas y eventualmente las trafican.
También en noviembre, el juez Dennis Saylor, de la Corte Federal de Massachusetts, dio como plazo al Gobierno de México el 23 de enero de 2022 para responder a las empresas estadounidenses fabricantes de armas, y fijó el día 27 de este mismo mes para celebrar la audiencia sobre la petición de desechar el caso a solicitud de los armeros.
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