De aprobarse la iniciativa afectará el bolsillo y la salud de los mexicanos, señaló el centro de evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental.
La organización México Evalúa llamó a los legisladores del Congreso de la Unión tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente decretó la inconstitucionalidad del cambio en las reglas de mecanismo de despacho económico que se establecía en el acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, el cual va en el mismo sentido que las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de la Industria Eléctrica.
Este viernes la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, con lo que se modifica el régimen de despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para dar prioridad a las plantas de la propia empresa productiva del Estado sobre generadores privados.
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A través de una carta abierta, México Evalúa expresó su preocupación de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El cambio en las reglas de despacho de energía eléctrica tiene implicaciones relevantes para el futuro de nuestro país y el bienestar de sus habitantes”.
Asimismo, solicitó a los legisladores asumir “la gran responsabilidad de su cargo y valoren a conciencia si vale la pena afectar directamente a la salud, el empleo, el medio ambiente, la economía de las familias mexicanas de esta generación y las venideras”.
Al citar a Verónica Irastorza, directora asociada de NERA México (consultora económica) señaló que dicha iniciativa afectará el bolsillo y la salud de los mexicanos:
“Despachar en último lugar a las plantas de generación eólica y solar aumentaría los costos anuales de producción entre 1,350 y 2,750 millones de dólares, lo que se trasladaría al consumidor en forma de aumentos de tarifas eléctricas o de mantener las tarifas sin cambios de manera artificial a través de subsidios, lo que implica un costo social, pues ese dinero podría financiar gasto público en otros rubros prioritarios como salud o en educación. Actualmente, en México el subsidio eléctrico asciende a 70 mil millones de pesos anuales, equivalente a nueve veces el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PEF, 2021)”.