La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no contraviene el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, T-MEC.
El Abogado General de la CFE, Raúl Jiménez Vázquez, aseguró que en el T-MEC México se reservó el derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna en materia de energía y por tal razón este sector estratégico quedó fuera del tratado trilateral.
Al participar en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica convocado por la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que la reforma eléctrica no está constreñida o limitada por las reglas del acuerdo comercial.
Abundó que es la única lectura posible del capítulo 8 del T-MEC, mediante la aplicación del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que éstos deben interpretarse de buena fe, atendiendo al texto y al contexto. Por lo tanto, consideró que operó la figura jurídica llamada reserva, por lo que México sacó el tema energético del tratado.
Jiménez calificó a la reforma energética de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como “un proyecto fallido e insostenible”, por lo que se debe recuperar el principio básico de la seguridad energética del país para garantizar el abasto a la población en condiciones confiables, seguras, de calidad y a los precios más bajos posibles” y que con esto se busca que se ejerza el derecho a la vida digna.
Por su parte, la abogada Almudena Otero de la Vega, del área de Litigios Estratégicos de la CFE, explicó que hay tres estándares o principios relevantes: “nación más favorecida, trato nacional y nivel mínimo de trato” y que la iniciativa no viola ninguno de los esos principios.
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Mencionó que en el T-MEC se explica con claridad que las acciones regulatorias no discriminatorias no constituyen expropiaciones indirectas. Recordó que en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, la generación de energía por parte del sector privado está garantizada en un 46%, lo que permite la libre competencia sin distinción.
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