El exprocurador Fiscal de la Federación advirtió que el plan de Estados Unidos es elevar los salarios en México para restar competitividad a empresas pequeñas y medianas del país.
El exconsejero electoral Alfredo Figueroa consideró que la reforma a la Ley de Trabajo “es uno de los ejes esenciales de la construcción democrática del país“; sin embargo, el ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, señaló que es “una manzana envenenada” de Estados Unidos para México.
En la Mesa de Análisis con la periodista Carmen Aristegui, Figueroa comentó que la propuesta de reforma a la Ley del Trabajo “es una de las primeras entregas de un proceso de transformación del país“, ya que por décadas en México se había pospuesto el derecho de los trabajadores a asociarse y elegir libremente a sus líderes sindicales.
Asimismo, coincidió con López Obrador en que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría encargarse de las elecciones sindicales en los sectores educativo y petrolero.
Para ello, indicó, habría que hacer una modificación constitucional, “en términos de que sea el INE el que ofrezca garantías para el ejercicio de la libertad del voto en sindicatos”.
Por su parte, Reyes Orona observó que la Reforma Laboral es “una manzana envenenada, que va a acabar siendo un veneno envenenado”.
“El planteamiento está hecho para configurar sindicatos transnacionales para que las empresas extranjeras (principalmente de Estados Unidos y Canadá) ya no tengan que depender de los sindicatos mexicanos… Lo que pretenden es liberarse del yugo de algunas centrales que estuvieron en México teniendo mucho control en las negociaciones de los contratos colectivos”, expuso.
En su opinión, lo que está de por medio es elevar el salario, de tal forma que muchas empresas mexicanas pierdan competitividad.
“La medicina es buena, el problema es que si la medicina, como sucede en competencia económica y en muchas otras áreas, no se maneja adecuadamente, la industria mexicana, el comercio mexicano, van a sufrir un embate que los va a volver inviables, y que va a hacer que la industria extranjera continúe y complete el proceso que inició desde 1994, con el Tratado de Libre Comercio, para apoderarse de las empresas de este país”, explicó.
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Reyes Orona señaló que el problema es que a la Ley Federal de Trabajo le faltó gradualidad.
“Yo creo que está muy bien diseñada desde los Estados Unidos para que tengamos rápidamente centrales sindicales trinacionales“, lo que va a derivar en contratos colectivos, “los cuales van a establecer condiciones, aparentemente benéficas de arranque, que van a ser inviables a las medianas y pequeñas empresas, y van a ser absorbidas por los grandes consorcios”, advirtió.
Debe haber órganos autónomos que determinen salarios de funcionarios
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, dijo que propondrá a sus compañeros en el pleno que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos sea declarada inconstitucional.
Al respecto, el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona comentó que esto privaría de viabilidad a muchos planes y proyectos de este gobierno, porque el capítulo de salarios es muy pesado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Esta sentencia obligaría al gobierno a cubrir cantidades para las cuales no está preparado, y que tendría, lejos de hablar de austeridad, y lejos de hablar de economías y de recanalización de recursos a otros proyectos o programas sociales, tendría que pagarse una cantidad de salarios para la cual no está preparado”, abundó.
Esto, apuntó, implicaría una reforma sustancial al PEF, al Plan Nacional de Desarrollo, a la Ley de Austeridad y a todo el programa que el gobierno ha presentado en los últimos cinco meses de manera toral.
En su opinión, si el proyecto declara que la Ley de Remuneraciones es inconstitucional se abrirá la controversia entre la Corte y el Poder Ejecutivo.
El exconsejero del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa, expresó su preocupación por las insuficiencias legales que presenta el proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que se determina que los funcionarios deben ganar menos que el presidente.
“Me parece que había que construir un proceso mucho más objetivo por méritos, vinculado a quién debe determinar el salario de cada uno de los ámbitos del servicio público. Creo que es muy importante construir órganos (autónomos) que permitan con suficiencia, con racionalidad, con una análisis suficiente, tener servidores públicos remunerados en relación a las condiciones que la propia realidad y las distintas esferas de gobierno establecen, y no sobre una lógica en la que el presidente tiene la prerrogativa, por un lado de determinar el salario no sólo de él sino de otros poderes constituidos y electos, como es el caso del Poder Legislativo”, señaló.
Rechazo de reforma educativa en el Senado, una “victoria fugaz y pírrica del PAN”
Al hablar sobre la Reforma Educativa, que fue rechazada el pasado martes por el Senado, Figueroa insistió en que la propuesta se tiene que “limpiar” de los asuntos de carácter laboral, “definiendo la relación del Estado con los sindicatos”.
Mientras tanto, Reyes Orona consideró que el rechazo a esa reforma en el Senado es una “victoria fugaz y pírrica del PAN”.
“Creo que este asunto va a concluir en dos o tres semanas, quizá para el Día del Maestro, porque si llega a haber cambios en la devolución que se hace a la Cámara de Diputados van a ser meramente cosméticos, y ojalá sean en abono de eliminar los temas que no son educativos, como los que son de carácter hacendario y laboral”, abundó.
“Partida secreta” ahora será “partida discreta”
El pasado jueves el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó eliminar la “partida secreta” del Presidente de la República, que estaba prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para Figueroa es una buena noticia, ya que por décadas expertos y organizaciones civiles lucharon en contra de este uso discrecional de recursos.
En cambio, Reyes Orona consideró que “la partida secreta” sólo cambió su nombre a “partida discreta”, porque ahora será discrecional.
“El problema no está en el Ejecutivo. El responsable de transparentar, controlar y dar seguimiento al ejercicio presupuestal es la Cámara de Diputados, y es una labor que nunca ha hecho”, agregó.
A continuación la Mesa de Análisis completa: