El mismo día que Donald Trump tomó Twitter para amenazar con regular o cerrar sitios de redes sociales, el tribunal de apelaciones de Estados Unidos en Washington D.C. desestimó una demanda acusando a las empresas de alta tecnología de silenciar las voces conservadoras. Presentada en 2018 por la organización sin fines de lucro Freedom Watch y la gadfly de rechonera Laura Loomer, la demanda acusó a Apple, Facebook, Twitter y Google de sofocar los derechos de la primera enmienda.
La demanda alegó que cuatro de los nombres más importantes de la tecnología “se han involucrado en una conspiración para suprimir intencionalmente y deliberadamente el contenido políticamente conservador”. Citó específicamente la prohibición de Loomer de Twitter y Facebook, después de un tweet sobre la congresista Ilhan Omar. También se destaca su incapacidad para aumentar la base de audiencia y los ingresos en YouTube de Google, sugiriendo que después de la elección de Trump “el crecimiento en estas plataformas se ha detenido por completo, y su base de audiencia y sus ingresos generados se ha estancado o disminuido”. El presunto papel de Apple es menos claro.
En el fallo, el juez de distrito Trevor McFadden señala que Freedom Watch y Loomer no respaldaron una afirmación de que las compañías eran “actores estatales”, involucrados en la regulación de la libertad de expresión.
“Los Demandantes no muestran cómo la supuesta conducta de las Plataformas puede ser tratada de manera justa como acciones tomadas por el propio gobierno”, escribe el juez. “Facebook y Twitter, por ejemplo, son empresas privadas que no se convierten en ‘actores estatales’ basándose únicamente en la provisión de sus redes sociales al público”.
En otras palabras, las empresas no pueden violar la primera enmienda, porque prohibir a los usuarios no constituye un puente de la libertad de expresión por parte del gobierno. Según la decisión, “Freedom Watch no señala hechos adicionales que indiquen que estas Plataformas están en acción de Estado y, por lo tanto, no declara una reclamación viable de la Primera Enmienda”.
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