Andri Zuleny Pegui no puede contener las lágrimas cuando recuerda su vida: sus tiempos de guerrillera, lo duro que ha sido el camino una vez dejaron las armas y los sueños que tenían cuando firmaron la paz. “Queremos que nos dejen vivir y no nos maten. Estamos comprometidos con el proceso de paz. Dimos la palabra y estamos cumpliendo. Queremos sacar adelante nuestros proyectos productivos y el trabajo social con las comunidades, pero todo han sido obstáculos y palos en la rueda para no cumplir lo acordado”, lamenta. Cerca de 300 personas que tomaron las armas y luego firmaron la paz han sido asesinadas desde que el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC rubricasen los acuerdos de La Habana hace ahora cinco años.
Pegui es presidenta de la cooperativa Comamce, formada por excombatientes, y ha recibido amenazas directas en su casa de Mandivá, una vereda del norte de la región del Cauca, cerca de Santander de Quilichao. Ella es una de los 3.500 personas en proceso de reincorporación de las FARC que abandonaron los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR) para reorganizarse en unos nuevos asentamientos que bautizaron como Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) y que el Gobierno no reconoce oficialmente. Existen unas 93 distribuidas en 17 regiones del país y desde allí crearon en muchos casos cooperativas para impulsar proyectos productivos. Según el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, existen 155 cooperativas de personas reincorporadas ligadas a iniciativas, principalmente agrícolas, que avanzan con muchas dificultades.
Solo los esfuerzos que la comunidad internacional está haciendo por defender el proceso de paz en Colombia suponen una cierta esperanza para las personas que decidieron dejar sus armas Un ejemplo son los proyectos que la Asociación Catalana por la Paz (ACP) e International Action for Peace (IAP) con la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación (ACCD) y la Agencia Española de Cooperación (AECID) realizan con excombatientes a través de diferentes contrapartes, incluidas dos universidades del país en agrupación con la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona.
Son los únicos del Estado español que trabajan directamente con exguerrilleros en proceso de reincorporación y los dos están en la convulsa región del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Uno es de producción de huevos y el otro, piscícola, de producción de tilapia roja. Ambos pretenden promover la implementación de la llamada paz territorial a través del apoyo a la reconciliación y la reincorporación socioeconómica de excombatientes.
Diez mil gallinas ponedoras llegaran así a los NAR de dos veredas caucanas de los municipios de Caldono y Santander de Qulichao a lo largo de los próximos dos años. Beneficiará a unas 30 familias de personas reincorporadas y a otras tantas de la comunidad integradas en el plan. La idea es que lleguen primero 5.000 y produzcan unos 4.500 huevos diarios, unas 200 gallinas por familia que deben producir unos 180 unidades por jornada. El trabajo se complementa con un diplomado de Universidad del Valle que busca fortalecer el papel de la mujer y capacitarles en temas de cooperativismo y economía social y solidaria.
La implementación no será fácil. En el Cauca, la situación de seguridad es muy complicada y la violencia merodea a este colectivo. Las estructuras armadas presentes en el territorio han enfocado sus amenazas contra los exguerrilleros. Hace unos meses, siete hombres armados sacaron a Nelson Rodríguez de su casa del NAR de una vereda de Santander de Quilichao, y lo asesinaron. Cerca de 300 miembros han sido ya ejecutados tras la firma de los acuerdos de paz.
Cerca de 300 exguerrilleros que habían aceptado dejar las armas han sido ejecutados tras la firma de los acuerdos de paz
La muerte de Rodríguez golpeó muy duro a la cooperativa Comamce a la que pertenecía y también a una de las beneficiarias del proyecto de huevos. “Él era una persona clave porque era el que más aliento daba, el que más metido estaba”, dice Andri Zuleny Pegui, encargada también del NAR de la vereda Mandiva. Semanas después del crimen, recibió un papel que ponía: “Por su bien váyase, vieja hp”. El resto de miembros de la cooperativa también recibió amenazas. Y aunque cuentan con un esquema de seguridad colectivo han tomado ya la decisión de marcharse a un lugar más seguro. No saben dónde. “El problema nuestro siempre ha sido la tierra. Ya estamos cansados de que nos corran de aquí y de allá” dice Andri. El de gallinas apenas había empezado a socializarse. La incertidumbre es grande. “Teníamos muchas expectativas, pero nos tenemos que desplazar nuevamente por una amenaza colectiva. Necesitamos buscar un lugar más seguro”.
Con la moral baja por las amenazas
En Mandiva la moral está muy baja tras la muerte de Nelson Rodríguez y las amenazas posteriores. Ingrid Paula Castro, miembro también de Comamce, presenció como se lo llevaban delante de sus ojos para matarle. Llora cuando lo recuerda y se angustia por la impotencia que sintió de no poder hacer nada. “Ellos no me vieron. Estaba con mis dos niños en el piso de arriba. Antes, en las FARC, había sentido miedo, pero jamás tanto como ahora en la vida civil”, dice. Y arremete contra el proceso de paz decepcionada. “Nos decían que íbamos a asumir una nueva etapa, que íbamos a tener garantías de vida y que nos íbamos a mantener todos juntos trabajando en estas iniciativas. Van cinco años y mírame, no tengo una vivienda digna y no tenemos garantías de nada”.
Con todo dice que no da su brazo a torcer: “Ahora tenemos lo de las gallinas y habíamos pensado ya donde poner los galpones, pero ya tomamos la decisión de no hacer la inversión aquí porque es un riesgo. Hemos de encontrar la manera de ubicar la cooperativa en otro lugar y que podamos seguir juntos la gran mayoría”. Su motor son sus hijos. “Tengo la esperanza de que algún día las cosas cambien y pueda criarlos donde no haya violencia”. También su madre que vive en Buenaventura, en el Pacífico, y con la que se pudo reencontrar después de dejar las armas. “Fue muy bonito. Ella lloró mucho. Las brujas le decían que estaba viva, pero me habían dado por muerta y me hicieron velorio y todo”, dice riendo.
A una hora y media de camino desde Mandiva, montaña arriba en dirección al municipio de Caldono y dentro del resguardo indígena de San Lorenzo, está el NAR de la vereda del Venteadero. Allí las cosas están más tranquilas y se preparan para recibir otras 1.200 gallinas de la primera fase del proyecto, cuya producción de huevos ya tienen comprometida con la alcaldía de Caldono.
Este plan beneficiará aquí a unas 10 familias de reincorporados junto a otras de la comunidad, todas ellas integradas en la cooperativa Cimapaz. ” Es bueno incluirles para que vean que no estamos trabajando solo como reincorporados sino también para la comunidad en general. Creo que tenemos una oportunidad y los sueños son grandes”, dice Jhon Fredy Caviche, representante legal de la cooperativa y encargado del NAR.
Caviche regresó hace unos meses al Venteadero, la misma vereda que le vio nacer y de la que se fue cuando tenía 11 años para entrar en las FARC. Allí estuvo 15 años en un frente de la costa del Pacífico. Parte del proceso de reincorporación lo hizo en el ETCR de Buenaventura hasta que se cansó. “Presentábamos proyectos productivos al Gobierno y no nos aprobaba ninguno, entonces uno se cansa y ya mejor decidí volver y buscar trabajo”, explica.
La Elvira, iniciativa piscícola
Ya en dirección a Cali, en el municipio de Miranda, está el NAR de la finca La Elvira donde se refleja el arduo trabajo de un grupo de 32 exguerrilleros que decidieron abandonar el cercano ETCR de Monterredondo para organizarse a través de la cooperativa de Ceprodet y establecerse en una tierra cedida por diez años dentro de una Zona de Reserva Campesina. En La Elvira funciona desde hace un año una iniciativa piscícola de tilapia roja donde hay puestas mucha ilusiones y esperanzas.
Alfredo Martínez y Sandra Talaga no sabían nada de piscicultura. Hasta llegar a los peces, en la comunidad habían probado otras cosas que no les habían funcionado. Cultivaron frijoles y yuca, pero las tierras en esta región son de mera caña de azúcar que una vez se deja de cultivar, vuelve la tierra muy improductiva. Aprendiendo se les quedaron también muchos peces en el camino, pero hoy ya tienen un buen manejo de los pescados y del tratamiento del agua. La comercialización también está funcionando muy bien, venden en muchos mercados campesinos y cada vez es más la gente que se acerca a la finca a comprarles. “Tenemos un pescado de calidad de unos 450 gramos, que destripamos, descamamos y le damos una muy buena presentación. Ahora además tenemos cuarto frío y eso nos permite poder conservar la tilapia hasta ocho días”, explica Martínez, reincorporado de la guerrilla de las FARC que ejerció como miliciano urbano para esta organización.
Los pueblos han empezado a entender que si hay una comunidad nueva que le apuesta a la paz hay que darle la oportunidad
El proyecto piscícola cuenta con cuatro estanques con capacidad para producir unos 120.000 peces al año La piscifactoría apunta a estar cada vez más tecnificada y tiene muy buenas perspectivas de crecer. “Estamos pensando en invertir los beneficios en comprar tierra para que la gente tenga su casa y su lote en propiedad, y también hacer un estadero para pesca deportiva”, resalta.
Los desarrollos de Mandiva, Caldono y Miranda no solo son de tipo económico y productivo, sino que quieren incidir también en un proceso de reconciliación de sus miembros con las comunidades. La aceptación de los reincorporados en las comunidades ha sido en general difícil. “Había muy mala información y hemos tratado de explicarles bien por qué los muchachos decidieron estar de ese lado de la montaña, por qué después dejaron las armas y por qué vinieron a trabajar al territorio. Aprender a perdonar es el paso para entender la paz. Mis padres y yo lo hicimos. A mi hermano se lo llevó la guerrilla a los 16 años cuando iba a la escuela con sus primas. Hoy, 15 años después, es una persona dada por desaparecida”, cuenta Brigitte Pito, que forma parte de la cooperativa Cimapaz como secretaria general y trabaja de la mano con los excombatientes.
También Carmen Estela Mesquizo, que no fue guerrillera y es la vicepresidenta de Ceprodet, reconoce que en el pueblo había mucho temor y la relación con los excombatientes ha sido un poco cerrada, pero la percepción ha ido cambiando. “Han empezado a entender que si hay una comunidad nueva que le apuesta a la paz hay que darle la oportunidad. Cuando vienen a la finca a comprar pescado se quedan sorprendidos de cómo ha quedado el espacio con los estanques y ellos y ellas se sienten halagados de que los visiten.
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