El exprocurador Fiscal de la Federación señaló que por la concesión a “La Visión de Dios”, los consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones incurrieron en al menos tres delitos.
El acercamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a diversos grupos religiosos “es una irresponsabilidad” y está llevando a la desaparición de grandes principios constitucionales establecidos desde 1857 y 1917, afirmaron expertos.
En Mesa De Análisis, el exconsejero electoral Alfredo Figueroa afirmó que es preocupante el conjunto de prácticas, discursos y acciones del gobierno federal relacionados a la Iglesia.
“Me parece que se están cruzando franjas muy preocupantes porque se ha invisibilizado que se actúe de esta manera, en esta dirección”, dijo.
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El exconsejero electoral señaló que el acercamiento de esta administración con las organizaciones religiosas es una práctica que no habíamos visto ni siquiera en los gobiernos más conservadores de la alternancia en México.
Por su parte, el exprocurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, consideró que el acercamiento del gobierno a los grupos religiosos se da porque representan una cantera natural que se puede utilizar con motivos políticos y electorales.
“Lo que estamos viendo es que cuando López Obrador habla de un cambio de régimen está llevando las cosas por un lado en el que grandes principios del siglo XIX, que están en la Constitución de 1857, en la Constitución de 1917, están desapareciendo.
“En esta avidez de recatar la cantera electoral ya no nos importa cuál es su origen, ni cuál es la intromisión del poder público con el eclesiástico religioso”, expuso.
Reyes Orona anticipó que esto “nos llevará a crear grupos de interés y de poder en las iglesias, lo cual es sumamente peligroso, porque se pasa del discurso al dogma”.
En este contexto, consideró que la concesión que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la asociación “La Visión de Dios” es contraria a la Constitución.
“El artículo 6 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos señala que cuando el objeto del acto administrativo es incompatible con la ley, debe ser declarado ilegal, nada más que el problema que tenemos es que este nuevo concepto de interés jurídico, que la Corte ha manejado, nos hace preguntarnos quién tiene derecho a solicitar la invalidez de esta concesión”, añadió.
Para Figueroa este asunto amerita una investigación a fondo, para ver cómo votaron los consejeros del IFT y si pueden incurrir en responsabilidades.
“No podemos seguir en una lógica en donde la gente viola la ley, viola la Constitución, hace votos que serían impensables desde todos los puntos de vista, y se argumente que era su opinión en el colegiado, porque entonces no detenemos una práctica que va a suceder una y otra vez”, agregó.
Gabriel Reyes Orona señaló que por la concesión a “La Visión de Dios”, los consejeros del IFT incurrieron en al menos tres delitos, entre los que destacan ejercicio indebido de atribuciones, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
“El problema que hay es quién tiene el derecho a denunciar, y lo que ha venido sucediendo es que de manera absurda la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) ha venido sosteniendo que nadie tiene derecho a denunciar” esos delitos.
Respecto a la modificación que se hizo al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, para “contribuir a la gobernabilidad, prevención social y reconstrucción del tejido social en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano“, Figueroa dijo que esta acción podría controvertirse desde otro poder, ya que se hizo al estilo de “La Ley de Herodes”.
Desde el punto de vista de Reyes Orona, “esta modificación reglamentaria nos saca del Estado laico, nos deja en una posición completamente amorfa”.
El martes pasado, a través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto rechazó que sea investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno recibido en 2015 en la compra-venta de Grupo Fertinal, hecha a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), como lo informó El Universal.
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Reyes Orona explicó que si el gobierno de Estados Unidos está señalando a Peña Nieto y a otros funcionarios, es porque ve posibilidades de quedarse con una cantidad de recursos importante.
Figueroa indicó que la Fiscalía General de la República también debe actuar con eficacia jurídica y de investigación para atraer, coadyuvar y construir los casos que vamos a conocer los próximos años, entre ellos el de Enrique Peña Nieto.
“El exjefe del Estado está siendo investigado en otros países y es necesario que en México exista toda la voluntad para llegar a la verdad de lo que ocurrió en un sexenio, que por lo pronto, de eso sí hay evidencia muy clara, dejó en estado de devastación a una buena parte de las instituciones del país”, agregó.
Este miércoles, el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) lo cite a comparecer y le permita conocer las acusaciones que se hacen en su contra sobre la compra de la planta Fertinal en 2015.
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Al respecto, el exprocurador fiscal comentó que el ritmo, la velocidad y tiempo de una carpeta de investigación no los definen los imputados.
“Ellos no le ponen agenda a la Fiscalía ni es a su conveniencia que se les dé a conocer los avances de la investigación. El Ministerio Público Federal tendrá que llamarlo, pero una vez que tenga los elementos necesarios para formular las preguntas adecuadas, porque si él quiere una citación que le dé espectacularidad a un asunto que es inmaduro, obviamente va en perjuicio de la investigación. Lo que nos está pidiendo es una exoneración prácticamente intempestiva y precipitada”, expresó.
Figueroa pidió que se deben a dar a conocer los nombres de las empresas que supuestamente hicieron los avalúos de las plantas compradas por Petróleos Mexicanos.
A continuación la Mesa De Análisis completa: