El gobierno del presidente Luis Lacalle, en Uruguay, asumió con la decisión de atraer a extranjeros a vivir a ese país como forma de generar inversión. Lo anunció en el verano y lo concretó la semana pasada con los primeros cambios a los requisitos para obtener la residencia fiscal. Y mientras los argentinos aumentan sus consultas para averiguar cómo instalarse en el país, distintos expertos advierten que es necesario estar atentos a las recomendaciones de la OCDE porque, de descuidarse, Uruguay podría tener problemas.
Uno de los primeros en poner el tema sobre la mesa fue el abogado argentino, Martín Litwak. En una columna de opinión publicada en el portal argentino Infobae, el experto en planificación patrimonial advirtió que la OCDE y la Unión Europea “andan detrás de aquellos países que promocionan la inmigración por cuestiones fiscales”.
“La reducción de los días que deben pasar los extranjeros a 60 es una medida muy arriesgada que puede traer complicaciones para el país. Entendemos que deberían haberlo dejado, mínimamente, en 90 días; máxime cuando este punto no es del todo relevante”, dice el abogado defensor de las jurisdicciones offshore.
No es del todo relevante, explica Litwak, porque los argentinos deben pasar fuera de su país al menos 180 días y estar más tiempo afuera que en la Argentina para poder dar de baja la residencia fiscal en su país de origen. De otra forma, no es beneficioso tener ambas residencias por la doble tributación.
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Es que a nivel europeo y de la OCDE, el mínimo de días que se exige para la residencia fiscal es de 90 días y el organismo pone la lupa sobre aquellos países que gravan menos del 10%, según dijeron distintos expertos a El Observador.
Uruguay está adherido al intercambio automático de información de la OCDE (que establece que los bancos deben reportar determinada información a la autoridad fiscal todos los años) y, por lo tanto, es recomendado alinearse con sus recomendaciones para no caer en una lista negra.
Un experto consultado lo graficó de esta forma: si la Argentina le pide información a un banco suizo sobre una persona que tiene la residencia fiscal en Uruguay, el banco no se la va a dar. Pero si Uruguay está dentro de una lista negra por esquemas de residencia fiscal riesgoso, el banco va a tratar de acreditar por otras vías que esa persona es realmente residente fiscal del país.
“Cualquier flexibilización te puede acercar a ser un país de alto riesgo. No es algo que va a pasar mañana pero hay que estar atentos. El tema es qué nivel de audacia tenés cuando implementas los cambios”, explicó a El Observador el experto derecho tributario Carlos Loaiza.
Entre las medidas aprobadas por el actual gobierno está la de tener un patrimonio por cerca de US$ 377 mil y permanecer sólo 60 días en el país. Hasta ahora era necesaria la inversión de US$ 1,7 millones o permanecer 183 días en el país. Ahora se reducen ambos requisitos si se cumplen al mismo tiempo. Además, el gobierno también redujo el monto de la inversión (directa o indirecta) necesario para obtener la residencia fiscal de US$ 4,8 millones a US$ 1,6 millones.
Además, el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley que elevará el plazo de la conocida “vacación fiscal” de 5 a 10 años de quienes tributan el Impuesto a la Renta de los no Residentes (IRNR) del 12%. También se habilita la posibilidad de que quienes configuren la residencia fiscal, puedan optar (en lugar del IRNR) por tributar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a una tasa fija del 7%.
El abogado y socio de Deloitte Juan Bonet fue más cauto y aseguró que, sobre lo que han hablado tanto la OCDE como la Unión Europea, es de esquemas de residencia fiscal de personas que intentan no ser reportadas y que no es el caso de Uruguay. Bonet destacó que el país está adherido al intercambio de información.
Por su parte, el socio fundador de FBM Advisory, Fabián Birnbaum, publicó en su cuenta de Twitter que es necesario “observar de reojo a la OCDE para cumplir con sus estándares”. En diálogo con El Observador aseguró que aunque a uno le guste o no, hay que mirar a ese organismo porque es el que establece las reglas.
“La OCDE saca lineamientos y recomendaciones que son cambiantes y hace revisiones de los países”, aseguró. De todos modos, no existe ningún tipo de reglamentación que Uruguay haya aprobado que sea contraria a los cambios impulsados por el gobierno, según dijo.
La competencia fiscal por atraer dinero e inversiones es normal en todo el mundo, incluso entre países miembro de la OCDE, que ni Uruguay ni Argentina lo son. “Uruguay tiene legítimo derecho a ofrecer a los potenciales inversores ventajas para instalarse, como lo hacen muchos países de todo el mundo”, apuntó Loaiza.
Sin embargo, agregó que es importante que Uruguay “mantenga como prioridad” el cumplimiento de los mejores estándares internacionales en materia de tributación propuestos por la OCDE, algo “absolutamente factible” tal como sucedió con la defensa del régimen de zonas francas, según dijo.
Los casos de Italia y Portugal, dos países integrantes del organismo, fueron mencionados por los distintos expertos como ejemplos en el mundo. Ambos flexibilizaron sus requisitos de residencia fiscal para atraer extranjeros de alto poder adquisitivo sin ningún tipo de complicación.
El caso del futbolista Cristiano Ronaldo, que emigró de España a Italia en 2018, es utilizado como ejemplo de estos cambios. En 2017 Italia aprobó una ley con el objetivo de atraer inversiones extranjeras que establecía que aquellos que tengan su residencia en Italia pagan cada año un impuesto de 100 mil euros (US$ 113 mil) por las rentas obtenidas en el extranjero. El futbolista, que en enero de 2019 fue condenado a pagar una multa por US$ 21 millones por evasión en España, ganó más US$ 60 millones en 2017 por contratos de publicidad.
Un llamador
Si bien todos los expertos destacan las medidas tomadas por el gobierno como un primer paso importante para atraer extranjeros, particularmente argentinos, todos reconocen que no es suficiente. Es que lo principal, además de obtener la residencia fiscal en Uruguay, es darse de baja en el país de origen.
“Prendimos una aspiradora para tratar de atraer gente a Uruguay, pero los otros fiscos también tienen prendida la aspiradora para tratar de retenerlos”, graficó el abogado y tributarista Leonardo Costa. En diálogo con radio Carve aseguró que la decisión de cambiar la residencia fiscal implica mudarse totalmente.
Darse de baja en el fisco argentino no es tarea sencilla, más allá de que ambos países tienen vigente un acuerdo de intercambio de información. Por ejemplo, si un argentino vive y mantiene relaciones estrechas en ambos países, se dejará la residencia fiscal en el país origen. Es decir, la mudanza tiene que ser real.
De todos modos, Costa cree que hay dos públicos que pueden ser tentados por estos cambios. Aquellas personas que estén jubiladas o próximos a jubilarse y que estén viviendo de ahorros y el individuo que decide cruzar con su familia, vivir en Uruguay y tener la mayor parte de su renta en el país.
No hay información
La Dirección General Impositiva (DGI) aseguró a El Observador que no sabe cuántos residentes fiscales extranjeros hay en el país. A través de una solicitud de acceso a la información pública, El Observador intentó conocer la cantidad de extranjeros con residencia fiscal en Uruguay, pero el organismo aseguró que no cuenta con esos datos.
“Se comunica que no se dispone de dicha información dado que no es necesaria a los efectos de determinar la residencia fiscal de una persona física o jurídica”, dice la respuesta enviada. Particularmente, respecto a las personas físicas, la respuesta asegura que “no se toma en cuenta la nacionalidad en términos generales”.
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