El Gobierno está estudiando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para romper con la perversa dinámica de estancamiento de las instituciones y para contribuir, de paso, a corregir la configuración de un marco judicial construido desde un órgano en funciones y que no responde a la actual mayoría parlamentaria. El Partido Popular lleva desde hace meses bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, durante este tiempo, lo ha instrumentalizado para que siguiera haciendo relevantes nombramientos que pudieran atender mejor a sus intereses más inmediatos. Semejante uso torticero de las instituciones está provocando una inquietante erosión del sistema que esta iniciativa pretende corregir.
La propuesta que elabora el Gobierno se sostiene sobre dos patas. De un lado, limitar las funciones del Consejo cuando se cumplan los cinco años de su mandato, que ya se aplicaría sobre el que ahora preside Carlos Lesmes, y, de otro, la elección de los 12 vocales del cupo de jueces sin que hagan falta tres quintos de los votos de las Cámaras, sino solo mayoría absoluta, lo que permitiría romper con el actual bloqueo al no ser necesarios los votos del PP. Los otros ocho miembros que completan el órgano seguirían siendo elegidos por mayoría cualificada de tres quintos al ser en su caso, a diferencia de los otros 12, un requerimiento contemplado en la Constitución.
El mandato del actual Consejo General del Poder Judicial terminó el 4 de diciembre de 2018. Desde entonces, y sin que sus miembros se hayan renovado, ha realizado más de 50 nombramientos de altos cargos, además de designar a 13 magistrados del Tribunal Supremo que conservan su puesto hasta la jubilación. La separación de poderes es uno de los pilares básicos de la Constitución, y los manejos del poder político en el gobierno de los jueces han tenido incluso una llamada de advertencia de Bruselas, que en un informe reciente denunciaba el grave defecto de no renovar el Consejo.
Lo que los constituyentes pretendieron al otorgar el nombramiento de parte de los miembros del Poder Judicial al Parlamento era reforzar la idea de que el pueblo soberano elige al órgano de los jueces a través de sus representantes. La exigencia de que se hiciera a través de una mayoría de tres quintos era una forma de garantizar la estabilidad de la institución y la independencia de sus vocales en tanto obligaba a tejer amplios acuerdos entre partidos. No es, por tanto, un fallo del sistema el que produce esta crisis, sino el uso perverso de las prerrogativas que dan la Constitución y la ley a los políticos.
La necesidad de superar esos bloqueos que tanto deterioran la vida democrática, y a los que el PP ha recurrido cuando está en la oposición, es la que ha empujado al Gobierno a tomar esta iniciativa. Tiene sentido que se limiten las competencias del Consejo mientras está en funciones, como ocurre con el Ejecutivo cuando está en una situación análoga. Más precipitada se antoja la propuesta de que una parte de los miembros del Consejo se elija por mayoría absoluta. Es un camino que puede polarizar aún más la vida política, al evitar acuerdos transversales, y es seguro que potenciaría la inestabilidad cada vez que surgiera una mayoría parlamentaria distinta —que tendría la vía abierta a conformar un Consejo con un peso decisivo de los suyos—. Es previsible, además, que el PP lleve la nueva ley al Constitucional, pendiente también de que se renueven algunos de sus miembros, lo que alimentaría una diabólica espiral de obstrucciones.
La responsabilidad de este desaguisado es del PP. Es comprensible, y necesario en esta situación, que se busquen fórmulas que acaben de una vez con la posibilidad de que un partido recurra a paralizar la renovación de distintas instituciones cuando le conviene, pero debilitar los consensos para romper el actual bloqueo es un riesgo para la democracia. El Gobierno puede explorar otros caminos para sortear este atasco —atender a los procedimientos de algunos países próximos puede ser uno de ellos—, pero es imprescindible que la prudencia guíe cada paso, no vayan a terminar rompiéndose las costuras del sistema. Siempre está en manos del PP evitar que esto ocurra cumpliendo simplemente con sus obligaciones.
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