En los últimos días, una enmienda de Esquerra Republicana a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha corrido como la pólvora incendiando las redes sociales de los militares. La enmienda a la Sección 14 (Ministerio de Defensa) proponía dedicar 34.624 euros a la “exhumación de fosas”. La justificación: “El Ejército español, responsable en un buena parte de los asesinatos de republicanos que están todavía hoy abandonados en cunetas, debe implicarse en la recuperación de estos cuerpos”.
La propuesta no prosperó y a nadie importa cómo se justifican las miles de enmiendas parciales a los PGE, pero en un ambiente caldeado y con la sensibilidad a flor de piel, muchos militares se sintieron ofendidos y cargaron contra el Gobierno, al que reprocharon no defender al Ejército cuando su socio parlamentario le acusaba de asesino. No fue una indignación espontánea: alguien se preocupó de fotocopiar la enmienda de ERC (antes de que se publicara en el boletín oficial) y hacerla circular, azuzando los ánimos.
Las Fuerzas Armadas españolas están formadas por 120.000 militares, el 12% mujeres, sin contar a reservistas y retirados. En público, están obligados a guardar una exquisita neutralidad política: en privado, los hay de todos los colores, aunque mayoritariamente se inclinan por el azul y el verde, como muestran los resultados electorales en los barrios donde predominan las antiguas viviendas militares, hoy en extinción.
En algunos temas son particularmente sensibles, como el pacto con Bildu o el acercamiento de presos de ETA (86 asesinados por la banda terrorista eran militares y 206 guardias civiles). También el cuestionamiento de la Monarquía, por parte de los ministros de Unidas Podemos; o la eliminación del español como lengua vehicular en la reforma de la ley educativa, pues la movilidad les obliga a cambiar de autonomía con hijos en edad escolar.
Su preocupación por estos temas es compartida por parte de la sociedad, pero otros les atañen directamente. La cesión al Ayuntamiento de San Sebastián de los cuarteles de Loyola para conseguir el apoyo del PNV a los PGE cayó como una bomba. Hacía solo dos semanas, el 10 de noviembre, la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, había dicho en el Senado que los cuarteles eran de “vital importancia” y que los emplazamientos alternativos no reunían condiciones adecuadas. Tras conocerse el pacto, Defensa se apresuró a aclarar que la permanencia del Ejército en la ciudad era “innegociable” y en 48 horas anunció su futura ubicación, la antigua hípica militar, pero el mal estaba hecho.
La pertenencia a la misma promoción crea lazos indelebles entre los militares. De los años compartidos de juventud en las academias de Zaragoza, San Javier o Marín nace una relación entre la camaradería y la rivalidad. Décadas después, se siguen reuniendo en cenas o comidas (incluido el Rey, cuando se trata de la XLIV promoción de la Academia General Militar) y muchos se mantienen en contacto a través de grupos de Whatsapp. “Si vieras los mensajes de mi promoción, alucinarías”, confiesa un general en activo, que por supuesto no los muestra.
La filtración del chat que compartía la XIX promoción de la Academia General del Aire (AGA) ha causado estupor en la opinión pública, convencida de que los militares se habían adentrado hace años por la senda de la democracia y la modernización. E indignación en muchos compañeros de armas, que han visto irse por el sumidero el trabajo de muchos años para transformar la imagen de un Ejército heredero del bando que ganó la Guerra Civil en otro identificado con la sociedad española, sin distinguir ideas políticas o territorios.
La lectura de los miles de mensajes de la “la XIX del Aire” retrata a un club de jubilados contándose batallitas de juventud, tragándose los bulos más inverosímiles sobre la covid y vomitando insultos contra el “Gobierno social-comunista”, como harían en torno a una partida de dominó. Solo que la cafetería del casino militar se ha cambiado por los móviles y la dosis de odio ha aumentado hasta niveles insoportables. Sorprende que no sea un sargento chusquero y cafre, en estado ebrio, sino exaltos mandos quienes escriban que “no queda más remedio que fusilar a 26 millones” de españoles (general Francisco Beca) o “desviar un vuelo caliente [con armamento real] a la sede de esos hijos de puta”, por la Asamblea Nacional de Cataluña (coronel González Espinar).
La polarización política ha elevado el diapasón de los debates y la irrupción de un partido como Vox ha normalizado los insultos y las hipérboles —con expresiones como “Gobierno ilegítimo” o “Gobierno criminal”— incluso en un foro como el Congreso, donde sus miembros tienen tratamiento de señorías. Tanto más en la taberna digital que era el chat de militares retirados, cuyos asiduos no ocultaban su simpatía por Vox: Beca lo calificaba de “única tabla de salvación”; y González Espinar proponía “sumar fuerzas con Abascal” si no reaccionaba el PP. “Por supuesto que es nuestra gente”, admitió la diputada del partido ultra, Macarena Olona.
El Ministerio de Defensa optó por mirar para otro lado cuando, el 10 de noviembre, 39 mandos de la XIX del Aire escribieron una carta al Rey en la que cargaban contra el Gobierno y le ofrecían su “más sincero apoyo y profunda lealtad”. Todos estaban retirados y no se les podía aplicar el código disciplinario castrense. Había un precedente: en el verano de 2018, cientos de militares rubricaron el manifiesto de desagravio a Franco, apologia del dictador y justificación del golpe de 1936. Defensa optó entonces por expedientar a los militares en la reserva, pero no a los retirados.
La carta de “la XIX del Aire” pasó desapercibida y solo se hicieron eco algunos digitales de extrema derecha. Sin embargo, la aparición de una nueva misiva al Rey, firmada el 25 de noviembre por 73 exmandos de la XXIII promoción de la academia de Zaragoza (incluidos un teniente general, dos generales de división y cuatro de brigada) encendió todas las alarmas: ya no se trataba de la ocurrencia de unos abueletes, sino de un movimiento concertado para presionar al Rey, arrogándose la representación del Ejército, aunque las misivas solo las rubricaban la mitad de las respectivas promociones.
Los promotores de la iniciativa intentaron repetir la operación en la Armada, sin lograr apoyos suficientes en ninguna promoción de la Academia Naval. En un cambio de estrategia, elaboraron una “declaración” (no una carta al Rey) abierta a todos los retirados. Tuvieron un éxito modesto: de los casi 20.000 militares en esta situación que tienen las Fuerzas Armadas, solo 271 aceptaron inicialmente firmar.
El manifiesto, publicado este sábado, acusa al Gobierno de poner “en grave riesgo la unidad de España y el orden constitucional”, que asegura defender. La paradoja es que su principal impulsor es el general de división retirado Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, dedicada a ensalzar la figura del dictador y amenazada de ilegalización por la futura Ley de Memoria Democrática. Lo suscriben dos tenientes generales (José Pérez Alamán y José Antonio Jiménez), un almirante (José María Treviño), nueve generales de división, dos contralmirantes, dos generales auditores y 18 de brigada; entre otros oficiales jubilados.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aprovechó el martes su intervención en el debate de presupuestos para, desde la tribuna del Congreso, sede de la soberanía popular, acusar a los firmantes de las cartas de intentar “implicar al jefe del Estado”, vulnerando la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Se trataba de intentar cortar en seco una cadena de cartas al Rey con remitente castrense.
El escándalo generado por la filtración del chat llevó a la ministra a elevar el tono y acusar a los implicados de “cobardía”, de actuar “embozados y amparados” por una condición de militar que ya no tienen, mientras el jefe de la cúpula militar, general del Aire Miguel Ángel Villaroya, difundía un insólito comunicado para dejar claro que los abajo firmantes no representan a las Fuerzas Armadas. Defensa optó por denunciar el caso a la Fiscalía, alegando que pueden haber cometido un delito de “usurpación de funciones” por poner junto a su antiguo empleo militar la letra R, que significa “en la reserva”; en vez de la palabra retirado. No parece que la denuncia tenga mucho recorrido, según fuentes jurídicas.
Más fácil habría sido echarlos de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, a la que muchos firmantes pertenecen, que exige a sus miembros una “conducta intachable”. Pero esta expulsión con deshonor no es ya viable porque, en agosto pasado, Defensa modificó el reglamento de la orden y añadió que solo se puede echar a un militar retirado si hay condena firme.
Defensa, que ha hecho catas para saber lo que piensan los militares –al estilo de los “estados de opinión” que se elevaban desde la unidades durante la transición–, asegura que no hay riesgo de contagio al personal en activo; a pesar de que, debido a la endogamia del Ejército, algunos son hijos, sobrinos o nietos de quienes mandan cartas a La Zarzuela. Más allá de lo que piensen en su fuero interno, prima la disciplina. Nadie, aventuran quienes mejor conocen la institución, se va a jugar la carrera sacando los pies del tiesto salvo, en todo caso, alguno ya en tiempo de descuento que busque su minuto de gloria.
Eso no significa que las cartas no sean preocupantes. Más allá de empañar la imagen de las Fuerzas Armada, a quien más perjudican, aunque muchos firmantes no sean conscientes, es al Rey. Tras la iniciativa subyace una doctrina antidemocrática hace tiempo superada: la autonomía militar. Según esta, los ejércitos dependen directamente del Monarca, como Mando Supremo, y no del Gobierno.
En las misivas, los firmantes no piden nada a Felipe VI. Solo le expresan su “apoyo y lealtad”. ¿Para qué? Para que se enfrente al Gobierno. En un artículo publicado el pasado día 9 en El Faro de Ceuta, el excapitán José Manuel Adán, redactor de la carta que los 39 del Aire mandaron al Rey, pasa de la adhesión a la exigencia: emplaza al Jefe del Estado a no firmar un eventual indulto a los presos del procés. Si le hiciera caso, Felipe VI se saldría del marco constitucional. Si no lo hiciera, “perdería toda credibilidad”, según Adán, al menos entre el sector al que este grupo de exmilitares pretende representar. Esa es la trampa.
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