A Bruselas le crecen las disputas judiciales domésticas. Tras los intentos de Polonia de socavar el Estado de derecho —que ha llevado a la Comisión Europea a abrirle un procedimiento de infracción—, Rumania cuestiona ahora la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. El Tribunal Constitucional del país de Europa oriental indicó el pasado jueves en un comunicado que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se puede aplicar sin que se modifique su propia Constitución. Pese a que este pronunciamiento no ha generado polémica ni en los medios rumanos ni en la sociedad —adormecida por el chorro de información sobre el avance de la nueva variante ómicron— puede acarrear importantes consecuencias para el país, sobre todo económicas.
La declaración de la máxima instancia judicial rumana se produjo dos días después de que el órgano europeo señalara que los tribunales de Rumania deberían ignorar las decisiones del Constitucional si estas conducían a la impunidad sistémica en casos de corrupción u otros delitos concernientes a los fondos europeos. El TJUE precisó que los jueces rumanos pueden actuar sin temor a represalias si incumplen las sentencias del Constitucional contrarias a la ley europea.
La decisión del tribunal con sede en Luxemburgo provocó una rápida respuesta de la institución garante de la ley en un país que se halla bajo especial supervisión por parte de la Comisión Europea desde su ingreso en el bloque comunitario en 2007 en materia de lucha contra la corrupción. El TJUE dictó sentencia en base a consultas prejudiciales de tribunales rumanos, inquietos por el hecho de que el Constitucional hubiese anulado por motivos de procedimiento sentencias de altas instancias contra altos cargos tras ser condenados por fraude fiscal y malversación del dinero comunitario. Estas anulaciones podían derivar en la acumulación de demoras e, incluso, que acabaran prescribiendo sus expedientes penales.
“Rumania es un paraíso para los delincuentes”, subraya a EL PAÍS Camelia Bogdan, jueza de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal de Apelación de Bucarest. “Como resultado de una decisión del Constitucional en 2018, Rumania ya no castiga a quienes blanquean dinero para su propio interés, sino solo a quienes lo hacen para otras personas. Por ejemplo, si un infractor gana un millón de euros con la trata de personas o drogas y luego compra esa cantidad en criptomonedas, el peso de la ley no se le echará encima”, explica Bogdan.
“La declaración del Constitucional no es solo un desafío al tribunal europeo, sino un desprecio total al destino del país”, advierte el centrista Stelian Ion, exministro de Justicia cuya destitución a principios de septiembre desató una crisis política que terminó casi tres meses después con la formación de una coalición gubernamental entre socialdemócratas y liberales. Además, la Ley Fundamental establece que “los preceptos de los tratados constitutivos de la Unión Europea, así como los demás reglamentos comunitarios obligatorios, tienen prioridad sobre las disposiciones contrarias de las leyes internas”, sostiene Ion. El exministro acusa al presidente del Constitucional, Valer Dorneanu, de “suscribir decisiones controvertidas, con tintes políticos”, por su pasado como diputado socialdemócrata. Tras su tentativa de despolitizar el poder judicial, Ion cayó fulminado del cargo con el beneplácito del presidente, Klaus Iohannis, quien alcanzó la jefatura de Estado gracias a su cruzada contra la corrupción. Pero este compromiso, según sus detractores y muchos votantes defraudados, se ha evaporado.
Laura Kövesi, antigua fiscal anticorrupción, llevó a juicio a más de 100 altos cargos y metió entre rejas a decenas de políticos. Sin embargo, tras su marcha del Departamento Nacional de Anticorrupción (DNA), la justicia se está asfixiando bajo montañas de casos y los procesos se están prolongando incluso durante años. Una de las razones esgrimidas por Bruselas de este atasco es la la creación de la Sección de Investigación de Infracciones de Justicia (SIIJ), creada por el antiguo Gobierno socialdemócrata en 2018, con la que se persigue investigar a jueces y fiscales.
El sucesor de Kövesi, conocida como el brazo ejecutor de la DNA, Crin Bologa, reveló el lunes que su Fiscalía se vio obligada a clasificar 800 expedientes por despenalización parcial del abuso de poder desde 2016, lo que ha supuesto un perjuicio de 4.000 millones de euros a las arcas del Estado. A estas pérdidas habría que sumar las causadas por los magistrados que fueron “obligados” a declarar inocentes a los delincuentes.
Rumania, que vive ahora un momento de respiro tras superar el récord de fallecidos durante la cuarta ola por covid en noviembre, espera imperiosamente un tramo de unos 3.000 millones de euros que debe recibir en primavera dentro del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Pero esta suma puede estar en riesgo si no sigue acometiendo reformas judiciales encaminadas a la independencia de la justicia.
Tres asociaciones de jueces y fiscales han lamentado la “inexplicable falta de reacción” del Ministerio de Justicia, al que instan a adoptar de urgencia modificaciones legislativas que eviten que la Comisión Europea imponga una sanción económica. “El TJUE podría condenar a Rumania a abonar una multa de un millón de euros al día si insiste en desautorizar la legislación europea, tal como hace con Polonia”, concluye la jueza Camelia Bogdan.
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