El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado este martes un decreto que prohíbe exportar petróleo y productos derivados a países que apliquen un tope al precio del crudo ruso. El veto entrará en vigor el próximo 1 de febrero y durará al menos cinco meses, hasta el 1 de julio. El G-7, los Estados miembros de la Unión Europea y Australia acordaron a principios de diciembre fijar en 60 dólares por barril el precio máximo para el petróleo ruso, como una de las principales medidas restrictivas contra el Kremlin por su guerra en Ucrania, que se suma al embargo de la UE y Reino Unido a la importación de crudo ruso transportado por mar. Moscú se mueve ahora para bloquear la venta a esos países, aunque permitirá las entregas con un permiso especial del Kremlin.
El presidente ruso ya adelantó el pasado domingo que anunciaría la respuesta del Kremlin al tope occidental por barril. Putin afirmó que su país no saldría perjudicado por esa medida: “No perdemos nada por el tope ese”, declaró el jefe del Kremlin, en un discurso, en el que volvió a culpar al Gobierno de Kiev de no forjar la vía para el diálogo que, sin embargo, para Putin significa la capitulación. La producción de petróleo de Rusia puede caer entre 500.000 y 700.000 barriles por día a principios del próximo año, lo que equivale a aproximadamente entre el 5% y el 6% de la producción actual del país, según el vice primer ministro Alexander Novak, que ha resaltado que Rusia prefiere reducir la producción que vender “en línea” al umbral fijado.
El déficit presupuestario de Rusia podría superar el 2% del PIB que estaba planificado para 2023, según ha reconocido este martes el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov. Esa modificación en la proyección se debe al coste de la guerra Rusia en Ucrania (que el Kremlin ha prohibido llamar guerra) y también a la fijación del tope occidental al petróleo ruso.
La respuesta de Putin anunciada este martes es una represalia a lo que el decreto describe como “acciones hostiles” de Estados Unidos, estados extranjeros y organizaciones que contradicen el derecho internacional, y contempla la prohibición del suministro de petróleo y productos derivados desde la Federación Rusa “a quienes prescriben un precio máximo en los contratos”, según recoge la agencia estatal Tass. “La prohibición está vigente en todas las etapas hasta el comprador final”, dice el decreto, que encarga también al Gobierno preparar más medidas para contrarrestar el tope de precios occidental.
La medida que, según el Kremlin, está diseñada “para proteger los intereses de Rusia”, es en cierta medida vaga, ya que no tendrá demasiado impacto por el momento en los países de la UE. Primero, porque el precio de mercado del crudo insignia de Rusia ya se cotiza por debajo del umbral de 60 dólares por barril establecido por la Unión Europea y el G-7 ―lo que significa que la mayor parte del comercio puede continuar independientemente de la restricción― y segundo, porque la mayoría de los países han reducido ya drásticamente sus compras de petróleo ruso con el veto de la UE al crudo que llega por mar.
La UE dio el paso de fijar un tope al petróleo ruso el pasado 2 de diciembre. Tras meses de sanciones sobre sectores estratégicos de Moscú, compensadas en gran medida por el alto precio de venta de los hidrocarburos, los Veintisiete acordaron la imposición de un precio máximo al que el gigante euroasiático puede vender su producción petrolera. Al día siguiente, se sumaron a la medida los miembros del G-7 que no forman parte de la UE (Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Canadá) y Australia.
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A pesar de que China y la India no han secundado el tope, las medidas adoptadas por Occidente también tienen implicaciones sobre las exportaciones fósiles rusas a los dos gigantes asiáticos, ya que muchas de las empresas armadoras y aseguradoras que participan en esos envíos están en países que sí han fijado el precio máximo.
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