De acuerdo a un informe por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Rusia pudo haber violado los derechos de al menos 20 mil niños ucranianos deportados al territorio ruso, constituyendo a crímenes contra la humanidad conforme al derecho internacional.
Estas acciones, destacó el informe firmado por tres expertas en derecho internacional humanitario, hablan de violaciones ininterrumpidas de los artículos de múltiples artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificadas por Rusia y Ucrania en al menos 11 tratados internacionales.
Bajo esta premisa, la misión de la OSCE concluyó “que la práctica del traslado forzoso o deportación de niños ucranianos a los territorios temporalmente ocupados y al territorio de la Federación Rusa puede constituir un crimen contra la humanidad”.
“La Federación Rusa no sólo ha violado el interés superior de estos niños en repetidas ocasiones, sino que también les ha negado su derecho a la identidad y su derecho a unirse a su familia“, señaló el documento de 90 páginas.
Otros derechos también se han visto vulnerados, como al acceso a la educación, salud y a la información, al descanso, ocio, juego y recreación, así como a la participación en las artes y el derecho al pensamiento propio, resaltó el informe.
Las autoras del informe determinaron que ya sea en instituciones en la Federación Rusa o en zonas ocupadas, o dentro de familias rusas de manera temporal, los niños ucranianos deportados se encuentran “en un entorno completamente ruso, incluido el idioma, las costumbres y la religión, y están expuestos a una campaña de información prorrusa que a menudo se asemeja a una reeducación dirigida, además de estar involucrados en formación militar“.
De esta manera, aseguró el informe, Rusia no ha tomado ni toma “ninguna medida para promover activamente el el retorno de los niños ucranianos. Por el contrario, crea diversos obstáculos para las familias que desean recuperar a sus hijos”.
De acuerdo con el derecho internacional, señaló el grupo experto, una fuerza ocupante no puede trasladar población del país ocupado de manera forzosa a su territorio. En el caso de las infancias ucranianas deportadas, estas eran comúnmente separadas de sus padres en puntos de filtración de las autoridades rusas, para luego darles la nacionalidad rusa y se les daba en adopción. Lo anterior, eliminaba su nacionalidad ucraniana, dificultando su localización.
La misión centrada por las expertas Veronika Bílková, Cecilie Hellestveit y Elina Steinerte, se centró en los niños huérfanos y no acompañados en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, siendo uno de los grupos más vulnerables entre los menores desplazados.
Bílková recordó que los crímenes de guerra y contra la humanidad exigen responsabilizar a autores concretos. Por su parte, la Corte Internacional Penal (IP) dictó en marzo una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación ilegal de menores.
El informe fue encargo por 45 de los 57 países miembros de la OSCE, el único organismo regional en el que se sientan en la misma mesa Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras repúblicas ex soviéticas.
Para la recopilación de datos de la investigación, se realizaron entrevistas con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas, víctimas y testigos, especificó el informe.
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