A una contracción del crecimiento económico sin precedentes —y la más pronunciada de la eurozona— le está sucediendo una recuperación mucho más tibia de lo esperado. La desaparición de empresas sigue siendo elevada y si el desempleo no asciende en mayor medida es por la utilización de cuantiosos recursos públicos a través de los ERTE y apoyos financieros, también públicos, a las empresas. La completa recuperación, tanto del crecimiento del PIB perdido como de la renta por habitante, no tendrá lugar antes de pasados los dos próximos años. Las estimaciones recientes de la OCDE sitúan a la economía española entre las mas rezagadas.
Una de las consecuencias más explicitas de un deterioro económico tal es el desplome de la recaudación en todas las figuras tributarias y el ascenso del gasto público, desde luego el asociado a la compensación del aumento del desempleo y al reforzamiento sanitario. El resultado será un déficit público que probablemente superará este año el 10% del PIB y una deuda pública igualmente sin precedentes, superior al 115% del PIB. Desequilibrios ambos generadores de inestabilidad, que hipotecan el crecimiento futuro y, desde luego, el bienestar de las siguientes generaciones. En mayor medida si tenemos en cuenta que el gasto por intereses está siendo excepcionalmente bajo gracias a las intervenciones del BCE, cuya vigencia es limitada.
Es en ese contexto en el que hay que contemplar el eventual mantenimiento de las rentas salariales de los empleados públicos, al menos de la mayoría de los mismos. La reducción de la inflación es otra de las consecuencias de esa situación económica excepcional que está sufriendo nuestro país. El IPC sigue siendo negativo y lo será al término de este año. Tampoco la capacidad adquisitiva de los salarios es previsible que sufra una erosión inflacionista en 2021. En consecuencia, mantener los salarios que han estado vigentes este año no es un atropello social. Especialmente teniendo en cuenta que en el colectivo de funcionarios la incertidumbre sobre la conservación del empleo es mucho menor que en el resto de los trabajadores.
La justificación económica y de prioridades sociales en la asignación del gasto público no debería impedir la diferenciación en el seno de ese amplio y heterogéneo grupo de empleados públicos. Los pertenecientes al sector sanitario son acreedores de una compensación adicional al esfuerzo realizado, al valor de la función que están realizando en condiciones ciertamente difíciles en muchos casos. Esa diferenciación estaría tan justificada como la que, en condiciones normales, en el conjunto de los trabajadores se aplica por razones sectoriales, de dificultades específicas o simplemente, para reconocer la contribución diferencial a la productividad.
Que en la cuidadosa priorización del gasto público en circunstancias extremas como las actuales, los empleados públicos mantengan en términos reales sus rentas podría ser compatible con compromisos de rentas vinculadas a la evolución futura de los desequilibrios. Desde luego los de las finanzas públicas, pero también al propio crecimiento económico y a la evolución del coste de la vida. En circunstancias extremas como las actuales, atender solo al corto plazo puede ser no solo un error, sino también una muy explícita señal de insolidaridad.
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