Las líneas entre lo público y lo íntimo, la seguridad y la vigilancia, lo laboral y lo personal, se están desdibujando. Solemos hablar de gobiernos autoritarios y de gigantes tecnológicos que comercian con nuestros datos, pero fuera del radar hay otros aspectos del mismo fenómeno: cada vez más empresas, sobre todo anglosajonas, se suman a esa cultura invasiva y exigen al empleado un determinado estilo de vida. Es la salud coercitiva: entrometerse en los hábitos de los trabajadores para ahorrar costes médicos o mejorar la productividad. En EE UU la compañía de alquiler de furgonetas U-Haul pedirá análisis de nicotina a sus nuevos contratados en 21 Estados. No empleará a ningún fumador, aunque este lo haga en sus horas libres. La empresa dice que quiere fomentar una cultura saludable. Reconoce que así pagarán primas más bajas a los seguros médicos en un país donde la sanidad es cara, mayormente privada e ineficiente.
La productividad va cuesta abajo y los planes coercitivos de bienestar son una forma de recortar costes. Un estudio de la Fundación Kaiser en 2018 estimaba que ocho de cada diez compañías de más de 200 empleados han implantado alguno, disfrazado de premio o abiertamente punitivo. Hace un par de años, profesores de Virginia denunciaron que debían someterse a análisis de glucosa y de masa corporal, o llevar todo el día pulseras que medían sus pasos. Podían negarse, pero entonces tendrían que pagar una penalización de 500 euros en el copago de su seguro.
La tecnología no solo se está usando para evitar el absentismo, garantizar la seguridad del personal y proteger los secretos industriales. El trabajador pasa a serlo 24 horas al día: cuánto duerme y qué come pueden traducirse en datos que nutren al departamento de recursos humanos. Aplicaciones como Ovia permiten vender “información agregada a terceros”. Entre ellos, a sus jefes y a las aseguradoras, que pagan por saber cuándo las empleadas se incorporarán a su trabajo tras un embarazo o si han tenido complicaciones.
En un mundo incierto, cambiante y competitivo, en el que cada vez se trabajará más en remoto, las relaciones entre empresa y trabajador no pueden regularse por un falso paternalismo. No es fácil encontrar el equilibrio. En Francia, Bélgica y España, que están en el polo opuesto a EE UU en protección social, existe el llamado derecho a la desconexión digital para que se respeten los tiempos de descanso y vacaciones. Se incumple.
Las empresas estadounidenses no están obligadas por ley a revelar cómo vigilan a sus empleados mediante dispositivos corporativos, como un teléfono, aunque suelen incluir una cláusula general en los contratos en la que mencionan esta práctica. El problema es cuando se toma al empleado por un dispositivo más. @anafuentesf
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