La pandemia ha propinado un duro golpe al mercado laboral español en 2020. La afiliación ha caído en más de 360.000 personas y el paro ha aumentado en más de 724.000. Se trunca así la serie de seis años seguidos de recuperación que, aunque con gran protagonismo del empleo precario, temporal y poco productivo, había permitido recuperar los niveles alcanzados antes de la crisis anterior. Desafortunadamente, el futuro más inmediato no va a ser mejor. El invierno es la peor época en el muy estacional mercado de trabajo español. Además, y sobre todo, la nueva expansión de la pandemia hace prever dificultades y restricciones que oscurecen el horizonte.
Todos los elementos disponibles apuntan pues a que los ERTE seguirán siendo necesarios durante más tiempo. Hasta ahora han sido una herramienta esencial para amortiguar el impacto del virus sobre empresas y trabajadores. La comparación con lo sucedido en crisis anteriores lo demuestra. Lo habitual en España cuando llegan las recesiones ha sido un retroceso mucho mayor del empleo que del PIB. Durante la pandemia esa relación perversa se ha invertido. Esto muestra que el mecanismo es útil y ha cumplido sus objetivos por el momento, pese a que ha tenido problemas de gestión (atascos en el SEPE y los servicios autonómicos de empleo o retrasos en el cobro de algunas prestaciones).
El reto ahora es que siga funcionando, incluso mejor, en los próximos meses. El próximo día 31, caduca la regulación extraordinaria que se aprobó en otoño y esta misma semana los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social comienzan a negociar con los agentes sociales su prórroga. Los máximos responsables de ambos departamentos —Yolanda Díaz y José Luis Escrivá— ya han dejado claro que su intención es renovarla por tercera vez con los ajustes que crean necesarios tras analizar su funcionamiento. Los sindicatos y los empresarios aprovecharon ayer la publicación de los datos del mercado laboral para reclamar su prolongación. Entre los patronos no faltan sectores —los hoteleros— que ya piden incluso llevarla hasta fin de año.
De momento, sería recomendable una negociación que concluyera pronto, sin apurar el plazo al máximo. La propia Yolanda Díaz ha hablado del 15 de enero. Hay que ofrecer con rapidez certezas y confianza a las empresas para que puedan hacer sus previsiones. En cuanto al horizonte temporal, parece razonable una prórroga que llegue hasta la finalización del actual estado de alarma en mayo. Un plazo demasiado corto causaría una indeseable inestabilidad; uno demasiado largo, una atadura ilógica en un escenario muy cambiante. Será necesario reevaluar la situación en el segundo trimestre, y quizás planificar entonces una transición con esquemas de apoyo más selectivos. También parece oportuno que se contemplen medidas que ayuden a que los afectados por los ERTE no pierdan facultades y a facilitar su reciclaje si posteriormente su empleo acaba destruido.
Es verdad que la prolongación del mecanismo conlleva el riesgo de sostener empresas o actividades que tras el virus tengan poco —o ningún— futuro, el fenómeno conocido como zombificación. Pero las circunstancias actuales aconsejan que todavía se siga apostando por un fuerte respaldo al tejido productivo y el empleo a través de las diferentes modalidades extraordinarias de ERTE.
Source link