El alquiler siembra de nuevo discrepancias en el seno del Gobierno. En la pasada legislatura, la cuestión levantó ampollas entre PSOE y Podemos y por eso en el pacto de coalición se selló la paz con un compromiso: poner algún tipo de límite a las rentas. Salvado ese escollo, la discusión que ha aflorado ahora es el cómo y el cuándo. La formación de Pablo Iglesias cree que es el momento de hacerlo, aprovechando para blindar una ley que ha aprobado Cataluña en ese sentido; la cuota socialista del Gobierno prefiere esperar a que pase la pandemia y definirlo en la futura ley estatal de vivienda. Así están las cosas:
Una discrepancia ¿presupuestaria?
La última división de opiniones a costa del alquiler se ha hecho pública estos días, a la vez que se cerraba el borrador de los Presupuestos. Diversas fuentes del Gobierno insistían en que lo único pendiente para cerrar el acuerdo eran unos “flecos”. La propia formación morada admitía el pasado viernes, cuando el vicepresidente segundo se reunió con representantes de los sindicatos de inquilinos para dar fuerza a su reivindicación, que el pacto sobre los alquileres podía abordarse en paralelo a la negociación de las cuentas públicas. No obstante, las reuniones para tratar el tema son constantes y se han intensificado en los últimos días. Este mismo viernes, seis grupos parlamentarios que favorecieron la investidura de Pedro Sánchez (Unidas Podemos, Más País, Compromís, BNG, ERC y Bildu) y la CUP (que votó en contra) se han adherido a un manifiesto de los sindicatos de inquilinos y han emitido un comunicado conjunto en el que piden “que se impulse una regulación de los precios del alquiler de forma urgente”.
Una ley en peligro
El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 9 de septiembre una ley que limita los alquileres en 60 ciudades de esa comunidad, incluyendo las cuatro capitales de provincia. Los precios de arrendamientos quedan condicionados a lo que marque el último contrato de un inmueble que haya sido alquilado en los últimos cinco años o al índice de precios que establece la agencia catalana de vivienda. Sin embargo, la norma nació amenazada porque el propio Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat ya advirtió que invadía competencias estatales (los alquileres se regulan en la Ley de Arrendamientos Urbanos).
Aunque el Gobierno no ha mostrado interés en recurrir la norma catalana, Unidas Podemos ha argumentado la conveniencia política de blindarla con un cambio legal que permita a las comunidades poner límites a los arrendamientos. Con ese gesto, creen que se allanaría el camino a la aprobación de los Presupuestos con la mayoría de la investidura, que incluye a los nacionalistas catalanes. Aunque sea por omisión, el partido de Pablo Iglesias deja también claro que prioriza esa opción sobre la otra que hay sobre la mesa: un acuerdo con Ciudadanos para sacar adelante las cuentas.
Los otros argumentos de Podemos
Además del argumento político de allanar la negociación parlamentaria de los Presupuestos, la formación morada apela a la “emergencia social” que vive España. Creen que ese es un motivo para hacer cumplir uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de coalición, que se comprometía a frenar las subidas abusivas de alquiler. Para hacerlo, proponía usar el índice oficial de precios de referencia y habilitar a comunidades autónomas y Ayuntamientos a utilizarlo. Además, contemplaba tomar “en cuenta los avances de aquellas comunidades” que tuvieran un sistema propio de referencia de precios, como es el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Puesto que Cataluña ha dado el paso adelante de regular, Unidas Podemos cree que es el momento de respaldar esa vía.
El partido del vicepresidente segundo no ha precisado cuál es el instrumento legal concreto que se usaría, pero sus dirigentes señalan que el modelo catalán es interesante y apuestan por que se pueda extrapolar a otros territorios. Las competencias en vivienda están transferidas y no hay duda de que deben ser las comunidades las que limiten los alquileres, pero el Gobierno tendía que proveer el marco legal para ello y queda claro que uno de los escollos actuales es la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta señala en uno de sus artículos que el precio de las rentas es el que pactan libremente el propietario y el arrendador. La modificación de ese artículo ya centró discusiones en el pasado entre Podemos y el PSOE.
Lo que dice el PSOE
La cuota socialista del Gobierno sostiene que la limitación de rentas es un compromiso de legislatura y debe abordarse, pero argumenta que no es el momento de hacerlo. Para ello, recuerdan que el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se comprometió el pasado febrero a llevar la cuestión al parlamento antes del verano. Pero luego llegó la pandemia y lo cambió todo: primero retrasó la puesta en marcha del índice oficial de precios, que estaba prevista en marzo y se acabó publicando en junio. Y en segundo lugar, expresan dudas sobre la foto que muestra esa estadística porque creen que no responde a la realidad actual.
El PSOE considera que la crisis del coronavirus ha trastocado profundamente la economía y con ello los alquileres. En respuesta, se han impulsado medidas de emergencia como las quitas y aplazamientos de rentas, la moratoria de desahucios y la prórroga automática de los contratos de arrendamiento. Nada de eso se aprecia en el índice oficial de precios, que se basa en las declaraciones de renta y por tanto muestra datos antiguos. La consigna es esperar a ver cómo queda el mercado antes de aprobar una normativa que delimite qué zonas pueden declararse tensionadas y son susceptibles de poner topes a las rentas. Además, se acaba de abrir el proceso de consulta pública del Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, por lo que quieren abordar la cuestión en esa norma, que previsiblemente llegará al Congreso el año próximo.
Inquilinos a favor, empresas en contra
Al margen de las posiciones de los dos partidos del Gobierno, la cuestión suscita debate social. Los sindicatos de inquilinos siempre se han posicionado a favor de la regulación de los arrendamientos, han sido los mayores impulsores de la ley catalana y, a grandes rasgos, mantienen la misma posición de Podemos de actuar cuanto antes. Muchas organizaciones sociales, 9.000 según los promotores, han firmado esta semana un manifiesto que pide la regulación de los alquileres. En el sector inmobiliario, por el contrario, la postura más generalizada es el rechazo a que se limiten por ley las rentas. Uno de los argumentos más repetidos es que puede contraer la oferta porque, ante la inseguridad jurídica, los propietarios de vivienda prefieran no alquilarla. Unos y otros apelan a ejemplos internacionales, donde en los últimos tiempos han proliferado experiencias de control de precios, que refuerzan sus puntos de vista. En España, la ley catalana es demasiado reciente como para extraer conclusiones.
Un conflicto antiguo
Los roces por los alquileres no son ninguna novedad, más bien han sido una constante desde la exitosa moción de censura de junio de 2018. En el acuerdo presupuestario de octubre de 2018, firmado entonces por el Gobierno monocolor de Pedro Sánchez y por Unidas Podemos, ya se recogía un compromiso para limitar las rentas. Sin embargo, el punto álgido del enfrentamiento se alcanzó poco después. A finales de enero de 2019, Podemos frustró la convalidación parlamentaria de un decreto sobre vivienda aprobado por el Gobierno, lo que obligó luego a renegociar otro texto in extremis ante la inminente convocatoria electoral de abril de 2019. Desde entonces se han limado muchas asperezas y, en esta ocasión, nadie cuenta con que las discrepancias lleguen tan lejos.
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