Pedro Sánchez quería llegar a la recta final de la negociación del gran fondo europeo, que se tiene que cerrar en julio, con el aval de un gran acuerdo entre Gobierno, patronal, sindicatos y oposición de las líneas básicas a seguir. Este viernes logró la primera parte: recibió un empujón expreso de los agentes sociales para negociar en Bruselas el fondo europeo de recuperación, que podría suponer hasta 140.000 millones para España. Los empresarios, eso sí, le pidieron que no les suba los impuestos. Pero falló la segunda: no fue posible alcanzar grandes acuerdos con el PP en la comisión de reconstrucción en el Congreso. Hubo foto en La Moncloa con empresarios y sindicatos, pero el principal partido de la oposición se quedó fuera de los pactos en el Congreso.El presidente del gobierno Pedro Sanchez en la firma del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo. En vídeo, parte de sus declaraciones.(Foto: Álvaro García | Vídeo: EFE)El espaldarazo que esperaba el Gobierno recibió la forma de un acuerdo por el empleo y la reactivación económica suscrito con solemnidad en La Moncloa. Ni el presidente ni los líderes sociales ocultaron que estaban lanzando un mensaje de unidad a Bruselas (y a Berlín, y a La Haya, Viena y Estocolmo, las tres cancillerías más alejadas de las posiciones de España). El contraste de lo que sucedía en La Moncloa —con la patronal aplaudiendo al Gobierno— con el choque en el Congreso, donde finalmente las posturas del PSOE y el PP se mantuvieron muy alejadas, no es nuevo. La patronal lleva meses en un tono mucho más suave que el PP, pese a que las coordenadas ideológicas de la CEOE están más cerca de los populares que de los socialistas.Antonio Garamendi, líder de CEOE, ya ha firmado cuatro grandes acuerdos con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que fue recibida con reticencias por los empresarios. Sin embargo, esa divergencia entre lo que sucede en el diálogo social y la tensión que se vive entre los dos grandes partidos se hace más evidente ahora que España tiene por delante una negociación clave en Europa. En las últimas semanas parecía que el PP estaba decidido a atemperar su posición, pero de nuevo en el último momento los grandes acuerdos de mínimos que han logrado con patronal y sindicatos fueron imposibles en el Congreso.El espaldarazo de los empresarios para la negociación europea no solo estuvo en el documento de seis páginas que firmaron las tres partes. También en los discursos. “[El acuerdo] tiene una parte fundamental, queremos más Europa. El presidente tiene nuestro apoyo. Estamos aquí para sumar, por sentido de Estado”, señaló con contundencia Garamendi. Igual de claro fue el secretario general de CC OO, Unai Sordo: “Presentamos un acuerdo que traslada una idea de solidez de país, de solvencia. Lo traslada al exterior, a la UE. A nadie se le escapa que el compromiso tiene una traslación externa muy relevante”. “Este acto genera expectativas y confianza”, apostilló Pepe Álvarez, líder de UGT. “Ponemos en valor este acuerdo en un momento complicado para el país”, remató Gerardo Cuerva, de Cepyme.Sin embargo, no todo fueron buenas palabras. Tanto Garamendi como Cuerva fueron muy críticos ante Sánchez con la posibilidad de una subida de impuestos que el Gobierno tiene comprometida en su pacto de Gobierno con Unidas Podemos y que es una de las medidas clave de los Presupuestos que prepara el Ejecutivo. Se trataría de establecer elevar el IRPF de quienes ganan más de 130.000 euros al año, es decir, apenas un 0,5% (poco más de 110.000 personas) de quienes pagan este impuesto. También se pretende fijar un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades que pagan las grandes empresas, una reforma que solo afectaría al 1% de empresas. En teoría esas compañías tienen que pagar un 25% —30% en el caso de bancos y petroleras— pero la realidad es que con el enorme abanico de exenciones las principales empresas del país tienen tipos efectivos por debajo del 10%. El Impuesto de Sociedades es una de las grandes preocupaciones del Gobierno porque su recaudación se ha desplomado en los últimos años incluso en épocas de bonanza, gracias a la última reforma del PP. Sánchez ya quiso cambiarlo en 2019, pero los Presupuestos decayeron por decisión de ERC.Los empresarios rechazan cualquier tipo de subida de impuestos, pero a la vez reclaman más dinero en ayudas para distintos sectores y sobre todo prorrogar hasta fin de años los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que suponen ahora mismo un gasto público de más de 5.000 millones al mes.“Pido al Gobierno que siga apostando por la empresa. La subida de impuestos es un error, sea para las grandes o para las pequeñas. Puede lastrar el crecimiento y dificultar la llegada de inversiones”, señaló Cuerva, representante de las pymes. “No compartimos el planteamiento fiscal del Gobierno. No es el momento de estos temas”, cerró Garamendi.Sánchez, que el día anterior había dado por hecha esa subida —que está en su programa, en los acuerdos de coalición y en el documento de conclusiones de la comisión de reconstrucción— evitó el asunto frente a los empresarios. La respuesta llegó de los sindicalistas: “Para nosotros el gasto público es fundamental. Se ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de la cobertura de las empresas. Nunca se ha hecho algo así”, apuntó Álvarez, de UGT.En el texto del pacto se fijan varias líneas de trabajo sobre las que negociar entre patronal y sindicatos, como la formación o la regulación del teletrabajo. Y uno en el que el presidente hizo hincapié: una nueva regulación de los ERTE que los impulse como elemento de flexibilidad interna en las crisis frente a los despidos.No hay puntos de fricción explícitos sobre el papel. No se menciona explícitamente la derogación de la reforma laboral, pero sí se habla de una “modernización del marco laboral” y poco después se dice que las partes se comprometen a “reactivar, con carácter inmediato, las mesas de diálogo social ya constituidas e incorporar medidas tendentes a la creación de empleo”. Entre las negociaciones que interrumpió la pandemia está la que trataba, precisamente, de abordar los cambios en el Estatuto de los Trabajadores que incluye el Pacto de Gobierno, y este acuerdo sí que menciona esa derogación.En un ambiente en La Moncloa de gran acuerdo, Garamendi, que además es vicepresidente de la patronal europea, hizo otro guiño y respaldó la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo: “Vicepresidenta, te deseo lo mejor, como vicepresidente de los empresarios europeos tienes todo mi apoyo”.
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Sánchez logra atraer a la patronal a un gran pacto económico pero no al PP
