La batalla de España y Portugal en Bruselas empieza a dar sus frutos. La UE se abre a dar carta blanca para adoptar medidas para frenar la crisis de los precios de la energía a nivel nacional, aunque la Comisión se reserva la última palabra para aprobarlas. Ambos países han logrado que el resto de socios comunitarios entiendan su particularidad como “isla energética” y que se incluya un cambio de texto en el borrador de las conclusiones del Consejo Europeo que se celebra este viernes en Bruselas.
“Se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”, recoge la última versión del texto. Las medidas tendrán que ser temporales y España tendrá que demostrar que no distorsionan excesivamente la competencia. La Comisión Europea, por su parte, se compromete a evaluar las intervenciones con un procedimiento de urgencia y a tener en cuenta para su veredicto el volumen de interconexión de los mercados, una variable que favorece a España, que solo llega al 2,8%.
La propuesta de compromiso ha llegado al filo de las seis de la tarde, después de varios recesos, entre ellos uno que ha forzado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a mediodía, marchándose de la sala y obligando al presidente del Consejo, Charles Michel, a realizar una pausa técnica.
“En el contexto actual de precios muy elevados de la electricidad, la Comisión está dispuesta a evaluar urgentemente la compatibilidad [con la normativa comunitaria] de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros”, asegura el nuevo texto de conclusiones. “Al evaluar dicha compatibilidad, la Comisión también se asegurará, mediante un procedimiento acelerado, de que se cumplen las siguientes condiciones: las medidas reducen los precios del mercado de electricidad al contado para las empresas y los consumidores y no afectan a las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. Al realizar esta evaluación, se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”.
La cumbre de la guerra —con Bruselas reconvertida en el “centro del mundo libre”, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen— ha mudado la piel en su segunda jornada. Una vez se ha marchado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y zanjados ya los asuntos de Ucrania y las sanciones contra Rusia, la reunión de los Veintisiete se ha reconvertido en un encuentro monotemático sobre la crisis de los precios de la energía. España juega en esta ocasión el papel protagonista, y sus argumentos amenazan con dilatar las negociaciones hasta el final de la jornada. De momento, la UE se resiste a ir tan lejos como para aceptar las peticiones de España, que reclama ser tratada como una “isla energética” y poder actuar a corto plazo en el mercado de la luz por su cuenta, invocando un artículo previsto por los tratados europeos para situaciones extraordinarias.
Con todos estos ingredientes, el guiso de un texto de conclusiones pactado por los Veintisiete se anticipaba muy complejo: “Todo revuelto por ahora”, señala durante el fragor de las negociaciones una fuente del Ejecutivo comunitario, tras más de cinco horas de debate de los líderes este viernes. Otras fuentes del Consejo son algo más optimistas: “Hay una zona de aterrizaje”, aseveran. Pero esa pista no contempla, de momento, la iniciativa española, sino compras conjuntas de gas, al estilo de las usadas para la compra de vacunas contra la covid, coordinación en el almacenamiento de combustible y una posible mención de último recurso a límites de precios, pero a nivel comunitario.
Sánchez ha llegado a la cita con sus homólogos con una propuesta rotunda y complicada de negociar: que la UE permita a España y Portugal, los dos países de la Península Ibérica, actuar como una “isla energética”, argumentando su escasa interconexión energética con el resto de la UE (por la reticencia de Francia). Pero los Estados miembros no parecen dispuestos a ir tan lejos como para dar soluciones a la medida de cada país: “Estamos buscando una solución que sea válida para los Veintisiete”, indican fuentes del Consejo.
Madrid reclamó en un principio que se pudiera aplicar el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo texto asegura que el Consejo, a propuesta de la Comisión, “podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieran dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía”.
Alemania y Países Bajos se resistían a dar su brazo a torcer. La idea de una excepción española no les gusta: se corre el riesgo de que, por una situación coyuntural, se fragmente el mercado y se rompa un sistema que, según argumentan, ha funcionado para todo el mundo y ha permitido energía barata y el desarrollo de las renovables. Los holandeses, además, temen que España se quiera acoger al segundo punto del citado artículo, que menciona “una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión”. La delegación española asegura, sin embargo, que las medidas que querrían tomar no supondrían ninguna carga económica para la UE. La referencia al artículo 122 se cayó del texto finalmente.
Pero después de meses, Pedro Sánchez ha logrado al menos ganar una parte de la batalla: ha colocado la factura de la luz en el debate comunitario. El presidente español ha liderado desde el pasado verano una especie de entente de países golpeados por el alza disparada de los precios del gas y su irremediable contagio al resto de la energía. Mientras, las instituciones comunitarias han cambiado su discurso: si hace unos meses aseguraban que se trataba de una cuestión coyuntural y que el mercado energético europeo funcionaba a la perfección, ahora se han abierto a discutir medidas extraordinarias de emergencia para aplicar en el corto plazo.
En estos momentos las cifras del zarpazo energético ya se sienten en todo el bloque comunitario: en los últimos 12 meses, los precios al por menor del gas natural y la electricidad han subido respectivamente un 65% y un 30%, según cifras del Ejecutivo comunitario. Y la situación parece agravarse por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, de donde vienen tradicionalmente más del 40% de las importaciones de gas a la UE, que necesita traer de fuera de sus fronteras el 90% del gas que consume.
El panorama ha cambiado en esta cita. Un creciente número de capitales han ido sumándose a una corriente que aboga por intervenir de algún modo los mercados energéticos de forma urgente. A España le acompañan otros como Italia, Portugal y Grecia, o incluso Bélgica, cada uno con propuestas específicas, en función de su mix energético y de las particularidades de su mercado.
La Comisión Europea, además, ha aportado combustible al debate al presentar esta semana un menú con seis opciones posibles con las que se podría actuar “a corto plazo” a nivel comunitario o nacional sobre los precios: desde poner un precio de referencia en el mercado mayorista a establecer límites a estos precios o crear “agregadores” (proveedores que negocien precios ventajosos de forma conjunta y en nombre de otros). Todas ellas con beneficios y un buen número de inconvenientes para el mercado interior, el suministro o la competencia. Pero la propuesta ya está sobre la mesa, para que la estudien y quizá le den el visto bueno las capitales. Muchas de estas medidas, hace tan solo unos meses eran consideradas poco menos que una aberración del libre mercado.
Los tiempos son otros. “Estamos viviendo una guerra”, asevera una fuente del Consejo al tanto del debate. “Son circunstancias excepcionales”. Y muchos de los líderes parecen haber entendido que esas circunstancias extraordinarias también requieren medidas adicionales. Fuentes diplomáticas añaden que el debate sobre la energía ha arrancado precisamente con una presentación de Von der Leyen en la que ha pasado revista a alguna de estas opciones. Al acabar su intervención ha enumerado, a modo de guía, lo que el Ejecutivo comunitario considera una aproximación razonable a la crisis: ir hacia compras conjuntas de gas, al almacenamiento coordinado. Y finalmente: “Si fuera necesario, podrían considerarse límites a los precios”.
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