Pulso al máximo nivel en el Gobierno. El presidente Pedro Sánchez convocó la noche del lunes un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes con un solo asunto en el orden del día: las ayudas a las empresas. La vicepresidenta Nadia Calviño se ha mostrado reticente a dar ayudas directas a las empresas más afectadas por la crisis, pero se ha topado con la oposición de Podemos y otros miembros del Gobierno, y con el activismo de Sánchez al respecto. Esa división retrasa unos días el plan, que debía aprobarse este martes. Aparecen así dos líneas de falla en el Ejecutivo: serias diferencias entre Calviño y Podemos, pero también con otros ministros del área económica por la participación de las autonomías en la gestión de las ayudas, según fuentes de La Moncloa.
El rebote de la economía española a partir del segundo semestre, y sobre todo en 2022, promete ser potente tras el desplome de 2020. Pero hasta que el PIB arranque quedan cuatro meses, quizá seis, en los que pende de un hilo la supervivencia de decenas de miles de empresas, que han visto cómo sus ingresos desaparecen y sus deudas se disparan. El presidente Pedro Sánchez anunció hace dos semanas un plan de ayudas de 11.000 millones (un punto de PIB) para evitar una oleada de suspensiones de pagos de la que el Banco de España lleva meses alertando. Sánchez ponía así presión sobre la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reticentes a ese tipo de medidas. Pero nadie ha sido capaz de poner por ahora el cascabel a ese gato, y Sánchez redobla la presión: al filo de las 22:30 del lunes, el presidente convocó un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes, a la vista de que Calviño no daba su brazo a torcer y el decreto de ayudas, que tenía que ser aprobado este martes, no salía adelante.
Las divisiones en el Gobierno, en fin, provocaron el lunes el retraso de esas medidas. Calviño se muestra reacia a aprobar ayudas directas no reembolsables a las empresas, similares a las que tienen Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y hasta Portugal. Parte del Consejo de Ministros considera que España ya llega tarde. Calviño y Montero siguen con un ojo puesto en el déficit y la deuda —son partidarias de acometer solo los estímulos imprescindibles— y recelan del daño reputacional que puede tener ese tipo de medidas si no salen bien, según las fuentes consultadas. Pretenden, además, que sean las comunidades autónomas quienes gestionen el fondo destinado a dar transferencias no reembolsables a las empresas; tanto Podemos como varios ministros sostienen que debe ser la Administración del Estado quien gestione ese capítulo.
Calviño se juega mucho capital político en ese envite. Y mantiene el pulso hasta al final pese a que tiene dos problemas en el seno del Consejo de Ministros, según las fuentes de cuatro de los ministerios involucrados en ese plan y de La Moncloa. Por un lado, la enésima trifulca con Podemos, que le afea que no ha negociado con transparencia. Y un segundo foco de tensión con otros ministros del área económica, que critican aspectos medulares de las medidas.
Podemos hizo pública el lunes una propuesta en la que considera que las ayudas no reembolsables a las empresas deben ser de al menos 8.000 millones. Además, el partido que lidera Pablo Iglesias está en contra de que sean las autonomías quienes gestionen ese fondo; quiere condicionar las ayudas a compromisos de mantenimiento del empleo, y no es partidario de focalizar los fondos en los sectores más afectados.
Un sector del Gobierno, más allá de Podemos, discute también el diseño de ese plan. Los 11.000 millones en total se vehicularán a través de tres fondos: uno de recapitalización de empresas medianas a través de Cofides de unos 1.000 millones; un segundo fondo de unos 5.000 millones para reestructurar deudas del ICO, y un tercero (de unos 5.000 millones, aunque ninguna de esas cifras está cerrada) con las ayudas directas, destinadas a las empresas con dificultades de pago a los proveedores. Ese último es el nudo gordiano en el que se concentran las dificultades técnicas y políticas que se pusieron de manifiesto en una última reunión, la noche del lunes, en la que ni siquiera la presión de La Moncloa consiguió desatascar el asunto.
Las ayudas se condicionarán al pago de los gastos fijos —alquileres incluidos— y se darán a firmas con caídas de ingresos superiores al 30%. Hasta ahí hay consenso. A partir de ahí, niebla: Economía y Hacienda son partidarias de focalizar las ayudas en los sectores más castigados, mientras Podemos prefiere vincularlas a mantener empleos. Calviño y Montero pretenden que sean las autonomías quienes gestionen el fondo, pero Moncloa admite que ese punto es controvertido: hay empresas que operan en todo el territorio, problemas relativos a la unidad de mercado y dudas acerca de la gestión que han hecho las autonomías de las ayudas directas que han gestionado hasta ahora por unos 2.000 millones.
“Este Gobierno tiene la vocación no solo de no dejar a nadie atrás, sino de mirar siempre hacia adelante”, dijo Sánchez hace dos semanas al anunciar las ayudas. 15 días después, el plan sigue sin estar listo: la fumata blanca se espera para el viernes.
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