El mes de julio definirá buena parte del futuro político y económico de España. Y no será en el Congreso donde se juegue esa gran partida. Allí poco a poco se va rebajando la tensión política de las últimas semanas, pero la batalla de verdad está en otro lado. Es en el debate entre las cancillerías europeas, y finalmente en la cumbre comunitaria de dentro de dos semanas y en una segunda reunión en Bruselas a finales de mes, donde se definirá cómo sale España de la crisis y qué margen tiene el Gobierno para invertir dinero público que frene las dramáticas consecuencias del coronavirus.
Así lo ven en La Moncloa, y Pedro Sánchez actúa en consecuencia: toda su agenda de las próximas semanas está concentrada en esta batalla, tanto que está preparando la posibilidad de acudir a Alemania para ver a la negociadora clave, Angela Merkel —aunque aún no es seguro que ella quiera recibir primeros ministros en un momento en que tiene que mantener una cierta neutralidad al asumir la presidencia semestral de la UE—, pero también está intentando cerrar dos viajes más complicados: uno a Holanda, el país más duro, en manos del liberal Mark Rutte, y otro a Suecia, donde gobierna el socialdemócrata Stefan Löfven, también en el grupo de los llamados frugales, que se resisten a aceptar el gran fondo de reconstrucción.
Löfven y Sánchez tienen buena relación —el español incluso hizo campaña con él en las últimas generales en Suecia— y en La Moncloa confían en poder suavizar su postura y también la del liberal Rutte. En esta agenda acelerada, pendiente de la cumbre del 17 y 18 de julio —la primera presencial después de meses de videconferencias—, Sánchez también tiene previsto recibir en Madrid al italiano Giuseppe Conte, el día 8. Los viajes no están cerrados pero los gabinetes trabajan para cuadrar agendas en un momento en el que todos los presidentes europeos multiplican sus contactos.
El martes Sánchez aprovechó una cumbre del Sahel en Mauritania para ver al francés Emmanuel Macron y hablar sobre este asunto, y este miércoles también se ha visto con el primer ministro portugués, el socialdemócrata António Costa. El 16 de julio, en el homenaje que organizará España por las víctimas del coronavirus, Sánchez también podrá ver a varios dirigentes europeos: asistirán con seguridad la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyden, y el del Consejo, Charles Michel.
El gran fondo europeo es el eje de todas las conversaciones. Además, la ronda de llamadas es constante y esta labor política se ve reforzada por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que también multiplica sus contactos. La semana pasada ya se vio con su homólogo alemán en Valencia y en Madrid con el holandés y el húngaro, en diferentes citas centradas en los detalles del fondo de reconstrucción. La próxima semana se intensificarán las conversaciones: el lunes González Laya irá a Portugal, el martes se verá con su homóloga sueca en Madrid y el jueves viajará a París, siempre para verse con los titulares de Exteriores y tratar de tejer alianzas.
Nadie oculta en el Gobierno que se trata de un momento decisivo para España y para la Unión Europea, que algunas fuentes comparan con otros históricos como la aprobación de los fondos de cohesión, claves para la península Ibérica, o la negociación de la moneda única. Varios altos cargos consultados señalan que se ha logrado lo más difícil, que es que la Comisión haya propuesto un fondo, respaldado por Alemania y Francia, los dos grandes, con 500.000 millones de euros en transferencias directas y 250.000 en préstamos.
En el Ejecutivo español solo se oyen esta vez buenas palabras sobre Angela Merkel y el Gobierno alemán, que pese a sus reticencias iniciales está ayudando mucho en esta fase final de la negociación, según la interpretación española. El bloque España-Italia-Francia-Alemania está bastante alineado, señalan en el Ejecutivo. Pero ahora queda la parte más delicada: los detalles del fondo y sobre todo las condiciones para recibir la ayuda y la supervisión de cómo se gasta el dinero.
En ese punto está ahora la batalla. Los países llamados frugales, con Holanda como punta de lanza, quieren unas condiciones muy estrictas para usar el dinero y sobre todo que cada inyección tenga que ser aprobada por unanimidad por el Consejo Europeo, lo que daría a La Haya o cualquier otra capital derecho de veto sobre una decisión de política española, por ejemplo. Nadie niega que tiene que haber algún tipo de condicionalidad para gastar el dinero, pero la discusión están en quién fija esos criterios y cómo y cuándo se analiza su cumplimiento.
La clave está en el tiempo que se da para presentar los proyectos y recibir el dinero: la propuesta inicial está en cuatro años y los llamados frugales, con el apoyo del Partido Popular europeo, quieren reducirlo a dos. Pero sobre todo en cómo se aprueban los planes nacionales de reformas e inversiones que va a presentar cada país para pedir esos fondos. Hay una discusión sobre quién evalúa, si es solo la Comisión Europea, donde no entran los Gobiernos, o el Consejo, donde están los primeros ministros: el clásico método comunitario contra el intergubernamental, el preferido por Berlín para gestionar la Gran Recesión de hace 10 años. Y es ahí donde Holanda aprieta para que la aprobación sea por unanimidad en el Consejo. La solución de compromiso puede ser optar por una mayoría cualificada, pero no una unanimidad.
También hay mucha discusión sobre el dinero que se adelanta, que ahora es solo el 6%. Los países del sur quieren aumentar esa cifra. Después la idea es hacer un análisis cada seis meses de cómo están evolucionando los proyectos y también hay discusión sobre cómo y quién lo hace y si hay votación cada vez o es más automático. Los dos grandes riesgos de la letra pequeña que quieren evitar España y otros países muy afectados por el coronavirus como Italia es que se apruebe este gran fondo con enorme entusiasmo político y luego sea casi imposible acceder a él y se quede sin ejecutar, o que se dé tanto margen en las condiciones y la votación que países como Holanda puedan querer dirigir con su visión liberal la política social española o italiana.
En ese punto está ahora la negociación y por eso Sánchez se mueve para viajar a La Haya y Estocolmo con la intención de desbloquear los puntos más delicados. El presidente, como otros primeros ministros europeos, insiste en que la negociación debe cerrarse en julio, si no es en la cumbre del 17-18 en otra posterior antes de que llegue agosto.
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