Sanciona Función Pública a 136 empresas por irregularidades en contrataciones

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, señaló que en siete meses inició más del doble de investigaciones que en los últimos 11 meses del año pasado.

136 empresas han sido sancionadas en la presente administración, más de 100 fueron inhabilitadas y se han aplicado multas por más de mil 400 millones de pesos por irregularidades en procesos de contratación, informó la titular de la Secretaría de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. 

En el marco de su participación en la apertura del foro “Combatir la corrupción con más competencia: responsabilidad entre autoridades y empresa”, la funcionaria agregó que en siete meses del actual gobierno inició más del doble de investigaciones que en los últimos 11 meses del año pasado.

De acuerdo con un comunicado de SFP, Sandoval Ballesteros firmó un convenio de colaboración con la consejera presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto.

La consejera presidenta de la Cofece afirmó que en México es reiterada la cobertura mediática sobre contrataciones públicas dirigidas y corrompidas en todos los órdenes de gobierno, por ello es relevante inyectar competencia en la compra gubernamental.

Refirió que, hasta el momento, las sanciones impuestas por ese organismo autónomo sólo han involucrado al sector privado, por lo que también deben ser revisados por la Función Pública para determinar si en estos casos, además de empresas, participaron funcionarios públicos como parte de una red de corrupción. De ahí la relevancia del convenio entre ambas instituciones, pues la coordinación entre ellas es fundamental. Esta es una responsabilidad compartida que debe incluir a las empresas.

 

Corrupción crea monopolios: SFP

Tras subrayar que las relaciones de complicidad y la corrupción crean condiciones para monopolios, Sandoval Ballesteros llamó a fortalecer la política de competencia económica y separar los intereses públicos de los privados para incentivar que las empresas crezcan con base en su productividad y no en privilegios que les permiten dominar el mercado.

Destacó que tanto monopolios como oligopolios esperan protección para impedir la entrada de nuevos competidores al mercado, y dijo que el costo de esos privilegios, como el de la corrupción, “lo pagamos todos los ciudadanos”.

Ejemplificó que en México los precios en alimentos básicos, medicinas, construcción y transporte son casi el doble de lo que serían si hubiera más competencia, y refirió que las familias pierden, en promedio, 17 por ciento de sus ingresos por la concentración de los mercados.

Ante ello, urgió a ligar la política anticorrupción con la de competencia en acciones como el convenio de colaboración, mediante el cual, explicó, “vamos a trabajar de cerca, para que la Cofece pueda reportarnos a tiempo sus investigaciones en materia de competencia y la Función Pública pueda investigar y sancionar a quienes se coluden en contrataciones públicas”.

Detalló que compartirán experiencias para identificar actos de colusión en las compras públicas que no sólo afectan la estabilidad y equidad del mercado, sino la eficiencia del gasto público que debe priorizar el bienestar de la sociedad.

Puntualizó que la Función Pública y la Cofece impartirán capacitaciones conjuntas para mejorar la investigación de particulares que se coludan para afectar el interés público, y cerrar las puertas a la impunidad.




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