El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, ocultó al menos siete casas y departamentos de lujo a la Secretaría de la Función Pública (SFP) al momento de presentar su declaración patrimonial, revela una investigación del periódico español El País.
De acuerdo con la nota firmada por Zedryk Raziel, tras la denuncia presentada por el abogado Paulo Díez Gargari contra Scherer García, la Fiscalía General de la República (FGR) ha acreditado que el ex consejero jurídico ocultó mediante un patrimonio inmobiliario valuado en 70.7 millones de pesos a la Función Pública.
Los inmuebles que Scherer ocultó en su declaración patrimonial se encuentran en la Ciudad de México y el puerto turístico de Acapulco, por lo que la FGR investiga si el ex funcionario y actual litigante privado es penalmente responsable de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Según El País, tras renunciar a la Consejería Jurídica el 1 de septiembre de 2021, Scherer inició la remodelación de una de sus propiedades, obra que ya ha cumplido tres años y que podría ser uno de los mecanismos para lavar dinero, señala la indagatoria de la FGR.
Consultado por El País, Julio Scherer, que en el pasado acusó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de persecución política, ha revivido sus argumentos en contra de la Fiscalía; por lo que reiteró sus señalamientos de que la FGR mantiene una campaña en su contra.
Cabe recordar que en el momento más álgido de este enfrentamiento, el abogado Scherer había presentado una denuncia de hechos en la Fiscalía Anticorrupción de la FGR contra el Fiscal Gertz Manero, misma que se difundió en la portada de la revista Proceso y de la cual se desistió posteriormente, sin explicación alguna.
“Este asunto es un episodio más de la campaña que se ha emprendido en mi contra para desacreditarme. Nada de lo que ahí se menciona [en la denuncia] tiene validez alguna, toda vez que se presentaron los documentos a tiempo y se actuó con total transparencia y legalidad. Desafortunadamente la política nos llevó a estas cosas. Lamento mucho que el señor Paulo Díez sea utilizado como un instrumento para dañar mi imagen y mi reputación”, habría contestado Julio Scherer a la consulta de El País.
En la indagatoria de la FGR se señala que poco después de ser nombrado Consejero Jurídico transfirió las siete propiedades sujetas a investigación fueron transferidas a un fideicomiso para entregar los inmuebles a sus hijos, el cual fue creado en Banorte el 28 de febrero de 2019, es decir, tres meses después de que el abogado fuera designado consejero jurídico del Ejecutivo Federal
No obstante, la documentación consultada por El País indica que varios de estos inmuebles no fueron depositados en el Fideicomiso mientras Julio Scherer fungía como servidor público.
En su declaración patrimonial rendida al momento de asumir el cargo, el ex consejero jurídico declaró ante la Función Pública que era poseedor de dos departamentos que valían 108 millones de pesos en Ciudad de México, y dijo que los adquirió mediante una cesión de un fideicomiso el 18 de noviembre de 2018.
Los folios reales consultados por El País revelan que ambas propiedades están ubicadas en un condominio de la colonia Polanco, uno de los cuales vendió en junio de 2019 a Edgar Daniel Murillo Karam, hermano del exprocurador general Jesús Murillo Karam, por 66.2 millones de pesos.
Sin embargo, Scherer no registró la existencia del fideicomiso al que supuestamente transfirió los siete inmuebles que ahora indaga la Fiscalía en sus declaraciones patrimoniales del 2018 y 2019, en las cuales negó todo tipo de participaciones en instrumentos financieros.
Por lo anterior, la FGR considera que Scherer siguió siendo dueño de varios inmuebles siendo funcionario en activo, incluyendo una casa ubicada en la colonia Lomas de Reforma con valor de 27,5 millones de pesos.
Comprada en junio de 1999, el 8 de agosto de 2021 —dos meses antes de renunciar a la Consejería Jurídica presidencial— Scherer finalmente la transfirió al fideicomiso de Banorte y el 30 de agosto de ese mismo año, un día antes de renunciar al gobierno de López Obrador la alcaldía Miguel Hidalgo le otorgó un permiso para construcción.
La obra actualmente sigue en curso, pese a que solamente fue declarada como una remodelación en el permiso citado, señala El País.
“Para la Fiscalía, ese desarrollo podría ser una vía de blanqueo de dinero, pues ni la propiedad fue declarada en su momento ni se conoce el origen de los recursos usados para la construcción. La obra, en la que labora una docena de trabajadores, tiene un anuncio en su fachada que indica que está a cargo del despacho arquitectónico de Humberto Artigas Aspe, un antiguo socio de Scherer”, remata el reportaje.
El abogado Paulo Díez Gargari ha acusado de diversos actos de corrupción al ex consejero jurídico de la Presidencia, tanto en el caso de OHL (ahora Aleática) para que dicha empresa mantenga la concesión del Viaducto Bicentenario, así como por el delito de tráfico de influencias por la colusión de abogados para obtener beneficios ilegales.
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