La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó al ministro Alberto Pérez Dayán los primeros recursos en contra de la primera parte del paquete de reformas legislativas en materia electoral, conocido como ‘Plan B’.
Así lo da a conocer la mañana de este domingo el diario Reforma, que asegura que se trata de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos de oposición y por los legisladores opositores ante el máximo tribunal.
El diario señala que son cinco demandas sobre las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impulsadas por el gobierno federal y aprobadas por Morena y aliados en diciembre de 2022.
Estas leyes redefinen el concepto de “propaganda gubernamental” y amplían los límites de los servidores públicos en términos de su libertad de expresión.
Se trata de las acciones presentadas por el PRD, PAN y PRI de forma independiente (expedientes 29,30 y 31, respectivamente), así como la acción presentada por los legisladores de los tres partidos (expediente 37) y una más que firmaron los senadores de Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural.
“Se ordena la acumulación de este expediente a los citados medios de control de constitucionalidad y túrnese al ministro que corresponde, al haber sido designado instructor en los referidos asuntos”, dice el acuerdo de la SCJN.
Por su parte, el diario El Universal publica este domingo que hasta el momento, la SCJN ha recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra este paquete legislativo.
Según el recuento del diario capitalino, al ministro Alberto Pérez Dayán le fueron turnadas siete acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias.
Puntualiza que no se trata de un acuerdo de admisión, sino de trámite y turno al ministro instructor y que fue publicado hace unos días en la lista de notificación del tribunal.
Destaca que además del Instituto Nacional Electoral (INE), municipios de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán presentaron controversias constitucionales sobre el llamado ‘Plan B’.
En los próximos días el ministro Pérez Dayán deberá determinar si admite o desecha los recursos presentados.
En el caso de los legisladores de la coalición ‘Va por México’, integrada por PRI, PAN y PRD, la acción de inconstitucionalidad busca la declaración de invalidez de los cambios a las dos leyes mencionadas, “por el atropello a principios y disposiciones constitucionales”.
Los coordinadores de los tres partidos en San Lázaro aseguraron que las reformas faltan a la equidad en los procesos electorales, ya que permiten a los servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato.
Además, plantean que atentan contra la transparencia en la rendición de cuentas, debido a que ahora los servidores públicos podrán presentar sus informes en el momento que decidan, incluso durante un proceso electoral.
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