DETROIT —
Una británica de 60 años ingresó a un estacionamiento de Detroit una tarde
reciente, bajó el vidrio de su camioneta, prestó juramento y se fue, como
flamante ciudadana de Estados Unidos.
Todo el trámite tomó menos de media hora.
La decisión hace que los oficiales de inmigración puedan deportar a ciertas personas sin que haya un juicio en el caso.
Anita Rosenberg es una de miles de personas de
todo el país que completaron este mes su naturalización siguiendo las reglas
asociadas con el brote de COVID-19, que transformaron lo que por mucho tiempo
fue una ceremonia imbuida de solemnidad y patriotismo en algo parecido a una
visita a un restaurante de comidas rápidas.
“Fue una experiencia bonita a pesar de que estaba
sola, en mi auto, con un tapabocas”, expresó Rosenberg, gerenta de ventas de
una empresa de repuestos electrónicos de Detroit. “Siempre la recordaré”.
En toda la nación se viven escenas como esta,
aunque tal vez no por mucho tiempo más.
Afecta a un requisito para quienes solicitan el asilo en EEUU.
La agencia Servicios de Ciudadanía e Inmigración
(conocida por sus siglas en inglés, USCIS) dice que problemas presupuestarios
podrían obligarla a despedir a tres cuartas partes de su personal, afectando
severamente sus operaciones en momentos en que decenas de miles de personas
esperan hacerse ciudadanas.
Esto podría tener consecuencias políticas, sobre
todo en estados como Michigan y la Florida, donde la cantidad de
estadounidenses naturalizados supera el estrecho margen de victoria del
presidente Donald Trump en las elecciones del 2016.
El principal epidemiólogo del gobierno de EEUU, Anthony Fauci, avisó este martes de que el número de nuevos casos diarios de coronavirus en el país podría pasar pronto de 40,000 a 100,000, en una tendencia que consideró “preocupante”.
“No me sorprendería que haya cientos de miles de
personas que no pueden votar en noviembre y que hubieran podido hacerlo si
USICS hubiese estado funcionando normalmente”, expresó Randy Capps, del
Instituto de Políticas Migratorias. “Esa es la inquietud de todos”.
La agencia que maneja las naturalizaciones no ha
dicho qué hará si el Congreso no le aprueba un fondo de emergencia de $1,200
millones antes del 3 de agosto. Respondiendo por escrito a varias preguntas,
indicó que “todas las operaciones se verán afectadas” si hay que licenciar al
personal.
Se trata de una extensión para que los inmigrantes completen sus procesos migratorios.
USCIS recauda los $4,800 millones de su presupuesto
a partir de las tarifas que cobra a quienes quieren vivir o trabajar en el
país.
Los ingresos ya habían mermado desde la llegada
de Trump al gobierno pues tomó varias medidas para restringir la inmigración. Y
el COVID-19 redujo a la mitad sus ingresos, según el organismo.
“El impacto de la pandemia del coronavirus es de largo alcance y generalizado”, afirmó el director interino de USCIS, Joseph Edlow.
La agencia propone devolver el dinero que reciba
del Congreso con un sobrecargo del 10% para cubrir comisiones.
Si bien atribuye a la pandemia sus problemas
financieros, expertos en inmigración y un sindicato de empleados de USCIS dicen
que otros factores inciden, incluida la política del gobierno de asignar más
recursos a la examinación de solicitudes y a la búsqueda de fraudes.
El gobierno, por otra parte, ha interrumpido una
serie de programas, incluido el congelamiento de las visas H-1B para
trabajadores especializados, que son una importante fuente de ingresos para
USCIS.
“La agencia se ha alejado de su misión y se ha
transformado en un organismo encargado de llevar adelante la agenda del
gobierno de Trump”, dijo Diego Iñíguez-López, de la National Partnership for
New Americans, organismo que promueve los intereses de los inmigrantes.
Dijo que 110,000 personas esperaban tomar la
ciudadanía cuando se suspendieron las operaciones en persona en marzo por el
virus. Indicó que espera ponerse al día con estas ceremonias para fines de
julio, gracias en parte a ceremonias como la de Detroit.
Algunos legisladores plantean la realización de
ceremonias virtuales, pero la agencia se resiste a hacerlo.
Hay una larga lista de 700,000 personas que
pidieron la ciudadanía y que ahora deben esperar un promedio de 10 meses para
completar el trámite, comparado con los seis meses del último año del gobierno
de Barack Obama.
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