Sección Instructora de la Cámara de Diputados avala desafuero de Mauricio Toledo

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría pedir juicio de desafuero contra el diputado federal del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, quien está acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de enriquecimiento ilícito.

El proyecto fue avalado por tres votos a favor de Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, de Morena, así como de Claudia Pastor, del PRI, y un voto en contra de la diputada Mary Bernal, del PT.

Tras la sesión, que inició a las 13:00 horas y se desahogó en 45 minutos de manera virtual, Pablo Gómez, presidente de la Sección, envió la solicitud a la Mesa Directiva de San Lázaro para que convoque –a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión– a un período extraordinario el próximo viernes 16 de julio.

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El dictamen avalado este domingo, indica que el diputado del PT consignó en sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2018 ingresos por alrededor de 9.4 millones de pesos, una situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos obtenidos en ese lapso y que superan los 20.8 millones de pesos, lo que significa una discrepancia que excede los 11.4 millones de pesos.

El desafuero del diputado Toledo Gutiérrez se reactivó una vez que la priista Pastor Badilla, anticipó a la Sección Instructora que retiraría su abstención y votaría a favor. El la sesión anterior Pablo Gómez informó que se había logrado la mayoría absoluta; sin embargo, fue desmentido por la legisladora del tricolor, quien aclaró en ese momento su voto fue en abstención.

Por ello, la presidenta de la Mesa Directiva informó que el dictamen del desafuero de Toledo no cumplía con los sufragios requeridos para poder ser presentado en el pleno de la Cámara Baja, por lo que regresó el expediente a la Sección Instructora.

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No obstante, el pasado jueves 8 de julio, Pastor Badilla reculó y anunció que modificaría su abstención por el voto a favor del desafuero.

Mauricio Toledo, exdelegado en Coyoacán, es acusado de tener un patrimonio que resulta incongruente con sus ingresos reportados, por lo que le fue imputado el delito de enriquecimiento ilícito.

“Se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público. La investigación incluye el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por el servidor público referido al periodo comprendido del 2006 a la fecha”, dijo en el mes de enero la fiscal capitalina Ernestina Godoy.


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