Los diarios de circulación nacional presentan opiniones y editoriales con información y trascendidos relevantes en materia económica.
Dinero de Enrique Galván Ocho, en La Jornada:
“Ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de la política de comunicación social que se aplicarán durante el gobierno de AMLO. Jesús Ramírez, el vocero de Presidencia, destacó que las mañaneras son el mejor de ejemplo de la política de comunicación, única en el mundo. De acuerdo con la presentación de la Coordinación de Comunicación Social, el presupuesto ejercido por la pasada administración en 2016 y 2017 superó los 10 mil millones de pesos, cada año, y en 2018 fue de 8 mil 988 millones. En contraste, el nuevo gobierno sólo gastará 4 mil 711 millones de pesos, que son los autorizados por el Congreso”.
Estira y Afloja de Jesús Rangel, en Milenio:
“La Secretaría de la Función Pública de Irma Eréndira Sandoval ya palomeó la nueva estructura operativa del organismo público descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que coordinará las operaciones de Liconsa y Diconsa. Quedó muy fina para repeler la corrupción. Es la primera institución pública que cumple con los requisitos impuestos por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es cualquier cosa lo hecho por Ignacio Ovalle Fernández, titular de Segalmex, al reducir de 445 a 216 el número de funcionarios de mando que operarán las dos instituciones ahora en forma corporativa”.
Desbalance en El Universal:
Cemex: acuerdo en Colombia
“Cemex cada día está más cerca de resolver sus problemas en Colombia, nos dicen. Esta semana la cementera llegó a un acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría General de la Nación, con lo que pudo suscribir un contrato de operación minera por 21 años, prorrogables a 10 años más, en los terrenos donde se ubica la planta de cemento que la firma construyó en el Municipio de Maceo, Antioquia. La firma encabezada por Fernando González Olivieri adquirió los terrenos para edificar la planta por 13 millones de dólares, pero después quedaron en control del Estado colombiano por extinción de dominio debido a un proceso de lavado de activos en contra del propietario original de los terrenos”.