La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país criticó la ley iniciativa impulsada por Morena.
Tras críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Senado de la República aplazó hasta 2021 el debate de un plan que acota la implicación de la Fiscalía General de la República en la búsqueda de desaparecidos, dijo el miércoles a Reuters una fuente legislativa, en un país con 80 mil personas en paradero desconocido por la acción del crimen organizado.
Horas antes, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país criticó la ley iniciativa y, entre otras cosas, sugirió emprender un diálogo con actores políticos, víctimas y especialistas para debatir sobre los alcances de la norma.
“Van a abrir un proceso de análisis y discusión más amplio”, dijo a Reuters una fuente del Senado.
El proyecto, impulsado por el partido gubernamental Morena y que fue publicada en la gaceta del Senado en octubre, pretende aprobar una nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y la abrogación de la ley orgánica que la regula.
Según datos oficiales, desde 1964 a la actualidad han sido reportadas 194 mil 849 personas como desaparecidas, de las cuales 79 mil 506 personas permanecen en esa situación. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006 en el gobierno de Felipe Calderón, al menos 61 mil mexicanos han desaparecido.
Al asumir el poder a fines de 2018, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió reducir la inseguridad pública, eliminando la corrupción y haciendo más equitativa la sociedad, pero no ha logrado contener los altos índices de homicidios.
Los recelos de la ONU, que también critica el proyecto legal porque eliminaría la “independencia técnica” de los fiscales y los requisitos para acceder a esos cargos, se suman a las objeciones planteadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Interior).
La CNB rechazó el martes en un comunicado los cambios legislativos porque coincidió en que restarían autonomía a la fiscalía y la sustraerían “de sus obligaciones constitucionales, convencionales y legales”. (Rts)