El Senado de la República aprobó, con cambios, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, además de reformas a cinco leyes más. El documento fue devuelto a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
La nueva ley busca uniformar definiciones, sanciones, agravantes y protocolos de investigación del delito de extorsión en todo el país. En lo general, el dictamen fue aprobado por unanimidad con 110 votos; en lo particular, se aprobó con 95 votos a favor y 12 en contra.
El dictamen incluyó reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el fin de armonizar criterios y procedimientos en torno al delito de extorsión.
Las y los senadores incorporaron dos reservas propuestas por la morenista Martha Lucía Micher y el senador Ignacio Mier. La primera agrega perspectiva de género en la atención a víctimas de extorsión, con ajustes en los artículos 3, 33 y 41. La segunda endurece las penas cuando se utilicen dispositivos o plataformas electrónicas para cometer extorsión, al precisar que se incrementarán cuando se empleen medios que permitan la transmisión de cualquier tipo de información.
El senador morenista Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que durante el análisis se realizaron cerca de 20 modificaciones a 15 artículos y se agregó una disposición transitoria.
También señaló que, aunque no se incluyeron todas las propuestas, el dictamen es “una propuesta consultada, analizada y enriquecida con la visión de los distintos Grupos Parlamentarios”.
Un dictamen con más de 20 cambios
La reforma eleva las penas por extorsión a un rango de 15 a 25 años de prisión, por encima de los seis a 15 años planteados originalmente, y obliga a que las fiscalías cuenten con unidades y personal especializado, capacitado y certificado.
También ordena que los recursos obtenidos por extinción de dominio se destinen prioritariamente a la restitución de los derechos de las víctimas.
Además, establece penas de 10 a 20 años para servidores públicos que no denuncien extorsión, una sanción que el Senado decidió restituir después de que la Cámara de Diputados la redujo de 5 a 12 años a propuesta del diputado Ricardo Monreal, quien argumentó que el cambio obedecía a criterios de proporcionalidad penal.
Igualmente, impone de 6 a 12 años de cárcel a quien introduzca dispositivos electrónicos de comunicación a centros penitenciarios y mandata medidas de protección para víctimas, ofendidos y testigos durante todo el procedimiento penal.
La senadora morenista Laura Estrada Mauro afirmó que la legislación responde al reclamo ciudadano de seguridad y consideró que envía un mensaje claro: “Aprobar esta ley general, es enviar un mensaje contundente: que el Estado Mexicano actúa con unidad y firmeza, que no se doblega ante el crimen”.
Por su parte, la panista María Guadalupe Murguía advirtió sobre la necesidad de asignar recursos suficientes para que la ley funcione, al tratarse de un modelo especializado con policías y unidades específicas.
La diputada priista Carolina Viggiano criticó que la ley no tenga presupuesto propio y dijo que será implementada con recursos existentes, pese a recortes en seguridad: “Esperamos que esta ley funcione, pero va a funcionar mejor si le ponen dinero”.
Mientras que la emecista Alejandra Barrales afirmó que la reforma implica “un golpe de timón” en la estrategia contra el crimen organizado y deja atrás la política de “abrazos y no balazos”, frente a un delito que “ha calado hondo” en el país.